(La Europa pogre y estúpida desconfía de la España democrática y no se atreve a toca un pelo a los políticos racistas catalanistas.
Pasó algo parecido pero mucho peor con ETA. Incluso la santa y maravillosa BBC, NUNCA trató a los etarras como asesinos. Los tastaba como románticos independentistas.
Y con ellos, buena parte de la progresía europea. Era de buen tono, al menos no llamarles banda criminal. Esto se reservaba para la derecha.
Lo digo una vez más, la derecha- en general y con las honrosas excepciones- es asquerosamente cobarde. La izquierda- en general y con las honrosas excepciones- es asquerosamente sectaria. Y cree que es moralmente superior. También dan asco.
Este es el panorama.)
HA LLEGADO LA HORA DE IR A POR TODAS.
Un racista de la peor especie, aplaudido y secundado por todos
los diputados secesionistas a quienes no ha frenado en absoluto la infame
condición ética de quien se ha alzado gracias a sus votos con la presidencia
del gobierno catalán, pretende ahora conformar su gobierno incorporando a partes iguales a
personajes en prisión preventiva y a otros que están huidos de la
justicia.
Es, naturalmente, parte del programa del enloquecidoPuigdemont de hacer saltar por los aires
cualquier atisbo de acercamiento al Gobierno de España porque lo que no quiere
bajo ningún concepto es que ese diálogo que proponía tramposamente el presidente racista de
la comunidad autónoma y aceptaba con cautelas el presidente del Gobierno se
pueda celebrar.
Por eso Torra se
ha apresurado a anunciar la composición de un gobierno imposible. El anuncio,
con estos cuatro hombres a los que persiguen los tribunales por la sencilla e
inapelable razón de que han violado reiteradamente las leyes españolas y han
desafiado al Tribunal Constitucional, es toda una declaración de intenciones.
El presidente racista, un
auténtico escándalo que no tendría cabida en ningún país democrático, pero sí
la tiene en esta Cataluña que se atreve a describirse como el paraíso de las
libertades, deja muy claro con esta pretensión de nombramientos que no
acepta ni reconoce las leyes del país en el que vive y que está dispuesto a
seguir ignorándolas. Y eso es algo que no se le puede tolerar.
El presidente racista es un auténtico escándalo que no tendría
cabida en ningún país democrático.
Porque este no es un gesto simbólico sino la realización de un
desafío de gran calibre. Por supuesto, el Gobierno debe aclarar inmediatamente
que no se admiten sus pretensiones y debe impedir que el presidente racista
cometa la tropelía de acudir a la cárcel de Estremera y materialice su
pretensión de dar posesión simbólica de sus cargos a los presos Turull y Rull que, con su
aceptación del nombramiento, han ratificado al juez en su decisión de
mantenerlos en prisión preventiva por riesgo de reiteración delictiva. Desde
luego, su horizonte penal se clarifica un poco más a partir de hoy pero a mucho
peor: ya no tienen defensa posible.
Todos ellos son muy conscientes
de lo que hacen y de lo que supone secundar las locuras de un Puigdemont que
busca con este desafío provocar un choque frontal con el Gobierno que alarme a
Europa y fuerce a España a negociar con el secesionismo y le libere a él
definitivamente de la espada judicial que pende sobre su cabeza.
Pero el Gobierno tiene que dar
una respuesta a la altura de la provocación. No puede guardar silencio y
refugiarse en la prudencia.
Y la respuesta en este caso tiene que ser política,
no cabe protegerse de nuevo con las togas de los jueces. Mariano Rajoy debe dar
un paso al frente y asumir de cara la responsabilidad que se le pide en tanto
que presidente del país. Y debe darse prisa y no dejar la respuesta para dentro
de unos días. Los españoles, mayoritariamente indignados y ofendidos por el
racista y sus correligionarios, están esperando que el Gobierno mueva ficha y
la mueva ya.
El Gobierno tiene que dar ya una respuesta a la altura de la
provocación. No puede guardar silencio y refugiarse en la prudencia.
En estas condiciones, hay que dar la razón a Albert Rivera cuando pide que
no se levante la aplicación de artículo 155. No la tenía ayer ni anteayer
porque el Senado había establecido que el 155 decaería en el momento de la formación
de un nuevo gobierno en Cataluña.
Pero, visto lo visto, ya la tiene hoy porque
atenerse en estos momentos a la literalidad de la aprobado sería una trampa
tras la que se escondería una actitud cobarde y pusilánime. Tras la
constitución de un nuevo gobierno sí había que levantar el 155, pero no de este
proyecto de gobierno que incluye a presos y a fugitivos de la justicia. Así,
no, habría que decirle al racista con toda la contundencia de que se sea capaz.
Y si Rajoy se ve en la tesitura
de despedirse de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado porque
un PNV más atento a sus intereses particularísimos y a sus mohínes de
contrariedad impostada por el supuesto repelús que le pueda dar el
mantenimiento de ese artículo le niega su voto favorable a las cuentas del
Reino, tendrá que aguantarse y tirar para adelante con los presupuestos de 2017
prorrogados. Sería una pena, sí, pero continuar tragando los abusos de quienes
han violado las leyes y se disponen a seguir haciéndolo no es que sea una pena,
es que sería una tragedia de la que los españoles no se podrían nunca
recuperar.
Eso por no contar con que si
Rajoy no da ahora un paso al frente su partido estará muerto para siempre. De
modo que ha llegado la hora de decir “¡hasta aquí hemos llegado!” con toda la
potencia de voz que se sea capaz. Y mejor antes que después. ¿A qué estamos
esperando?
(Victoria Prego/El
Independiente.)
LA SOLEDAD DEL SUPREMO
ANTE EL GOLPE.
La Justicia belga no entrega a tres ex consejeros reclamados por el
juez Llarena por defectos formales. Y ello a pesar de
que ha habido un golpe de Estado, en sentido kelseniano, lo que
se da cuando "nulifica y sustituye el orden jurídico en forma ilegítima;
el cambio del viejo al nuevo orden se hace sin concordar con el principio de
legalidad".
Para Llarena se ha producido un
ataque al Estado constitucional sin parangón en las democracias de nuestro
entorno. El TC indica que ha habido una total ajenidad con la Constitución, se
rompen el principio de primacía, el principio de unidad y el principio de
soberanía. En el pasado tuvimos otros golpes de Estado como el 18 de julio de
1936. La Guerra Civil se hubiese evitado si la comunidad internacional hubiera
cooperado con la República. La pérfida Albión llevó a
la política de la no intervención. Ante el golpista Franco se mantuvo la equidistancia con la
República. La democracia española del 78 está sola ante los golpistas
separatistas. Cualquier jurista sensato confiaría en la cooperación europea, no
en la libre circulación de golpistas.
En el mundo conviven dictaduras y democracias, pero en el espacio europeo
confiábamos en la democracia y el Estado de Derecho, como reconocen los
artículos 3, 42 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE). La Orden Europea de
Detención (OED) se basa en el principio de reconocimiento mutuo, en el de doble
incriminación y en el de territorialidad penal. ¿Qué ha sucedido en la Justicia
belga?
Nada, son prejuicios. No hay que echar la culpa al juez Pablo Llanera, que
ha obrado con el poder de unos argumentos aplastantes y, por razón de ello, los
jueces belgas finalmente no han podido entrar en los mismos y se han ido a un
supuesto defecto técnico. Los prejuicios y los estereotipos sobre España han
pesado más que el Derecho. El Supremo entiende que se han desconocido "el
ordenamiento jurídico y el auto de procesamiento".
El Supremo debería reflexionar sobre si interponer una
cuestión prejudicial sobre la base del artículo 4.2 del TUE y el incumplimiento
belga de su obligación de cooperar. Se está poniendo en entredicho el
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. España
entrega cada año a más de 1.200 presuntos delincuentes. Si para este viaje
europeo no sirven las alforjas de la OED, se podría volver a los principios
clásicos del Derecho Internacional de la autotutela y la reciprocidad. El
principio par in parem imperium non habet obliga
a un Estado a respetar a los tribunales de otro Estado; el principio de
cooperación, el de lealtad y el de reconocimiento mutuo obligan a entregarlos.
"Los prejuicios y los estereotipos sobre España han pesado más que el
Derecho".
Este caso evidencia la voluntad de no cooperar. Esto puede llevar a un
replanteamiento de las OED, sobre la base del principio de reciprocidad,
el do ut des, lo que era antes impensable en la UE. El
Ejecutivo de Rajoy podría estudiar si
plantea una cuestión ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El
Supremo y otros tribunales también podrían rebelarse contra el sistema de la
euroorden.
La jurisprudencia de Alemania e Italia mantiene que no entra a conocer los
actos de Derecho de la Unión Europea mientras mantenga un nivel de protección
equiparable al nivel de protección constitucional. El Tribunal Supremo y el
Tribunal Constitucional podrían mantener que se van a rebelar contra el sistema
de la euroorden si este sistema no mantiene un nivel de protección comparable
al de nuestro sistema constitucional.
Aunque estamos ante un desafío que constituye un desafuero, no somos bien
entendidos en otros países. Los magistrados están como el llanero solitario,
solos ante el peligro. Llegados a este punto, se confía más en la independencia
judicial que en la competencia política, tal es el rompecabezas partitocrático
y la falta de concordia y de consenso.
Si no triunfa el Estado de Derecho,
sucederá como con Franco, que los leales a la República fueron condenados por
auxilio a la rebelión. Tal vez ahora no acabemos fusilados, como alguno de
nuestros abuelos. No desde luego el de Puigdemont que,
según la prensa, era un filofascista. Y de tal palo tal astilla, y tal dedazo,
como el que ha designado a Quim Torra.
Carlos R. Fernández Liesa es catedrático
de Derecho Internacional en la Universidad Carlos III./El Mundo.
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