jueves, 12 de enero de 2017

IMPUNIDAD









LA IMPUNIDAD DE LOS PUJOL ES INDIGNANTE.
 
Ni aun cuando la Fiscalía lo pida, ni aun cuando exista un riesgo altísimo de fuga o de que se destruyan pruebas cruciales para la investigación: parece imposible que un miembro de la familia Pujol pise la cárcel.

Los miembros del clan nacionalista por antonomasia gozan de una alucinante impunidad, pese a ser los presuntos responsables de una de las mayores redes de corrupción de Europa Occidental. El propio patriarca de los Pujol ha reconocido haber practicado la evasión fiscal durante décadas, y las pruebas de la comisión de otros delitos parecen abrumadoras. Pero nada, ahí siguen todos, tan tranquilos, mientras otros se pudren en prisión provisional con muchísima menos evidencia en contra.

Es absolutamente indignante constatar que en España hay dos Administraciones de Justicia: la que se ocupa de gente como la familia Pujol y la infanta Cristina y la que padecen los demás españoles. Indignante por la impunidad con que se mueve una familia de multimillonarios que, según todos los indicios, ha estado décadas lucrándose a través del delito y el saqueo de los fondos públicos. E indignante por la doble vara de medir con que la Justicia –¡el propio juez De la Mata!– aborda los casos de corrupción, en función de a quién afecten.


Los Pujol siguen sin pisar la cárcel, sí, mientras miembros destacados del Partido Popular están en ella Francisco Granados o lo han estado durante un tiempo considerableLuis Bárcenas y Jaume Matas–. Los Pujol han seguido en libertad mientras han sido encarcelados empresarios y hombres de negocios como Miguel Blesa o Gerardo Díaz Ferrán. Los siete hijos de Jordi Pujol y el propio patriarca no han pasado un solo día entre rejas, pero se ha tenido en prisión casi un año y medio a Isabel Pantoja por unos hechos infinitamente menos graves que los que se imputan a los grandes agitadores del nacionalismo catalán del último medio siglo.

Es cierto que el Derecho tiene tecnicismos que no todo el mundo puede comprender; pero cuando una resolución judicial resulta no sólo incomprensible sino jurídicamente inexplicable es un claro síntoma de que algo no está funcionando bien en una sociedad que tiene por uno de sus grandes pilares la igualdad de todos ante la Ley.

Si el sistema no es capaz de garantizar la igualdad, es urgente la adopción de las medidas que lo posibiliten; y si el problema es de un juez particular, debe ser apartado con la misma urgencia de sus funciones, pues el daño que puede causar es tremendo.

Por último, llama poderosamente la atención el escandaloso comportamiento de Podemos, acusación particular en el caso, que ni tan siquiera se ha sumado a la petición de la Fiscalía. Los que se decían azotes de la corrupción demuestran, cada vez que tienen la menor oportunidad, que son los grandes cómplices del nacionalismo antiespañol y que las únicas persecuciones que les interesan son las políticas.

(EDit. LD.)

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