La multa impuesta por el Tribunal de Cuentas a Vox por supuestas -y nunca probadas- donaciones irregulares es una de esas cacicadas que ponen de manifiesto cómo el organismo fiscalizador se ha movido por criterios políticos y no por lo que dictan las normas.
Los 862.000 euros de castigo responden a la docilidad de los consejeros de izquierdas, pese a que uno de este bloque -cómo sería la cosa- se sumó a los consejeros que entendían que no existía base legal alguna para considerar que los ingresos por actividades promocionales del partido de Abascal constituyan donaciones irregulares.
Al final, ante el empate a 6 se impuso el voto de calidad del fiscal, que inclinó la balanza en un ajustado 7-6 favorable a la sanción.
O sea, que funcionó, una vez más, aquello que dijo Pedro Sánchez: «¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno, pues eso». En realidad, y según subrayaron los consejeros discrepantes, «no se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, que las cantidades recibidas por la formación política Vox por actividad promocional sean donaciones».
Y más aún: se señala taxativamente que «la falta de regulación específica sobre las actividades promocionales impide considerar estas prácticas como infracciones sancionables».
(OkDiario/6/5/2025.)
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