¿ESTADO DE DERECHO?

GOLPE AL ESTADO DE DERECHO.

La diferencia entre una ley y una orden es que la primera tiene, o debería tener, un carácter general, mientras que la segunda constituye un mandato que un superior dirige hacia su subordinado. De ahí que Cicerón hablara en Pro Cluentio de que “debemos convertirnos en esclavos de las leyes para poder ser libres” y de ahí que a Themis, la diosa de la Justicia, se la represente con una venda en los ojos: todos los ciudadanos, sin distinción alguna, deben acatar unas normas que son de aplicación común. Allí donde no impera la ley, prevalece la arbitrariedad, esto es, la tiranía de quienes imponen sus designios sin someterse a ellos.

España es formalmente un Estado de derecho en el que debería prevalecer el imperio de la ley para todos los ciudadanos y para todos los poderes públicos. Sin embargo, a la hora de la verdad nuestros políticos han encontrado mecanismos para sortear ese imperio de la ley y convertirlo en el imperio de su ley. Así, se han dedicado durante los últimos 25 años a copar los tribunales y los órganos de gobierno de los jueces con magistrados serviles a sus intereses, lo que les ha permitido, por ejemplo, sacar adelante normas abiertamente inconstitucionales como el Estatuto de Cataluña.

Pero el desvergonzado despotismo del que hacen gala nuestros políticos ya no se limita a controlar los juzgados para evitar sentencias desfavorables. Ahora, cuando algunos de estos tribunales proceden a limpiar su nombre resolviendo con equidad y respeto a las leyes, nuestros mandatarios se dedican simple y llanamente a ignorar las sentencias.

De este modo, el Gobierno de Cataluña y el de España se han negado a acatar la sentencia del Tribunal Supremo que instaba a reformar el sistema de inmersión lingüística de esta región por ser incompatible con los derechos de los catalanes. Pese a señalar que “no puede aceptarse la exclusividad del catalán como lengua vehicular”, el nuevo Gobierno de Artur Mas, junto a la oposición nacionalista del PSC, ya ha advertido de que no aplicará ni una coma de la sentencia; asertos que sólo han encontrado la cómplice comprensión de varios ministros del Gobierno, como Gabilondo o Rubalcaba.

Asimismo, recientemente conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado nula la decisión de la Junta de no abrir expediente a Manuel Chaves por no inhibirse en la subvención concedida en muy extrañas circunstancias a la empresa de la que es apoderada su hija Paula Chaves. A tenor de la sentencia, la Junta debería reabrir el expediente, pero José Antonio Griñán se ha negado a hacerlo alegando que cabe recurso de casación ante el Supremo.

En ambos casos, pues, nuestros políticos se declaran insumisos ante el ordenamiento jurídico. Hasta tal punto han interiorizado, que constituyen una casta por encima de la ley, que apenas se dignan a justificar sus autocráticas decisiones. No estamos ante una actitud trivial y sin trascendencia. La función del poder Ejecutivo, al gozar del monopolio de la violencia, es la de cumplir y hacer cumplir la ley; desentenderse de semejante obligación no constituye sólo un acto de enorme hipocresía –especialmente cuando nos imponen el sometimiento a normas tan intrusivas y liberticidas como la ley antitabaco–, sino que también provoca una completa indefensión por parte de una ciudadanía que carece de medios para defender sus derechos.

El PSOE y el nacionalismo catalán están poniendo al Estado de derecho contra las cuerdas. De ahí a una completa regresión democrática y de nuestras libertades hay sólo un pequeño paso que no deberíamos permitirles dar. (edit. La Gaceta)