MÁS POBRES.

MÁS POBRES QUE EN 2010.

AL Gobierno no le parece un contrasentido mostrarse satisfecho con las buenas —y pocas— noticias que le dan esos mercados financieros a los que alternativamente culpa de la crisis económica. Sin duda, es buena noticia que España haya colocado su última emisión de deuda pública. Sería el colmo que no lo hiciera. Y lo seguirá haciendo, eso sí, pagando intereses cada vez más altos porque es una deuda avalada por la Unión Europea a través del fondo de rescate. Así que la satisfacción por la compra de deuda debería ir acompañada de una explicación elemental: habrá que devolverla con unos intereses cada vez más costosos, que se comen lo que el Gobierno recorta de pensiones y derechos sociales. Consecuentemente, la prima de riesgo de la deuda española ha bajado a 230 puntos, noticia relativamente positiva salvo que se recuerde que en mayo de 2010 estaba en torno a 150 puntos. ¿Qué significan estos datos? Que la economía española está en buena parte fuera de control de las decisiones del Gobierno.

Lo grave es que estas oscilaciones —que, como tales, no son una base sólida para hacer predicciones— no mejoran la situación diaria de los ciudadanos españoles y de sus familias, a las que afecta mucho más que la inflación en 2010 haya subido un 3 por ciento. Este dato significa que hay un riesgo grave de estanflación, es decir, los precios aumentan a pesar de que no hay un incremento correlativo de la actividad económica, ni del consumo, ni del empleo.

La consecuencia de este cuadro es que los españoles empiezan 2011 con mucha menos capacidad adquisitiva que hace unos meses, porque a la inflación de 2010 habrá que sumar los incrementos de los precios en productos básicos, como luz, gas y gasolina. Además, los incrementos de impuestos y la supresión de ayudas terminarán de agravar un escenario de empobrecimiento social sin precedentes en la reciente historia democrática.

Entre tanto, el Gobierno afronta esta situación con nuevas muestras de desconcierto, esta vez en la negociación de la reforma de las pensiones, mezclándola con el desarrollo reglamentario de la reforma laboral y provocando confusión sobre cómo van a quedar estas reformas estructurales de la economía y las cuentas públicas. Están cerca las elecciones y el Gobierno quiere recuperar a la izquierda sindical aunque sea con gestos tan irresponsables como el de ofrecer pasos atrás en la reforma laboral. (ABC)