martes, 12 de julio de 2016

EL FRACASO AUTONÓMICO.



 (Con este personal político que sufrimos no se afrontará el problema de fondo que nos lleva y llevará al desastre. O sea, que el Estado de las Autonomías es inviable.

Para evitar la catástrofe debería empezarse por rescatar las competencias de Educación, Sanidad y Justicia. Es lo que pedía UPyD. Y tenía razón. Deberían ser competencias expresamente indelegables. En todo o en parte. Temporal o permanentemente.

O nos vamos al desastre. Bueno, ya vamos. Quiero decir que las cosas irán a peor porque no se elimina el problema de fondo.)







LA DEUDA NACIONAL AL SERVICIO DEL DESPILFARRO AUTONÓMICO.

Si, como prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria, hay que intervenir una comunidad autónoma porque no esté en la senda de consecución de los objetivos de reducción del déficit público, se hará". Desde que el ministro Montoro pronunciara esta advertencia, allá por abril de 2012, no ha habido un solo año en que España haya cumplido sus compromisos de reducción del déficit, por culpa muy especialmente del excesivo gasto autonómico.
Ni que decir tiene que, pese a aquellas advertencias del ministro y a los "mecanismos de vigilancia, sanción e intervención" que, ciertamente, contemplaba la Ley de Estabilidad de Presupuestaria, el Gobierno no ha intervenido y ni siquiera ha sancionado a una sola de las Administraciones regionales que han incumplido flagrantemente los topes de déficit.
Por el contrario, Rajoy, a fin de no verse obligado a intervenir ninguna comunidad autónoma, ha hecho reiteradamente la vista gorda y suplido con el Fondo de Liquidez Autonómica el desequilibrio presupuestario de unas CCAA que, en caso contrario, hubieran incurrido en suspensión de pagos por falta de acreedores en el mercado.
En el caso de Cataluña la autonomía que más ha contribuido al déficit y a la deuda nacional y que más se ha beneficiado del FLA–, no se puede hablar de simple despilfarro, sino de una auténtica malversación del dinero del contribuyente destinado a sufragar los cuantiosos gastos que acarrean unas estructuras de Estado y un proceso de transición nacional radicalmente ilegales.

Pues bien, ya podrán el FMI o la Comisión Europea reclamar al Gobierno de España la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a fin de poner coto al excesivo gasto autonómico, tal y como por enésima vez le reclamaron hace escasos meses, que el Gobierno de Rajoy sigue dispuesto a mutualizar la deuda autonómica entre todos los españoles, con tal de no tener que meter en vereda a los Gobiernos regionales.
Así, Montoro acaba de inyectar otros 10.500 millones a las CCAA, un importe muy similar al que acarreó el desvío del déficit en 2015, que, por culpa de esas mismas autonomías, se situó en el 5,2%, cuando el Gobierno, tras renegociarlo al alza con Bruselas, se había comprometido a reducirlo al 4,2%.
El caso es que Montoro ha tenido la desfachatez de envolverse en la bandera nacional para justificar este enésimo rescate autonómico con la excusa de que "España es España", al tiempo que alegaba otra manida falacia: "No facilitamos el dinero a las CCAA, sino que el sistema va directamente destinado a pagar al proveedor".

 La cuestión, sin embargo, estriba en que el pago a proveedores, así como el desembolso que reclaman las competencias que las autonomías tienen legítimamente encomendadas, deberían haberse sufragado, no con financiación extraordinaria a cargo del FLA, sino con los recursos propios que los gobernantes autonómicos han dedicado al despilfarro o a dotarse de lo que sin tapujos llaman embriones de un Estado propio.
Lo más lamentable es que del modelo autonómico –decisivo para entender tanto la crisis nacional como la crisis de deuda– no habla ni uno solo de los partidos con representación parlamentaria. El descontrol del gasto autonómico, en un país en el que las Administraciones regionales acaparan más dinero del contribuyente que en cualquier otro de toda la OCDE, se ha convertido en un tema tabú, como ocurre también con el vulnerado derecho a estudiar en español, con el insostenible sistema de pensiones o con la silenciada guerra que nos ha declarado el terrorismo islámico.
En vísperas de las elecciones generales, el panorama no puede ser más sombrío.

(Edit. Ld.)