JUECES Y JUSTICIA

El juez Gómez Bermúdez (EFE).


LOS JUECES TAMBIÉN SUCUMBEN.


El IV Barómetro del Consejo General de la Abogacía, presentado el pasado día 13, no deja lugar a dudas: los Tribunales de Justicia siguen perdiendo valoración ciudadana (4,4 puntos sobre diez).

El 50% de los consultados en el estudio del CGA considera que la administración de la justicia funciona mal o muy mal en España; ocho de cada diez ciudadanos estima que el Consejo General del Poder Judicial –máximo órgano de gobierno de los jueces— requiere de una “reforma urgente y profunda” y siete de cada diez, además, cree que los nombramientos de sus consejeros están en función de razones políticas y no técnicas. Un barómetro del CIS de julio de 2010 situaba en el 71% el porcentaje de ciudadanos que opinaba que la justicia funciona “poco o nada satisfactoriamente”.






Estos y otros datos no fueron valorados en la deslucida apertura del año judicial celebrada el pasado jueves, acto sobre el que sobrevolaba, no sólo la inédita aunque justificada ausencia del Rey, sino también la abdicación del Consejo General del Poder Judicial en su función de defender la independencia de los órganos jurisdiccionales –paralizado en nombramientos pendientes por causas ideológicas- y el desparpajo partidista con el que la Fiscalía general del Estado es conducida por Cándido Conde Pumpido.






La baja consideración de la justicia no se debe sólo, ni quizás principalmente, a sus carencias técnicas, su escasez de recursos y su desesperante lentitud. Se debe, sobre todo, a la percepción de que los jueces y magistrados han sucumbido ante las presiones políticas que proceden del Gobierno, de la subordinación gubernamental del ministerio fiscal –tantas veces decisivo en el impulso de la acción de la justicia- y de los excesos de jurisdicción del Tribunal Constitucional que se comporta con frecuencia como una instancia de casación de las sentencias del Tribunal Supremo.






La baja consideración de la justicia no se debe sólo, ni quizás principalmente, a sus carencias técnicas, su escasez de recursos y su desesperante lentitud. Se debe, sobre todo, a la percepción de que los jueces y magistrados han sucumbido ante las presiones políticas que proceden del Gobierno






Así ocurrió en la revocación de las sentencia de la Sala del 61 del TS sobre la legalización de las listas de Bildu, o en otros casos, algunos pendientes, como el de la vigencia de la doctrina Parot en el cumplimiento de las penas por los terroristas, y otros de menor repercusión pública. La marcha en excedencia voluntaria del magistrado de la Sala Segunda, Adolfo Prego, uno de los más solventes y reconocidos, no parece haber merecido especiales comentarios. Y ahí duermen el sueño de los justos las causas abiertas contra Baltasar Garzón después de una escabechina de recusaciones y filibusterismos que ponen en duda la solvencia y rigor del máximo órgano jurisdiccional entregado demasiadas veces a sus luchas intestinas.






Pero el episodio de la más lacerante politización judicial se producirá el martes, cuando se reúna el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional para resolver el recurso de apelación de los imputados por el juez Ruz en el caso Faisán, más conocido como el del “chivatazo” a activistas de la banda terrorista ETA, perpetrado en mayo de 2006 presuntamente por el ex director general de la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía de Bilbao, Enrique Pamiés y el comisario de Vitoria, José María Ballesteros.






Ruz considera que los tres han cometido dos delitos: de revelación de secretos y de colaboración con banda armada. La apelación a la decisión del juzgado central debía ser resuelta por la sección segunda de la Audiencia Nacional, cuyos magistrados integrantes, conocidamente, coinciden con el juez instructor del caso.






El extraño papel de Gómez Bermúdez






Sin embargo, haciendo uso de una habilitación muy excepcional, el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez, ha decidido avocar el asunto al plenario, apartando a la sección segunda. Lo hace porque sabe que en la Sala existen posibilidades de que se estime la apelación y una mayoría de magistrados considere que los hechos no constituyen un delito de colaboración con banda terrorista al suponerse que los imputados, pese a revelar secretos, no se adherían a los fines y propósitos de los etarras.






Si así lo decidiera la Sala, el juez Ruz y la Audiencia Nacional perderían su competencia en el asunto y éste continuaría en un juzgado de Irún referido sólo a un posible delito de revelación de secretos. Y como consecuencia, el proceso moriría desde el punto de vista de su relevancia política librando a Antonio Camacho y a Alfredo Pérez Rubalcaba de la responsabilidad política de la comisión por sus subordinados de un delito especialmente grave e infamante.






La maniobra de Gómez Bermúdez es sólo aparentemente legal. No hay en el caso ninguna excepcionalidad técnica que la justifique, más allá del carácter profesional de los imputados y las derivaciones políticas del caso. El Tribunal Supremo ha mantenido el criterio reiterado de que la adhesión a la causa de la banda terrorista no es un elemento esencial del tipo penal del delito de colaboración; que lo esencial es el hecho connivente, más allá de si se participa o no en sus fines. En todo caso, y como el derecho no es aritmética, tendría que ser la sección segunda –que es el órgano jurisdiccional penal predeterminado por la ley— la que resolviese una cuestión de orden interpretativo a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.






La alteración competencial mediante una arbitraria avocación en pleno proceso, para dirimir un recurso de apelación de carácter absolutamente ordinario, transmite la insuperable sensación de que tanto el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional como algunos otros magistrados tratan de evitar que tanto el actual ministro de Interior, Antonio Camacho, como el anterior, Pérez Rubalcaba, se vean salpicados por un caso tan viscoso y tan grave como “el Faisán”. Correspondía a Gómez Bermúdez haber velado por la normalidad del proceso, más aún cuando estamos inmersos en un proceso electoral en el que una decisión exculpatoria de la Sala Penal de la Audiencia Nacional –que correspondía tomar a su sección segunda— estará contaminada inevitablemente por el recelo de una verosímil manipulación política.


Valga pues este episodio tan poco edificante para resumir un hecho perceptible en el entorno de la administración de justicia: muchos jueces y magistrados han desfallecido, se sienten sin fuerzas ni entereza moral para sostener su independencia al observar el partidismo con el que se designan y actúan determinados magistrados en las más altas instancias jurisdiccionales. De ahí que en la encuesta del Consejo General de la Abogacía con la que iniciaba esta crónica se refleje que el 54% de los consultados opine que el Estado de Derecho en España está en peores condiciones que en el resto de países avanzados. Yo diría que en, algunos aspectos, está por los suelos. (José Antonio Zarzalejos/El Confidencial).