ESPAÑA
Ese pacto tan temido
Por Eduardo Goligorsky
Un día sí y otro también, la vanguardia del Somatén Mediático lanza un grito de alarma: "¡Que viene el pacto! ¡Que viene el pacto! ¡Que viene el pacto PP-PSOE!". Ya lo ha visto consumado en la reforma exprés de la Constitución y en la incorporación de la base de Rota al escudo antimisiles diseñado por Bush. Y ahora llama a rebato para evitar el paso siguiente, cuya sola mención le produce escalofríos: la recentralización.
A ese pacto satanizado los secesionistas oponen otro de su propia cosecha: el pacto fiscal, que en lugar de unir a los dos partidos mayoritarios españoles implicaría, según el secesionista simpático, Josep Antoni Duran Lleida,
al conjunto de la ciudadanía de Catalunya [sic], independientemente de cuál sea su ideología, su sentimiento nacional, su orientación sexual o su equipo de fútbol de referencia. (La Vanguardia, 4/10).
O, como versifica a renglón seguido otro de los simpáticos, Miquel Roca Junyent, "la única manera de recuperar la cartera es enarbolar la senyera". Pero son los acólitos de estos capitostes quienes desenmascaran, jactanciosamente, el verdadero objetivo final de esta tramoya: la secesión. Ya reproduje aquí el texto donde el filósofo Xavier Rubert de Ventós explica que si Madrid acepta el pacto fiscal, Cataluña podrá llenar sus arcas para enfrentar su construcción estatal. Y si no lo acepta, dará más argumentos a los secesionistas.
Un columnista más escrupuloso que el desbocado filósofo, el notario Juan-José López Burniol, se refiere, sin circunloquios (La Vanguardia, 1/10), a quienes, desde Cataluña, postulan
de palabra la regeneración y reforma del Estado en sentido federal, cuando el objetivo final, no por opaco menos cierto, ha sido siempre la independencia (...) También son escasos los catalanes que apuestan de veras por el federalismo, ya que bajo esta palabra suele latir, cuando la usan, la reivindicación de una relación bilateral –confederal–, entendida como sucedáneo –y anticipo– de una independencia plena vista como lejana.
Las cartas boca arriba
Todo lo cual nos retrotrae a ese pacto tan temido por los secesionistas, y no sólo por ellos sino por todos los movimientos antisistema, por los terroristas y por los usufructuarios del caos. La idea no es nueva. Rescato de una pila de viejos recortes (parezco una víctima del síndrome de Diógenes por la cantidad de papeles viejos que acumulo en mi cuarto de trabajo) una conferencia titulada "Reflexiones sobre el centro", que Javier Arenas, entonces secretario general del PP, pronunció en un foro de debate político organizado por La Vanguardia cuando ésta aún no se había enrolado en el Somatén Mediático. El titular de la noticia (14/4/1999) reza: "Arenas: PP y PSOE deben compartir objetivos para defender mejor los intereses de España".
En su disertación. Arenas se explayó sobre lo que es el centro político: "Surge de una matriz en la que confluyen el liberalismo democrático, la ideología democristiana y sectores de la socialdemocracia más templada", debe significar "una doctrina abierta, capaz de experimentar y rectificar errores", practica "la búsqueda de terrenos comunes y la tolerancia" y "facilita la articulación territorial de España y el encaje de los mapas de las diversidades con las exigencias que plantean tanto el principio de igualdad como la solidaridad". En este contexto, Arenas subrayó que PP y PSOE deben discrepar, pero "compartir objetivos y estrategias para la mejor defensa de los intereses de España". Y sentenció, premonitoriamente: "[En el País Vasco] PP y PSOE no somos enemigos, sino adversarios, porque nuestros únicos enemigos son los de las pistolas".
Desde entonces ha corrido mucha agua bajo los puentes, y sin embargo las torpezas perpetradas durante los últimos siete años para complacer a grupos de intereses minoritarios de todo orden también han envalentonado a los secesionistas vascos y catalanes. Ambos se han acostumbrado a tratar con un poder central débil y complaciente, y planean sacar el mayor provecho posible de este desbarajuste antes de que se restablezca el principio de autoridad. Por ello es bueno que, retomando el discurso de Javier Arenas, Esperanza Aguirre haya dado pie a una noticia que transcribo fragmentariamente de La Vanguardia (9/7/2011):
Esperanza Aguirre pide un pacto PP-PSOE para recentralizar el Estado
Que el PP gobierne en la mayoría de las comunidades autónomas no significa que se haya convertido al autonomismo. Lo demostró ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, poniendo las cartas boca arriba: España necesita un gran pacto entre PP y PSOE para devolver competencias al Estado y cerrar el proceso de transferencias a las comunidades autónomas (...) La presidenta madrileña insistió en la importancia de recuperar el consenso con los socialistas para convertir ésta en una cuestión de Estado. "Sin dogmatismos, con humildad –enumeró Aguirre las necesarias condiciones del diálogo–, sin apriorismos, buscando la concordia y con patriotismo".
(...)
Aguirre cree que la actual inercia puede conducir a España a convertirse en una "sierva" de las comunidades o que incluso llegue a parecer a muchos "la decimoctava autonomía". "Si ese consenso (entre PP y PSOE) no se restaura, continuará la carrera más o menos desenfrenada para conseguir más transferencias".
Crudo realismo
En una entrevista que publicó El Mundo (4/9/2011), José Bono aportó la visión de un socialista sobre el mismo tema. Le dijo a Esther Esteban:
Si repasa sus notas de entrevistas mías de hace más de cinco años, incluso los titulares, observará que mi deseo de alcanzar grandes pactos, sin exclusiones, más que una voluntad, forma parte de mi hoja de ruta política. Entre PSOE y PP hay grandes diferencias, pero también grandes llanuras para el acuerdo. E intuyo que una inmensa mayoría social lo ve con buenos ojos.
Que el pacto que tanto asusta a los secesionistas es indispensable para mantener a flote la nave España, que en caso de hundirse arrastraría a su parte inseparable, Cataluña, a los abismos, lo entienden incluso algunos de los que juegan, a ratos, con la fantasía de la alternativa rupturista. Juan-José López Burniol juega a menudo con ella (LV, 8/10), pero igualmente tuvo el buen tino de escribir (LV, 9/7):
Y [aprovecho] lo que tenemos –nuestra democracia y nuestros partidos, por ajada que esté aquella y pese a lo sectarios que son estos– para pedirles lo único que nos puede salvar: que pacten; que, tras las próximas elecciones, hagan un pacto de Estado en el que acuerden las tres o cuatro reformas profundas e imprescindibles que precisamos para recuperar la confianza, y que son inasumibles por un solo partido por su enorme coste electoral. De no hacerse así, la crisis arrollará también al próximo gobierno que salga de las urnas, pues, cuando haga lo que crea que debe hacer, se le sublevará más de medio país, previamente azuzado para ello.
La catadura ideológica de quienes azuzarán la sublevación es archiconocida, y si nos descuidamos encontraremos entre ellos a las franjas más fóbicas del mismo PSOE y, por supuesto, a los secesionistas y los antisistema. Consciente de esto, Francesc de Carreras aborda el tema del pacto con crudo espíritu realista (LV, 4/8):
En esta democracia fracturada las soluciones no pueden llegar de la colaboración con PNV y CiU que, empujados por la ola zapaterista, han optado por echarse al monte. Rehacer el entramado democrático requiere un gran acuerdo de los dos grandes partidos, del PSOE y del PP, aunque en ambos haya sectores dispuestos a boicotearlo.
La recentralización
Y llegamos, por fin, a la palabra que pone los pelos de punta a los nacionalistas, sean secesionistas o no: recentralización. Curiosamente, es en el Somatén Mediático donde se cuela un argumento riguroso a favor de este cambio en la política institucional. Escribe José Antonio Zarzalejos (LV, 29/9):
Digamos la verdad: la necesidad de constreñir el Estado y tocar los servicios que definen el bienestar occidental conduce a la recentralización, es decir, a potenciar las competencias centrales y los instrumentos de control. Naturalmente, en detrimento de las autonomías. Habrá –y lo habría con el PSOE– un nuevo paradigma político en el que los autogobiernos de nacionalidades y regiones se verán seriamente afectados. El dramatismo de la situación financiera de Catalunya [sic] –plasmada en el Parlament– es un argumento de convicción para los propósitos de recentralización.
¡Sorpresa! El 1 de octubre aparece la noticia de que el secesionista simpático Josep Antoni Duran Lleida pasa, a gatas, por el aro de la recentralización. Confiesa el candidato de CiU:
Tal como van las cosas, en pocos años no seremos capaces de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y por eso proponemos un gran pacto de Estado a fin de conseguirlo.
Así se empieza. La educación debería ser el paso siguiente en el gran pacto de Estado, no sólo para salvarla de la precariedad actual, también para liberarla de las coacciones que están desvirtuando, en Cataluña, la enseñanza de la lengua, la historia, la geografía y la cultura de España.
Una disyuntiva de hierro
Jorge de Esteban plantea, con un razonamiento impecable (El Mundo, 5/9), la urgente necesidad de restablecer el pacto constitucional, y lo hace sobre la base de una disyuntiva de hierro:
En definitiva, ¿quién ha roto el pacto constitucional? ¿Los dos partidos que representan a más del 80 % de la población y que acaban de aprobar una modificación de la Constitución según el procedimiento establecido en ella, o los partidos nacionalistas que ni siquiera representan a la mayoría de los habitantes de sus territorios, y que vienen rechazando sistemáticamente la Constitución, como primera norma del Estado, tratando de esquivarla o de violarla para lograr una soberanía plena?
(...)
El presidente Zapatero, de buen o mal grado, en connivencia con el líder de la oposición y futuro presidente del Gobierno, si no hay un cataclismo, han llevado a cabo esa reforma, que ha puesto de manifiesto que si existe un pacto nacional de los dos grandes partidos, se puede volver a recuperar el perdido pacto constitucional.
Y De Esteban nos recuerda algunos principios de aquel perdido pacto constitucional, en lo que respecta al Estado autonómico:
Una lengua oficial para todo el Estado, sin perjuicio de que se reconozcan como cooficiales las que existan en algunos territorios; un poder judicial exclusivo para todo el Estado, hasta el punto de que es el único de los tres poderes clásicos que cita la Constitución como tal; una división de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que no puede significar, en ningún caso, un vaciamiento de las competencias exclusivas del Estado; unos derechos fundamentales iguales para todos, sin que puedan existir privilegios de unos españoles sobre otros en razón de la comunidad autónoma en que residan; una solidaridad entre todas las comunidades autónomas, que evite grandes desequilibrios sociales entre ellas; y, por último, unos símbolos nacionales que deben ser acatados por todos, sin perjuicio de los que se reconozcan también como propios de cada comunidad autónoma.
De Esteban hace, a continuación, un balance desolador de los principios fundamentales que han sido y son transgredidos flagrantemente en las taifas autonómicas, y el lector llega a la conclusión de que, para frenar a tiempo el proceso de balcanización, se necesita, en primer lugar, un triunfo arrollador del PP el 20-N; y, en segundo lugar, que la crisis que se producirá, inevitablemente, en su seno purgue al PSOE de los fóbicos y las fóbicas, y de los frívolos y las frívolas, que lo degradaron hasta convertirlo en un lobby de minorías sectarias y prepotentes. Sólo entonces podrá concertarse el gran pacto regenerador y recentralizador que tanto temen los secesionistas y sus afines.
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