(Opino que la pregunta fundamental es si el pueblo español aprenderá algo de esta importantisima crisis, o si seguirá votando- en las próximas elecciones- a gobiernos social-comunistas.
Si se produjera lo segundo, no tengo duda de que nos convertiríamos en la Venezuela de Europa. Lo que sería una tragedia.)
DEMAGOGIA POPULISTA. (Un castigo añadido a las empresas.)
No hacen falta muchas más pruebas para concluir que el Gobierno está absolutamente desbordado y dividido sobre el modo de afrontar la respuesta a la crisis del coronavirus.
Desde el punto de vista sanitario, la imprevisión es más que elocuente. Sobran las señales. Pero desde el punto de vista económico y sociolaboral, también es evidente que el Ejecutivo no había ni siquiera intuido la magnitud de la catástrofe que se avecinaba, con casi dos millones de españoles que habrán perdido su empleo en marzo.
La formalización de expedientes temporales de regulación de empleo ha pillado desprevenido al Gobierno, que no da abasto a su tramitación jurídico-legal. Los autónomos permanecen en una confusión absoluta y con la percepción generalizada de haber sido engañados con la propaganda gubernamental. Y ahora, miles de empresas verán penalizados su presente y futuro con una decisión carente de sentido y demagógica, como es la de prohibir temporalmente los despidos mientras dure la tragedia.
Sostener que el empresario despide a sus empleados por diversión, o con la única coartada de lograr más beneficios a costa de la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores, es un clásico en el discurso populista de Podemos.
Pero nada está más alejado de la realidad. Siempre fue absurda la criminalización de los empresarios, pero finalmente Pedro Sánchez ha sucumbido a las tesis de Podemos en el Consejo de Ministros. Y todo, para tratar de revertir la desastrosa imagen que está dando durante la gestión de esta crisis. De nuevo, La Moncloa no recurre a la lógica y a la necesaria adaptación a las circunstancias, sino a una retórica neomarxista que va a hipotecar la supervivencia de buena parte de nuestro tejido empresarial.
Recurrir ahora al populismo ideológico es una decisión errónea que acarreará graves consecuencias a largo plazo. La medida aprobada por el Consejo de Ministros no solo va a generar más incertidumbre laboral, sino que añade un plus de inseguridad jurídica al drama social que vive España. No es legítimo que el Gobierno ponga en duda sistemática la ética de la práctica empresarial, la lógica de la globalización y la sociedad de libre mercado.
Es tanto como olvidar que las empresas y los autónomos son los únicos entes reales capaces de crear empleo solvente. Es, en definitiva, un paso más en el proceso de estatalización de las relaciones laborales por la vía de la intervención directa de un Gobierno sin rumbo y en constante improvisación.
De algún modo, se decreta el hundimiento forzoso de miles de empresas, que se verán abocadas a un cierre definitivo por cese de actividad en lugar de tener la opción de proteger sus empleos a futuro, aunque sea a costa de que el virus nos fuerce a todos a una temporal merma de nuestra capacidad laboral.
(Edit.ABC/28/3/2020.)
DE MAL EN PEOR; EL GOBIERNO DEL 8-M SE PONE CHAVISTA.
La pandemia del Covid-19, que está colapsando el sistema sanitario nacional, amenaza con provocar la mayor crisis económica de nuestra historia reciente. El FMI ha advertido de que el descalabro puede ser peor que el de 2008, y entidades como Goldman Sachs vaticinan un batacazo de nuestro PIB de hasta el 9%. Terrorífico.
En estos momentos, la prioridad debe ser atajar la expansión del coronavirus y reducir el número de contagios y fallecimientos; pero si no se activa ya un plan económico de emergencia sensato, las consecuencias pueden ser devastadoras. En el plano sanitario, el Gobierno de Sánchez ha pasado de la inacción negligente a la mentira descarada. En el económico el panorama no parece más promisorio, con al menos la mitad del Gobierno deseando con gran infamia aprovechar la ocasión para aplicar medidas muy queridas por socialistas y comunistas pero que podrían tener efectos catastróficos.
En un primer momento, el imposible doctor en Economía Pedro Sánchez presumió de poner encima de la mesa nada menos que 200.000 millones de euros para hacer frente a los estragos de la pandemia, pero esa fastuosa cifra nunca llegará a la economía real. Tampoco supondrá un colchón o un balón de oxígeno para el contribuyente y el sector productivo, como suplican los más afectados. Sencillamente, ese dinero no existe.
El fraudulento plan social-comunista consiste en una serie de avales bancarios garantizados por el Estado y unos aplazamientos tributarios muy concretos que resultan más escandalosos cuanto más se va conociendo de ellos. Así, el Consejo de Ministros del martes dio luz verde a la primera línea de avales por valor de… 20.000 millones de euros; pues bien: no han pasado dos semanas y el Gobierno intoxicador ya le ha quitado un cero a su magno plan de choque.
Por supuesto que no acaban ahí los desafueros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiso explicar a las empresas en qué iban a poder gastar los créditos que tienen que pedir a los bancos para sobrevivir. Poniendo en evidencia hasta dónde llega su voracidad recaudatoria, la inverosímil ministra Montero habló de pagar facturas y salarios… y de atender a las "obligaciones tributarias". Increíble pero cierto: en momentos de tremenda aprensión e incertidumbre, a los empresarios a los que se les viene el mundo encima mientras tienen forzosamente paralizada la actividad laboral, Montero quiso recordarles que no deben olvidarse de los impuestos.
Hacienda no sólo se niega a levantarles el cepo, es que pretende prestarles dinero para que paguen impuestos.
Por otro lado, en el Gobierno social-comunista que habla y no para de lo crucial que es dotar a la sanidad de los recursos que merece sólo va a destinar al gasto autonómico en este rubro un irrisorio 0,15% de aquellos increíbles 200.000 millones voceados. Apenas 300 millones de euros tendrán las CCAA para curar a sus enfermos.
Las autonomías son las que controlan la mayor parte del presupuesto sanitario del país, con más de 62.000 millones de euros, y el Gobierno no les va a ampliar esa partida ni un 1%. Huelgan comentarios.
Y para rematar la fiesta, este viernes aparece la ministra de Trabajo, la bolivariana Yolanda Díaz, para prohibir en plan chavista los despidos y tener la desvergüenza de pedir "ejemplaridad" a los empresarios.
Habla de "ejemplaridad" el Gobierno del 8-M, el Gobierno de la ocultación y la desinformación permanentes. Repulsivo pero cierto.
Es imposible dejar de insistir: en el peor de los momentos, estamos en las peores manos. Este Gobierno es una maldición, una calamidad, una amenaza que no hace más que agravar una tragedia para la que hizo de funesto fulminante.
(Edit.LD/28/3/2020.)
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CRISIS DEL CORONAVIRUS.
Un modelo matemático confirma que el virus estaba 137 veces más disparado cuando el Gobierno lo negaba.
El estudio lo realiza el profesor Antonio Durán, del Instituto de Matemáticas de Sevilla y toma como base los casos en Andalucía. Según sus cálculos, el 8 de marzo -día en que el Ejecutivo socialcomunista azuzó las manifestaciones ideológicas en todo el país- habría en esta comunidad hasta 2.890 infectados reales. Ese día, Sanidad no ofreció cifras, algo que sí venía haciendo en las jornadas anteriores. Pero si se toman los casos confirmados el día 6, cuando el Gobierno aún negaba los riesgos del nuevo coronavirus, apenas eran 21 los confirmados en esta comunidad. Es decir, los contagiados reales serían 137 veces más. La cifra total de infectados en España era, según el balance de Sanidad, de 365. 5 personas habían fallecido ya a consecuencia de la enfermedad.El modelo permite deducir que, por entonces, el coronavirus ya estaba descontrolado.
(OkDiario/28/3/202o.)
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