LOS CIEN MIL HIJOS DEL CATALÁN.
El segundo aspecto relevante del artículo reside en la mala fe del periodista. Jaume Cladera afirma que «el partit d’extrema dreta (Vox) vol que l’única llengua vehicular a les aules sigui el castellà. La resta d’idiomes, per a ells, serien opcionals». Se trata de una falsedad en toda regla.
Aquí los únicos que quieren -y han logrado- que haya una única lengua vehicular, el catalán, es toda la izquierda balear y Proposta per les Illes (El PI).
Hace año y medio se aprobaba la ley de educación balear (conocida como ley March) que excluía el castellano como lengua vehicular. Vox, al contrario de lo que dice Cladera, postula la libre elección de lengua, lo que significa que los padres podrán elegir la lengua vehicular en la que quieren que sean escolarizados sus hijos.
La reivindicación de Vox no quita derechos a nadie: los padres que quieran seguir con la inmersión en catalán podrán continuar como ahora. En cambio, aquellos que prefieran que la lengua vehicular de sus hijos sea el castellano podrán ejercer un derecho que hasta ahora no tenían. La propuesta de Vox no quita derechos a nadie. Al contrario, otorga derechos a quienes hasta ahora carecían de ellos y tenían que pasar por las horcas caudinas de la inmersión en catalán, les gustara o no.
No acaba aquí la mala fe del periodista. «La resta d’idiomes, per a ells (Vox), són opcionals». ¿Cuáles son el resto de idiomas? ¿El rumano, el inglés, el catalán? ¿A qué «opcionalidad» se refiere? El castellano sería tan «opcional» en tanto lengua vehicular como el catalán, en efecto, aunque más que de opcionalidad hablamos aquí de vehicularidad. Sin embargo, el catalán es un idioma cooficial, el rumano no, y Vox nunca ha pretendido equiparar el rumano al catalán. En resumen, Cladera no busca la verdad ni siquiera informar a sus lectores, dibuja una caricatura falsa de Vox para demonizarle y asustar a Marga Prohens para que no pacte con Vox.
Y lo hace dando la vuelta a la tortilla, convirtiendo a quienes quieren y exigen una sola lengua vehicular (el catalán) en víctimas de quienes apuestan por dos lenguas vehiculares, las dos cooficiales, no otras. El victimario convertido en víctima.
Queda claro que Cladera, más que a la información, se dedica a la agitación y a la propaganda en el digital arabalears.cat, subvencionado generosamente con dinero público y cuyo semanario en papel del pasado domingo dedicaba nada menos que seis páginas al fenómeno Vox: cómo la ultraderecha llega al móvil de tus hijos, por qué el auge de Vox en Baleares, el blanqueo televisivo de Vox, cómo hemos llegado hasta aquí, la integración de los emigrantes como asignatura pendiente…
Todo indica que el arabalears.cat ha entrado en pánico. ¿A cuánto ascienden las ayudas recibidas por este digital en los últimos ocho años? ¿No será que el arabalears.cat está poniendo toda la carne en el asador estos días para intentar que Vox no entre en el Govern del PP y así salvar las ayudas a la prensa del catalán de la que este digital es su principal beneficiario?
La indigencia legislativa de Dols
Por su parte Nicolau Dols, el otro experto entrevistado en el artículo y con la agrura habitual de quienes se sienten fracasados después de casi cuarenta años de intervencionismo lingüístico a favor de una lengua que ha dejado de ser la más hablada en las islas, espera que «els nous governants compleixin la llei».
Se trata de otra falsedad meridiana. La realidad es precisamente la opuesta a la que apunta Dols. Es la izquierda balear la que nunca ha cumplido la ley en materia de lengua. Nunca. La izquierda balear se ha aprovechado de algunos resquicios del decreto de mínimos de Jaume Matas y de la ley de normalización lingüística de Gabriel Cañellas para convertir un sistema de conjunción lingüística (convivencia de las dos lenguas como vehiculares), tal como una catarata de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional reiteran una y otra vez, en un sistema de inmersión obligatoria en catalán. Inmersión de facto, no de iure porque, repito, la legislación vigente en Baleares responde a un modelo de conjunción lingüística en el que el catalán y el castellano son teóricamente vehiculares por igual. Otra cosa es que en la práctica lo sean.
Es cierto que la ley de educación balear aprobada el año pasado blindaba en cierto modo el actual modelo de inmersión lingüística obligatoria de facto (no de iure) al excluir el castellano como lengua vehicular; también es verdad que lo hacía contra el dictamen de varias sentencias del Supremo y el Constitucional. La Conselleria de Educación se lavaba así las manos, se abstenía de dar ninguna directriz de tipo lingüístico a los centros y traspasaba toda la responsabilidad a los directores de centro que ahora pueden elegir qué asignaturas se dan en un idioma u otro en función de parámetros como el entorno sociolingüístico del centro, la cohesión social o las necesidades parlanchinas de su alumnado.
La responsabilidad recae ahora sobre las espaldas de los directores de centro, no sobre los políticos. Es la fórmula que el nacionalismo, aquí y en Cataluña, ha encontrado para seguir con la inmersión en catalán en la práctica y burlar así las sentencias judiciales que obligan a regresar a un modelo de conjunción lingüística real. Es más, Dols, como buen experto que es, debería saber que la izquierda gobernante nunca ha dejado de incumplir la normativa lingüística en otros aspectos incluso más claros y diáfanos. ¿Acaso sabe Dols que los directores de centro no informan debidamente a los padres del derecho que les asiste a escolarizar a sus hijos en la lengua de su preferencia durante la etapa de primera enseñanza? Así lo establece la ley de normalización lingüística, esta norma que Dols nos conmina a obedecer. ¿Sabe que el Govern en manos de la izquierda balear se ha negado a dar directrices claras en este sentido a los funcionarios, inspectores y directores de centro?
En relación a si el catalán debe ser o no un requisito para acceder a la función pública, un sobrevenido constitucionalista Dols afirma que «és una qüestió de pura aplicació de la llei. El que han de fer és complir la Constitució que tant defensen i també l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears». En efecto, la nueva mayoría parlamentaria que ha salido de las urnas del 28 de mayo tendrá que derogar la ley 4/2016 en vigor y volver por ejemplo a la ley 9/2012 que rebajaba el catalán a un mérito. Esto es todo. Y todos «cumpliremos la (nueva) ley», como dice, estamos obligados a ello, Dols el primero. Porque a quien corresponde legislar es al parlamento balear, no a los activistas lingüísticos.
Que el catalán se mantenga, como ahora, como un requisito para acceder a la función pública balear supongo que es constitucional aunque, en mi modestísima opinión, su constitucionalidad es cuando menos controvertida si nos atenemos a los términos de la propia Constitución Española que Dols, ahora, invoca. La ensoñación, más bien distópica, de «vivir en catalán» o de «exigir a los demás que te entiendan cuando te diriges a ellos en catalán» puede ser deseable para los catalanistas pero no creo que case con la Constitución Española que, en su artículo 3.1, afirma tajantemente: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
Nicolau Dols, los miembros de la OCB, la Plataforma de la Llengua o la Asamblea Soberanista de Mallorca, o los políticos de Més per Mallorca, tendrían en principio el deber de conocer el castellano y, al estar obligados a conocerlo, cualquier ciudadano debería poder dirigirse a ellos en castellano, les guste o no. España es un Estado de Derecho tan democrático como Francia, donde correrían a gorrazos a los dols, claderas, portells y compañía; y tan democrático como Bélgica, donde los dols y compañía, de aplicarse un poco más, tal vez llegaran a libertadores de la patria flamenca o la matria valona.
Pero España no es Bélgica, tampoco Francia, es, sencillamente, España. O la toman o la dejan, pero dejen de interpretar nuestra Constitución, la suya y la mía, a su antojo.
(Joan Font Rosselló/OkBaleares/10/6/2023.)
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