BALEARES (OPERACIÓN CLOACA)

¡¡¡ESTO APESTA!!!

EL ESCÁNDALO DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS

UPyD pide a los alcaldes que implantaron el puerta a puerta que rindan cuentas a sus ciudadanos y les expliquen por qué encubrieron la sobrefacturación a Melchor Mascaró y FCC mientras les cobraban la factura de la corrupción

Sabían que Melchor Mascaró y FCC ya estaban cobrando por las toneladas que recogían a través del puerta a puerta y encima les cobraban la factura a sus ciudadanos · Después de que la opinión pública haya descubierto el escándalo estos alcaldes quieren salvar el sillón y ahora se hacen pasar por víctimas diciendo que van a reclamar este dinero al Consell · Reclaman ahora lo que debieron reclamar antes · La tasa del puerta a puerta era de 59,53 € anual en 2010 en los catorce pueblos de la Mancomunitat des Pla y en algunos municipios se ha incrementado hasta el 25% en 2011

Palma, 19 de enero de 2011

UPyD pide que todos los alcaldes que por su cuenta y riesgo implantaron el sistema puerta a puerta de recogida selectiva rindan cuentas ante sus ciudadanos y les expliquen por qué, sabiendo que la UTE de Melchor Mascaró y FCC-Lumsa estaba cobrando por las toneladas que recogían las concesionarias contratadas por los ayuntamientos, siguieron adelante con el puerta a puerta a costa de hacerles pagar a sus ciudadanos una tasa directa adicional a la que ya pagaban a través del Consell.

En efecto, las declaraciones de los alcaldes de Puigpunyent, Esporles y Bunyola ante el juez a raíz del estallido de la Operación Cloaca, así como las de la presidenta de la Mancomunitat des Pla de Mallorca (que agrupa a 14 municipios), la concejal de UM en Ariany, Joana María Pascual, en el diario El Mundo-El Día de Baleares de ayer, corroboran que todos estos alcaldes tenían conocimiento de que el Consell estaba "compensando" a Melchor Mascaró y FCC por las toneladas recogidas por las concesionarias contratadas por sus ayuntamientos. Las declaraciones en la edición de El Mundo-El Día de hoy de algunos alcaldes de la Mancomunitat des Raiguer certifica también que conocían la sobrefacturación. Aun así, y en lugar de plantarse y echarse atrás en un sistema ruinoso para el bolsillo de sus ciudadanos que por otra parte tampoco ha aumentado significativamente los índices de reciclaje, prefirieron encubrir la corrupción de UM en el Consell mientras, sin más motivo conocido a día de hoy que no sea la falta de escrúpulos, imponían una tasa adicional a sus ciudadanos para un servicio que en buena parte ya venía sufragando el Consell de Mallorca.

UPyD considera muy grave que todos estos alcaldes encubrieran la sobrefacturación a Melchor Mascaró y FCC mientras al mismo tiempo imponían a sus ciudadanos una tasa de recogida por el servicio puerta a puerta que, en los 14 pueblos de la Mancomunidad des Pla, era casi de 60 euros anuales por cada vivienda normal en 2010. Su silencio tenía un precio y este precio lo pagaban los ciudadanos, unos ciudadanos que deben rebelarse contra esta estafa consentida por sus munícipes. Es de un cinismo superlativo que ahora los alcaldes de la Mancomunitat des Pla reclamen ahora los "cuatro millones" que el Consell pagó por las toneladas que sus concesionarias recogían cuando no lo han hecho en cuatro años, desde noviembre de 2007, cuando implantaron el sistema puerta a puerta. Además, y en cualquier caso, lo justo sería que el Consell reembolsara este dinero a los ciudadanos y no a los ayuntamientos.

No acaba aquí la cosa. Actualmente, el sistema puerta a puerta es deficitario porque los alcaldes no quieren repercutir el coste total a sus ciudadanos, sin embargo este déficit generado al final lo terminarán pagando. Se trata de un pago diferido que los ciudadanos tendrán que apechugar tarde o temprano. Tanto es así que las tasas por la recogida puerta a puerta no llevan camino de bajar a medida que se acercan a su coste real. Desde finales del pasado año cada uno de los 14 ayuntamientos de la Mancomunidad están cobrando su propia tasa y en algunos casos, como en Petra, esta tasa ha pasado de los 59,53 € de 2010 a los 80 € anuales en 2011 por una vivienda normal.

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