OPRESIÓN CATALANISTA.

TREINTA AÑOS DE AGRAVIO LINGÜÍSTICO.
«La tierra no tiene lengua, la tienen las personas». Quien así habla es Santiago Trancón, un profesor de literatura nacido en Valderas (León) quien hace treinta años decidió abandonar Cataluña debido a una presión lingüística que comenzaba a hacerse insoportable. Se fue, sí, pero no sin antes luchar, pues fue el redactor del denominado «Manifiesto de los 2.300», por ser éste el número de personas que firmaron un documento en favor de los derechos lingüísticos y en contra de la marginación del castellano.

Los impulsores de este manifiesto, presentado ante la opinión pública el 12 de marzo de 1981, pertenecían a un amplio espectro ideológico, aunque muchos de ellos estaban vinculados al PSOE. Por aquellas fechas, el Gobierno de Jordi Pujol preparaba la aprobación de la primera ley de política lingüística —posteriormente sería endurecida en 1998— y acababa de producirse el intento de golpe de Estado. «Por eso, cualquier crítica al nacionalismo era interpretada como una manifestación de la ultraderecha. La igualdad lingüística no era, ni es, un problema de derechas o de izquierdas. Por eso sólo hemos encontrado defensores circunstanciales como PSOE o PP, que han abogado por el bilingüísmo cuando les ha convenido». De ahí que considere Ciutadans como «un fenómeno insólito, aunque también haya cometido errores».

Trancón, que actualmente vive en Madrid, cree que las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto o las del Tribunal Supremo, que avalan a los padres que quieren escolarizar a sus hijos en castellano, «demuestran que teníamos razón y la tenemos ahora». Califica de «estupidez» el sistema de multas lingüísticas, pues en su opinión «el catalán tendría más posibilidades de inclusión social sin imposiciones».

Treinta años después, el «Manifiesto de los 2.300» sigue plenamente vigente, por lo que la plataforma Impulso Ciudadano, presidida por el ex diputado José Domingo, ha organizado para el próximo 12 de marzo un acto de celebración de ese aniversario en el que participarán algunos de los firmantes. El empeño del gobierno de Artur Mas en desobedecer las resoluciones judiciales justifica, según los organizadores, esta reivindicación.

«La tierra no tiene lengua, la tienen las personas». Quien así habla es Santiago Trancón, un profesor de literatura nacido en Valderas (León) quien hace treinta años decidió abandonar Cataluña debido a una presión lingüística que comenzaba a hacerse insoportable. Se fue, sí, pero no sin antes luchar, pues fue el redactor del denominado «Manifiesto de los 2.300», por ser éste el número de personas que firmaron un documento en favor de los derechos lingüísticos y en contra de la marginación del castellano.

Los impulsores de este manifiesto, presentado ante la opinión pública el 12 de marzo de 1981, pertenecían a un amplio espectro ideológico, aunque muchos de ellos estaban vinculados al PSOE. Por aquellas fechas, el Gobierno de Jordi Pujol preparaba la aprobación de la primera ley de política lingüística —posteriormente sería endurecida en 1998— y acababa de producirse el intento de golpe de Estado. «Por eso, cualquier crítica al nacionalismo era interpretada como una manifestación de la ultraderecha. La igualdad lingüística no era, ni es, un problema de derechas o de izquierdas. Por eso sólo hemos encontrado defensores circunstanciales como PSOE o PP, que han abogado por el bilingüísmo cuando les ha convenido». De ahí que considere Ciutadans como «un fenómeno insólito, aunque también haya cometido errores».

Trancón, que actualmente vive en Madrid, cree que las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto o las del Tribunal Supremo, que avalan a los padres que quieren escolarizar a sus hijos en castellano, «demuestran que teníamos razón y la tenemos ahora». Califica de «estupidez» el sistema de multas lingüísticas, pues en su opinión «el catalán tendría más posibilidades de inclusión social sin imposiciones».

Treinta años después, el «Manifiesto de los 2.300» sigue plenamente vigente, por lo que la plataforma Impulso Ciudadano, presidida por el ex diputado José Domingo, ha organizado para el próximo 12 de marzo un acto de celebración de ese aniversario en el que participarán algunos de los firmantes. El empeño del gobierno de Artur Mas en desobedecer las resoluciones judiciales justifica, según los organizadores, esta reivindicación. (Maria Jesús Cañizares/ABC)