CATALUÑA LLORIQUEA, MADRID PAGA.
El nuevo sistema de financiación autonómica ha dado un vuelco a la elaboración de las cuentas públicas de las regiones. Madrid no ha sido una excepción. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre tiene previsto aprobar hoy los presupuestos regionales para el próximo año. Serán unas cuentas públicas que, nuevamente, estarán marcadas por la crisis. El Gobierno madrileños invertirá 16.724 millones de euros en 2011, lo que supone un 9% menos que en el ejercicio anterior.
A pesar de este nuevo recorte, los madrileños seguirán siendo los españoles que más aporten al Fondo de Garantía de Servicios Públicos estatales. A solidarios no les gana nadie.
Según datos de la Consejería de Economía y Hacienda, la Comunidad de Madrid aportará con el nuevo sistema de financiación autonómica el 60% de los fondos que sirven para financiar los servicios públicos en otras comunidades autónomas, según se desprende del anteproyecto de Ley de Presupuestos regionales que aprobará el Consejo de Gobierno y que, posteriormente, remitirá a la Asamblea para su tramitación parlamentaria.
De esta forma, la Comunidad de Madrid contribuirá con 3.319 millones de euros al denominado Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Esenciales, que es el mecanismo del Estado para financiar políticas sociales en otras regiones (sanidad, educación, servicios sociales y dependencia).
Esta cantidad, según fuentes regionales, es una «aportación histórica» de una comunidad autónoma a las arcas del Estado. Cataluña y Baleares, las otras dos autonomías «aportantes», suman entre ambas 1.914 millones de euros, casi la mitad que Madrid. El nuevo sistema de financiación autonómica se aprobó en julio de 2009 y es la primera vez que se aplica íntegramente para la confección de los Presupuestos autonómicos. Aquella reforma supuso un aumento de la cesión del IRPF e IVA al 50% y del 58% para los Impuestos Especiales. La mayor recaudación que este modelo ha supuesto para Madrid lleva implícito también que al ser la autonomía más pujante tiene que transferir más fondos a otras comunidades.
Los presupuestos regionales, que suman 16.724 millones de euros, un 9,03% menos que los del año pasado, revelan que cada madrileño contribuirá con 515 euros a las políticas sociales en otras regiones, 215 euros más que un catalán y 315 más que un balear.
De las cuentas regionales se desprende que el esfuerzo de solidaridad de los ciudadanos que viven en Madrid no se agota en el Fondo de Garantía, sino fundamentalmente se manifiesta en las cantidades totales recaudadas por el Estado en concepto de IRPF, IVA e Impuestos Especiales (IIEE), que representan más del doble de los recursos de los que dispondrán los madrileños en este presupuesto.
Estabilidad presupuestaria
De hecho, el Ministerio que dirige Elena Salgado recauda en la región por estos tres impuestos 56.190 millones de euros, de lo que 45.652 millones (el 82%) van directamente a las arcas del Estado, y sólo 10.564 millones (el 18%) se quedan en la Comunidad.
ABC
Recaudación en Madrid (IRPF, )
Pese al recorte de inversiones y de financiación del Estado, el presupuesto para 2011 de la Comunidad de Madrid cumplirá con el principio de estabilidad presupuestaria, que permite a las comunidades autónomas que los gastos superen a los ingresos en un 0,75% del PIB regional, condición que cumple con cierto margen estas cuentas públicas al situarse en el 0,70%.
Estos presupuestos, además, recogen una previsión de crecimiento económico más realista que la del Gobierno que preside Rodríguez Zapatero. Así, para 2011 la Comunidad prevé un crecimiento del 1,2% y el 0,8% para el conjunto del país, mientras que el Ministerio de Economía lo sube al 1,3%. (ABC)
El tema del trabajo es tratado aparte. Amén de reiterar el consabido propósito de crear empleo, se exhiben algunas medidas para ello. Veamos los ejemplos: "Considerar como no consumida la percepción de la prestación por desempleo para aquellos desempleados afectados por suspensiones totales o parciales de los contratos (EREs temporales)". Así expuesta la cuestión, y creo que la redacción les resultará a mis lectores tan confusa como a mí, uno tiene la impresión de que vamos a mantener a más gente y durante más tiempo. "Fomentar el empleo autónomo para jóvenes menores de treinta años", lo que supongo incluido en la agilización de la creación de empresas. "Proceder a la reforma en materia de Empresas de Trabajo Temporal tendente a reforzar el papel que sin duda tienen": ¿no le habíamos criticado a González la creación misma de las ETT? Por último: "Promover, en el marco del Diálogo Social, una reforma laboral similar a la acordada en 1997 que tenga como objetivo prioritario la creación de empleo y en especial, el fomento de la contratación indefinida bonificando las cotizaciones de los nuevos contratos". Nada nuevo, me parece, aunque es cierto que no se alcanzará algo ni siquiera parecido con Zapatero en la Moncloa, pero porque no hay disposición del gobierno actual a consensuar cualquier política con el PP, y eso es consenso puro. ¿Puede alguien asegurar que los socialistas estarán por la labor cuando se encuentren fuera del poder?
No voy a decir nada de la política de Defensa, más de lo mismo, con mejoras en las condiciones económicas de la carrera militar. Seguiremos sin tener un ejército de verdad y persistiremos en la actual ONG, integrada por extranjeros a cambio de una nacionalidad en los papeles que jamás se traducirá en un compromiso real con la soberanía española ni con la unidad de España, por mucho que lo deseen sus mandos.
La Constitución permite que los partidos políticos controlen el poder judicial y el Tribunal Constitucional. La Constitución descansa desproporcionadamente en la actuación responsable de los partidos políticos. Aunque menciona la necesidad de que funcionen con democracia interna (artículo 6, "[...] su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos"), no pone ningún medio para garantizarla. Por si esas concesiones no fueran suficientes, no limita su financiación con cargo a los presupuestos públicos y permite financiar, también con fondos presupuestarios, las campañas electorales. Hasta tal punto que un uso prudente de dichos fondos permitiría a los partidos no depender en absoluto de las cuotas de sus afiliados ni de donaciones de terceros para funcionar. Esa generosa política de financiación tuvo por objetivo evitar que los partidos tuvieran la tentación de acudir a la financiación ilegal utilizando fraudulentamente su control sobre el gasto público de las administraciones. Con esas premisas, los casos de financiación ilegal de los partidos son hoy incomprensibles. Si sigue habiendo corrupción es porque los partidos políticos no están, en la práctica, controlados por ninguna institución pública. Su impunidad es absoluta. Ese poder se ha traducido en un crecimiento desmesurado del gasto de autonomías y ayuntamientos, que se utiliza por las distintas instancias de los partidos para consolidarse en las diferentes circunscripciones territoriales.
Los jueces y magistrados son, a nivel personal, independientes y responsables de sus actos, pero el funcionamiento de los juzgados y los tribunales, desde el de menor orden hasta el Tribunal Supremo, dependen del poder ejecutivo. El gobierno nacional y los gobiernos autonómicos deciden cuántos juzgados hay de cada materia, cómo se financian, qué personal tienen y cómo se designa a esos funcionarios administrativos. Por su parte, los sindicatos intervienen en la selección del personal de cada juzgado, aplicando los criterios que les interesan. Ni los jueces ni los magistrados tienen capacidad para decidir quiénes son sus subordinados, ni qué juzgados habría que reforzar, ni qué inversiones hacer, ni con qué presupuesto cuentan, ni qué sistema informático se instala, ni si ese sistema es compatible con los de otros juzgados, ni con los de otras autonomías. Los jueces y magistrados tienen el poder de dictar sentencias. El Ministerio de Justicia y las consejerías de Justicia de las autonomías, junto con los sindicatos, son los que ponen límites a esa capacidad, y los que aseguran o impiden el ejercicio de la función judicial.
La Constitución de la República Popular China reconoce los derechos individuales de sus nacionales, pero según la interpretación que el Partido Comunista Chino haga de esos derechos. No existe separación de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial están subordinados al Partido Comunista Chino. El PCCh interpreta los derechos de sus nacionales con subordinación a lo que entiende que son en cada momento los intereses generales. Ese poder absoluto ha permitido que el Estado Chino pase del comunismo a una suerte de nacionalsocialismo tras el cambio de política económica de 1978, decidido por el partido, controlado en ese momento por Deng Xiaoping. A partir de ese momento comienza un desarrollo económico acelerado, capaz incluso de superar crisis como la actual gracias a la ciega obediencia de todos los agentes económicos y sociales a las decisiones del partido. Por eso China es el paradigma de los que creen en la ingeniería social. Por eso China, aunque sea un Estado nacionalsocialista, un Estado fascista de hecho, es un ejemplo para los comunistas de todo el mundo, porque para ellos es la prueba de que los gobiernos totalitarios pueden mejorar el nivel de vida de la población sin democracia ni separación de poderes. Sólo sería necesario que todo el poder residiera en la "vanguardia del proletariado", en el órgano de dirección del Partido Comunista.