¿POLICIA POLITICA?

Debe explicar por qué la Policía suplantó a los jueces

La Stasi de Rubalcaba

Interior recurre a armas añejas del totalitarismo

Parafraseando a Churchill, cuando en la España de Zapatero y Rubalcaba llaman a la puerta a primera hora de la mañana no es el lechero, sino las lecheras de la Policía con un despliegue espectacular y cinematográfico,para detener a personas sin citación ni imputación judicial, pisando garantías constitucionales. Porque, por sorprendente que parezca en un Estado de la Unión Europea, y en pleno siglo XXI, eso es lo que ha pasado con las detenciones de José Joaquín Ripoll, presidente de la diputación de Alicante y líder del PP en esa provincia, y otras 10 personas. (Periodista Digital)

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NO ERA EL LECHERO.

Día 08/07/2010

DE un tiempo a esta parte en España hay domicilios en que suena de madrugada el timbre y no es el lechero. Lo inquietante es que suele tratarse de viviendas de miembros de la oposición, a los que con pruebas o sin ellas, con o sin indicios, se somete a trato policial vejatorio. Según un estudio de la Fiscalía, los cargos o dirigentes socialistas encausados por presunta corrupción son ligeramente más numerosos que los del PP, pero éstos sufren con mayor rigor y frecuencia la pena accesoria del paseo por las portadas y la apertura de los telediarios. Hasta ahora, esos paseíllos incriminatorios solían estar basados en providencias judiciales más o menos fundadas, pero en Alicante han detenido a un presidente de Diputación sin mediar orden de juez alguno.

Técnicamente no se trata de una detención sino de una retención o un arresto; sea como fuere, ha sido casi una jornada completa de apresamiento real, acompañadas de registros aparatosos y movimiento visible de agentes y coches patrulla que no contaban, según aclaración de parte, con el respaldo del juzgado.

Hace tiempo que en Alicante existen sospechas de manejos irregulares en torno a determinadas contratas y personajes próximos al Partido Popular, y no sería sorprendente que algún cargo público acabe procesado y eventualmente condenado. Pero ésa no es, siendo importante, la cuestión principal de este escándalo. Lo que importa es la posibilidad de que un ciudadano acaso inocente haya sufrido una irreparable y prejuiciosa condena de hecho ante la opinión pública. Y que el fiscal Anticorrupción y la policía hayan podido participar en una operación irregular que compromete las garantías de un sistema en cuya protección confiamos.

Si ese político no ha cometido ningún delito, nadie le devolverá las doce horas de ignominia. Y si lo ha cometido, también le asiste el derecho a una presunción de inocencia que ha quedado triturada por la actuación de quienes deben preservarla.

Existen, además, demasiadas evidencias de un doble rasero en esta clase de maniobras. La diferencia del trato aplicado a sospechosos socialistas y populares resulta insoslayable para cualquier mirada mínimamente objetiva. Para unos, lentitud procesal, diligencias perezosas o simplemente inhibición deliberada. Para otros, grilletes, registros ostentosos y avisos a la prensa. La corrupción es un fenómeno transversal que afecta, por desgracia, a todo el arco político, y en democracia es imprescindible que la justicia y la policía preserven no sólo su imparcialidad, sino la apariencia de imparcialidad que evite la sensación de desigualdad voluntaria.

Sin embargo, estamos ante la repugnante, palmaria, viscosa, persistente impresión de un uso torticero y sesgado del poder al servicio de designios políticos de parte. De la parte del Gobierno. (Ignacio Camacho/ABC)