(Lo que más me preocupa no es este infame gobierno.
Lo que más me preocupa es que haya tantos gilipollas esféricos que le voten.)
Mientras tanto, los jueces reconocen que sus manos están atadas. El Real Decreto-ley 11/2020, ideado en plena pandemia y prorrogado año tras año, impide actuar si el okupa es declarado vulnerable, ralentizando procesos durante años. El resultado es un colapso judicial y un «efecto llamada» cada vez mayor.
El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro lo tiene claro: la situación ha degenerado hasta el punto de que los verdaderos vulnerables son los propietarios.
Magro alerta de que hay en realidad unas 20.000 okupaciones al año —muchas no se denuncian— y reclama cambios legislativos urgentes: expulsión en 72 horas y considerar inquiokupaciones como estafas penales.
El Gobierno, por supuesto, no responde.
(La Gaceta/marzo/29/2025.)
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