miércoles, 15 de marzo de 2017

LA COBARDÍA POLÍTICA DE RAJOY

 (Rajoy es un cobarde político. Pedro Sánchez- no es no- es un sectario irresponsable que permitiría un referendo soberanista ilegal. La nación española le importa muy poco.

 

Pablo Iglesias desprecia a España. Incluso se ha ofrecido a manifestarse en las calles catalanas si el gobierno impidiera- con la ley en la mano- que el proceso ilegal separatista siguiera delante. Le gustaría algo así como una 'Confederación de Pueblos Ibéricos'. No me conviene decir lo que pienso.


No tengo palabras para manifestar mi desprecio a todos ellos.)

 

LA COBARDÍA POLÍTICA DE RAJOY.

Mensaje de Pérez de los Cobos al Gobierno: "El Tribunal Constitucional no puede resolver el problema catalán".

Tras los repetidos dictámenes del TC ignorados por el Gobierno catalán, De los Cobos ha admitido que el tribunal no sirve para frenar al separatismo. (ld)

 

 

LOS SEPARATISTAS NO SÓLO PIAN EL ACELERADOR.

 Un día después de que el TSJC condenara a Artur Mas a la ridícula pena de dos años de inhabilitación para cargo público por el gravísimo ataque al Estado de Derecho que constituyó la ilegal consulta secesionista del 9-N, su partido y sus compañeros de viaje separatistas han decidido pisar el acelerador en su desafío a la Constitución y al propio estatuto de autonomía catalán mediante la aprobación de una ponencia conjunta para alterar el reglamento de la Cámara regional y permitir la aprobación, sin debate y por el procedimiento de urgencia, de las llamadas "leyes de desconexión" con el Estado.

Se trata de las tres leyes –radicalmente inconstitucionales, y relativas a la Hacienda propia, la Seguridad Social catalana y la ley de transitoriedad jurídica– cuyas ponencias ya fueron anuladas por el Tribunal Constitucional el pasado 23 de diciembre, pero que el Gobierno golpista de la Generalidad está decidido a aprobarlas, para mayor burla del ordenamiento jurídico y de la propia Cámara regional, de manera conjunta y tras una somera lectura de un par de horas, facultando, a su vez, al presidente de la Generalidad para convocar la nueva y no menos ilegal consulta secesionista que ha prometido, junto al vicepresidente autonómico y líder de ERC Oriol Junqueras, para finales de verano o principios de otoño.

No hacía falta ser advino para saber que la bochornosa sentencia del TSJC no iba a servir en absoluto para restablecer el imperio de la ley en Cataluña, sino, más bien, para dar alas a los secesionistas, que constantemente la vulneran desde las instituciones. La celeridad y firmeza de los separatistas a la hora de atentar contra la legalidad constitucional contrasta con la lenidad, lentitud y hasta renuencia del Gobierno central y la Justicia a la hora juzgar y castigar sus delitos. 

Buena prueba de esto último es que el TSJC todavía no ha sentado en el banquillo a la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, por su desobediencia al TC al permitir que el Pleno votara la hoja de ruta independentista.

Más elocuente aún es el caso omiso que la Generalidad dispensó a la resolución del TC que anulaba la creación de su Conserjería de Exteriores y el hecho de que esto no haya generado querella alguna por desobediencia; o que ni siquiera haya sido sometida a tribunal alguno la constitucionalidad de organismos que, como el Consejo Asesor de la Transición Nacional de Cataluña, son sufragados con el dinero del contribuyente a pesar de no ocultan ni en el nombre sus pretensiones anticonstitucionales.

Lo peor es que toda esta impunidad se está trasladando a la calle. Así, un grupo de energúmenos separatistas ha agredido este martes a unos jóvenes de Sociedad Civil Catalana que trataban de repartir folletos en la Universidad Autónoma de Barcelona a favor de la concentración contra el procés que se celebrará el próximo domingo en la Plaza Urquinaona de la Ciudad Condal a las doce del mediodía.

Los responsables de este estado de cosas son los que vulneran la legalidad y los que rehúyen su obligación de hacer cumplir las leyes. Ya dice el dicho popular que quien no teme la pena, no teme el delito. Aquí, visto lo visto, los únicos que parecen temer la pena son los que tendrían que aplicarla con la mayor severidad.

(Edit. ld.)