Mientras el Govern, las instituciones y las entidades situadas en la órbita del independentismo interpretan el fallo del tribunal catalán como un ataque político contra el modelo educativo vigente, y exhiben consenso en torno a la defensa de la lengua autonómica, una encuesta realizada en octubre en Cataluña en la que, entre otras
cosas se pregunta a los ciudadanos sobre la proporción de lenguas que a su entender sería óptima en la enseñanza, revela que la inmensa mayoría, incluidos los secesionistas, estaría de acuerdo con aumentar la presencia del castellano en las aulas.
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