LA IZQUIERDA TOTALITARIA

LIBERTADES



La izquierda golpista y la democracia cautiva

Por Mauricio Rojas






Hace ya algunos años, mientras escribía mi libro Historia de la crisis argentina, observé un fenómeno inquietante: cuando los peronistas no ganaban una elección, hacían la vida imposible al Gobierno electo hasta desestabilizarlo totalmente y provocar su caída. Era la democracia cautiva, secuestrada por una gran fuerza que o ganaba o golpeaba, sin escrúpulos ni miramientos.


Con sus sindicatos adictos, su potente organización nacional y sus estructuras mafiosas, los peronistas desataban huelgas y movilizaciones constantes, copaban la calle y lanzaban sus verdaderas tropas de asalto (luego conocidas como piqueteros) al ataque. Fue lo que ocurrió con Raúl Alfonsín, el primer presidente después de la caída, en 1983, de la brutal dictadura militar instaurada en 1976. La asonada peronista contra este hombre respetable, que pilotaba la Argentina en un momento particularmente delicado de su historia, fue devastadora: trece huelgas generales, más de mil paros y un total de 83 millones de días de trabajo perdidos. La movilización de los empleados públicos fue decisiva en este contexto: sabotearon todos los intentos de Alfonsín por estabilizar la ruinosa economía argentina. Finalmente estallaron los motines urbanos y la hiperinflación. A Alfonsín no le quedó otra alternativa que finalizar su mandato antes de tiempo y pasar el testigo a un nuevo caudillo peronista, que dejaría una de las improntas más vergonzosas que conoce la historia argentina: Carlos Menem.


Que el peronismo se comporte así no es nada extraño, tampoco que esto ocurra en Argentina, donde el caudillismo y el pandillerismo político han sido, lamentablemente, la regla. Pero hoy vemos cómo la misma situación se reproduce en un país con tradiciones muy distintas: Chile. Después de veinte años de Gobiernos de centro-izquierda (ejercidos por la Concertación de Partidos por la Democracia), se lanza una ofensiva brutal contra el nuevo Gobierno de centro-derecha, encabezado por Sebastián Piñera. Extremistas profesionales o aficionados, así como el Partido Comunista, encabezan movilizaciones que han convertido las calles de Santiago y otras ciudades en verdaderos campos de batalla. Los sindicatos de izquierda, por su parte, no han tardado en plegarse a esta ofensiva, que ya no parece tener otro norte que la caída de Piñera.


El factor decisivo en esta triste marcha de Chile hacia el caos está, sin embargo, en la actitud de esa izquierda que parecía haberse civilizado y que, cuando ejercía el poder, guardaba maneras democráticas ejemplares. Ya hace más de un año, en agosto de 2010, el Departamento Nacional Sindical del Partido Socialista de Chile (el partido de los tan respetables Ricardo Lagos y Michelle Bachelet) diseñaba su estrategia de lucha en términos inequívocamente tomados de su pasado marxista-leninista, abogando por una acción política que sabe combinar la negociación y el conflicto, que sabe combinar la acumulación de fuerzas con el salto al futuro, en donde nuestra tarea no deba apartarnos nunca de nuestra meta por el poder político y la construcción de una sociedad socialista.


Hoy, los partidos de la Concertación parecen tener claro que su pronta y duradera vuelta al poder pasa por el éxito de la revuelta callejera, con lo que manda el mensaje de que o gobiernan ellos o no gobierna nadie. En un documento de fecha 5 de octubre de 2011, la Concertación se pliega sin reparos al movimiento desestabilizador liderado por los extremistas:


No podemos permitir que el gran movimiento por la educación termine en un fracaso y una frustración. El Gobierno del presidente Piñera ha demostrado no tener ninguna voluntad de acoger la demanda de fondo que este conflicto ha evidenciado, y nuestra prioridad será darle sustento a través de una acción conjunta de la oposición.


Ahora bien, si algún español cree que esta situación de democracia cautiva y golpismo blando es algo que solo puede ocurrir en tierras lejanas, habría que decirle con las palabras de Horacio: mutato nomine di te fabula narratur (si cambias el nombre, de ti habla la historia). Una semana antes de las elecciones del pasado 22 de mayo se inició en España la lucha por torcer el rostro a la democracia y crear un clima de motín callejero contra la voluntad mayoritaria del pueblo español, expresada claramente en las urnas.


El cuestionamiento de la voluntad soberana de la mayoría para reemplazarla por la de pequeños grupos de manifestantes callejeros fue evidente desde el principio: se cuestionaba el orden constitucional y la democracia representativa en nombre de una supuesta democracia real, es decir, de las pintorescas asambleas de los llamados indignados. Todo podía parecer un happening divertido, un botellón sin alcohol, con el cual se podía fácilmente simpatizar.


Pero todo cambió cuando en las filas socialistas se comenzó a ver una posibilidad interesante ante una derrota electoral inminente: la creación de un verdadero clima de caos y motín callejero que haga imposible un futuro Gobierno del Partido Popular. Solo ello puede explicar que el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, adoptase una actitud de laissez faire frente a la conculcación evidente de la ley y no actuase siquiera en cumplimiento de las decisiones claras de los órganos jurídicos pertinentes. Así, el 15-M ganó la partida, pero no por su fuerza, que en realidad era y es muy reducida, sino por voluntad del Gobierno socialista, que decidió no actuar.


Pero esto no era más que el comienzo. Los indignados no son más que una nota a pie de página en una estrategia donde la movilización sindical es, hoy por hoy, la pieza clave, a fin de mostrar, ya antes del 20-N, cómo será España cuando el presidente del Gobierno se llame Mariano Rajoy. Ante semejante insensatez, no cabe sino esperar que socialistas y sindicalistas recapaciten y se den cuenta a tiempo de que están embarcados en un despropósito que puede costarle a España no solo la ruina económica, sino terminar poniendo en peligro el orden constitucional democrático, que tanto costó construir.




MAURICIO ROJAS, escritor y profesor adjunto de la Universidad de Lund (Suecia).

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EL SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA IZQUIERDA.



Me juego un café con leche. La izquierda española (es un decir) hará un doble juego. 'Oficialmente' debatirá las cuestiones políticas y económicas que nos afectan, como si se tratara de un debate parlamentario más. Aunque, incluso en el Parlamento, su lenguaje será duro. Exigirá, entre otras cosas, que se solucionen todos los problemas en tiempo record. O sea, que solucione rápidamente lo que ellos han estropeado.


Pero, al mismo tiempo, alentará las movilizaciones callejeras para dar una imagen de caos. Hará caer la responsabilidad de la mala situación socioeconómica en el Partido Popular (suponiendo que gane las elecciones del 20-N) y actuará y hablará como si no tuviera nada que ver con esta profunda crisis (no sólo económica) que estamos padeciendo.


Y si hay violencia en las calles, iniciada por ellos y sus compañeros de viaje, trasladará la responsabilidad al Partido Popular. En esta tarea tendrá la inestimable ayuda de la mayoría de los medios de comunicación. Independientes, por supuesto.

Esperemos que las fuerzas de seguridad se mantengan al margen de esta basura y defiendan la legalidad vigente.


Ya sabe. ¡Vote socialismo! ¡Vote progreso! ¡Vote Rubalcaba!

Sebastián Urbina.

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EL FOMENTO POLÍTICO DE LA IMPUNIDAD.

A pesar de las medidas de seguridad, cualquier político o gobernante en cualquier país del mundo puede sufrir un asalto en su domicilio, como el que, aun de forma afortunadamente infructuosa, ha sufrido la presidenta de la Comunidad de Madrid este martes alrededor de las cuatro de la mañana. Lo que resulta difícil de explicar fuera de nuestras fronteras es que, más de diez horas después de que los agentes de la guardia civil que custodian el domicilio detuviesen y entregasen a la policía a los asaltantes, sólo se supiera de ellos que, “tras consulta a la superioridad”, habían sido puesto inmediatamente en libertad sin haber sido sometidos a interrogatorio alguno y sin más cargos que un mero delito de faltas.


El ministro del Interior, Antonio Camacho, que hasta la una de la tarde no respondió a la llamada que le hizo la presidenta madrileña a las nueve de la mañana para pedir explicaciones, aun tuvo la desfachatez de reprochar a Aguirre que hubiese denunciado públicamente lo que le había sucedido y que “siguiera sin saber que hacían” los asaltantes en su casa. Aunque finalmente parece ser que los asaltantes sólo eran unos hinchas del Real Madrid que iban ebrios, eso en modo alguno justifica ni la impunidad ante lo que es un claro delito de allanamiento de morada, ni menos aun la absoluta desinformación a la que ha sido sometida la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre ha puesto el dedo en la llaga al preguntarse qué es lo que habría ocurrido si, en lugar de su casa, hubiera sido la de Rubalcaba la que hubiera sido asaltada.







Lo más grave de todo, sin embargo, es la señal de impunidad que se transmite en unos momentos en que hay movimientos políticos, como el 15-M, que no dudan en someter a acoso a los políticos, incluso en las cercanías de su propio domicilio, tal y como ya le ha ocurrido a Barberá o a Gallardón. Conviene recordar, asímismo, que bajo gobierno socialista, se han pinchado ilegalmente los teléfonos de políticos de la oposición, se han filtrado informes policiales que estaban bajo secreto del sumario, se ha esposado de forma tan vistosa como improcedente a miembros del PP que luego ni siquiera han sido imputados o se ha detenido, no menos ilegalmente, a pacíficos manifestantes contra ETA por el mero hecho de ser militantes del PP. El ministro del Interior está en su derecho de negar cualquier motivación política en el mal proceder policial en este asunto del asalto a la casa de Aguirre. Tal vez sea así. Lo que no es de recibo es que lo considere correcto y, menos aun, que tenga la desfachatez de acusar a Aguirre de “utilizar políticamente” el delito del que sólo ha sido víctima. (edit.ld)