(Los chorizos del PSOE vendiendo España a trocitos, para mantenerse en el poder.)
LA MESA DE LA INFAMIA.
El
Gobierno de España negocia traspasos de competencias y transferencias
de miles de millones de euros con los subalternos de los golpistas, con
los mandaderos de personajes como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras.
Quienes fueron sus becarios, sus asistentes y sus pelotas de cabecera
ocupan los principales puestos en la Generalidad y se sientan con Pedro
Sánchez y sus ministros en mesas donde se vende España a trozos por el módico precio, para los separatistas, de mantener al líder socialista apalancado en la Moncloa.
Es un fenómeno de profundidad sociológica. En el país donde se puede
pasar de curso con todas las asignaturas suspendidas, donde se desprecia
el esfuerzo, se admira al corrupto y se indulta a quienes pretendieron
someter a la mitad de la población de Cataluña a la voluntad
supremacista del independentismo, lo normal para el Gobierno es negociar
con esos trileros, quienes además visten sus disparatadas exigencias
con los ropajes de supuestas deudas históricas y presuntos agravios históricos.
Y el Ejecutivo, lejos de mandar a estos sujetos de vuelta a sus
cubiles, no sólo les escucha sino que se desvive por cumplir sus
exigencias.
Es, en palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la "tiranía de las minorías".
Y algo más, el triunfo de quienes odian España y la consecuente derrota
de los políticos leales a sus compatriotas y que, a diferencia de
nacionalistas vascos y catalanes, manifiestan una visión de conjunto,
conscientes de que la Nación no está formada por 17 microestados sino
por 47 millones de ciudadanos.
La idea de que se aborde con dirigentes políticos que desprecian la
más elemental noción de España y en una mesa bilateral asuntos que
afectan a todos los españoles es algo que debería repugnar a cualquier
demócrata. Desde luego, en otros países de nuestro entorno formaciones
como ERC y Junts per Catalunya (JxCat) habrían sido ilegalizadas después
de encabezar un golpe de Estado, de haber pisoteado la Constitución y los derechos de millones de personas.
Aquí, en cambio, se les premia con mesas bilaterales y un trato
exquisito, como si en vez de negociar con autoridades regionales se
estuviera recibiendo la visita de dignatarios extranjeros. El lamentable espectáculo será recurrente,
pues la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo,
Isabel Rodríguez, ha expuesto un calendario con reuniones mensuales en
las que se dará curso al traspaso de las competencias reclamadas por la
Generalidad, entre ellas la cesión del edificio que alberga en Barcelona
la Jefatura Superior de Policía, la red de cercanías de Renfe o el
control de las aguas del litoral, un desatino cuyo único propósito es
garantizar el apoyo separatista a los Presupuestos Generales del Estado,
que también vendrán plagados de concesiones y transferencias. Y para
abrir boca, 1.700 millones para la ampliación del Aeropuerto de El Prat.
El Gobierno está poniendo a España en serio peligro
negociando el control del citado aeropuerto o pretendiendo ceder parte
de las aguas territoriales españolas a una comunidad autónoma. Mientras
tanto, la Generalidad recoge los frutos de la dependencia del Gobierno y
plantea sin disimulos un segundo embate contra la unidad de España. En
el momento en el que lance un nuevo golpe tendrá muchos más recursos y
todos serán procedentes del Estado con el que pretende acabar.
(Edit.ld/3/8/2021.)
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