Texto íntegro de la conferencia impartida por la diputada de UPyD:
Cuando aún no se ha cumplido un año desde la constitución de Unión Progreso y Democracia, vuelvo a Baleares para hablarles en este foro económico como Portavoz y Diputada de este partido nuevo que, en sólo seis meses, fue capaz de lograr la proeza de romper el bipartidismo y obtener representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. En sólo seis meses, pasamos de no existir a ser en la cuarta fuerza política nacional y la quinta fuerza parlamentaria en número de votos. Más de setecientos candidatos de Unión Progreso y Democracia – el ochenta por ciento de ellos no había formado parte nunca de ninguna candidatura electoral—representaron nuestro partido en todas y cada una de las circunscripciones electorales, tanto al Congreso como al Senado y a las Elecciones Autonómicas andaluzas. Todo un milagro, sí señor.
¿Cómo es posible que en unas circunstancias extremas, con tantas dificultades objetivas, logísticas, sin financiación pública ni privada, sin otros recursos que las aportaciones de simpatizantes y afiliados, en una campaña extremadamente polarizada entre el PSOE y PP, con una Ley electoral que prima el bipartidismo y a los partidos nacionalistas, con una participación que rondó el ochenta por ciento, hayamos conseguido el apoyo de trescientos tres mil quinientos treinta y cinco ciudadanos? ¿Qué ha hecho posible que la piragua se cuele entre los dos grandes portaaviones que nos tenían sitiados?
Los ciudadanos han logrado el milagro que ninguno de los representantes del establishment estaban dispuestos a permitir que ocurriera. Los fundadores de UPyD pensamos que España necesita un partido que defienda el Estado frente al particularismo nacionalista o el oportunismo de los partidos tradicionalmente nacionales, más preocupados por hacerse con el poder apoyados en quien sea y como sea. Para nosotros España es algo más que la suma de diecisiete Comunidades y dos Ciudades Autónomas. España, con logo o sin logo es una nación indiscutible; una nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley, un proyecto de vida en común delimitado en la Constitución del 78. Defendemos la unidad de la Nación española no como un valor sentimental, sino como el instrumento imprescindible para garantizar la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos españoles, cualquiera que sea su lugar de origen o residencia. Estamos por la España plural de los ciudadanos iguales y distintos; pero no por la España asimétrica de los territorios enfrentados, radicalmente contraria al principio democrático de igualdad. Somos un partido de ámbito inequívocamente nacional; tenemos un proyecto para España y para defenderlo vamos a proponer sin ningún tipo de complejo ni de hipoteca los cambios legislativos y constitucionales necesarios.
Creemos que es necesario revisar la actual distribución de competencias, atendiendo solamente al criterio de eficacia, igualdad y libertad. Proponemos que se modifique el artículo 150.2 CE incluyendo las materias exclusivas del Estado, entre las que debieran estar como mínimo las siguientes: representación internacional, educación y la legislación básica que afecte a sanidad, medio ambiente y urbanismo, sin desechar el estudio de otras materias como impuestos. Además proponemos que se establezca una mayoría cualificada e igual para la aprobación de las reformas de los Estatutos de dos tercios en cada Cámara.
Proponemos que se revise el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas para que las peculiaridades “históricas” no avalen privilegios. Eso significa, ni más ni menos, que hemos de impulsar la revisión del cálculo del Cupo Vasco y la Aportación Navarra. No se trata de “abolir” los fueros o “borrar” los derechos Históricos; lo que produce desigualdad de unos ciudadanos frente a otros es el cálculo, la aportación de esas dos comunidades a los presupuestos generales para que el Estado. Navarra aporta cada año 640 millones de euros por debajo de lo que le corresponde; y el País Vasco 2060. Ese cálculo es el que hay que corregir y lo digo hoy aquí en Palma porque primero lo he explicado en Pamplona y en el País Vasco. Es lo que debe hacer un partido con vocación de vertebrar el Estado: defender la misma posición política en cualquier parte del territorio nacional. Sabemos que los ciudadanos no se levantan cada día pensando en que hay que cambiar la Constitución; pero sí que muestran su descontento por las consecuencias de un marco indefinido, sometido a continua subasta entre los que ganan las elecciones sin la mayoría suficiente y las demandas de los partidos nacionalistas que ponen precio a sus apoyos al Ejecutivo. Nos gusta la autonomía; la del Gobierno de España también.
Pondré un ejemplo de algunas reformas urgentes que en España no se han abordado por desidia y/o por complejo:
La educación. No hay nadie hoy en nuestro país que se atreva a defender la calidad de nuestro sistema educativo. Estamos a la cola de Europa en niveles de calidad y a la cabeza en los ratios de fracaso escolar. Es verdad que hemos de exigir a los gobernantes que se destinen más recursos pero, eso sólo, por necesario que sea, no serán sino paños calientes; mientras España tenga diecisiete leyes educativas, mientras no exista control institucional previo sobre los libros escolares (sobre el contenido, no sólo sobre los enunciados), mientras ninguna autoridad sometida a control democrático pueda intervenir en lo que se estudia y lo que se deja de estudiar, seguiremos retrocediendo respecto de los países de nuestro entorno; y respecto de nuestra propia historia. Tiene poco sentido que mientras en Europa se camina hacia la homologación de titulaciones un joven español encuentre dificultades para trasladar su currículum al pasar de una universidad sita en una Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales a otra; o viceversa.
En coherencia con ese criterio, Unión Progreso y Democracia propone, entre otras reformas, las siguientes:
1. La devolución al Estado de la competencia en educación para garantizar la existencia de un sistema educativo nacional unitario, compatible con la estructuración de España en comunidades autónomas, seis de ellas con lengua cooficial. Las comunidades autónomas seguirán desempeñando tareas de gestión y desarrollarán algunas competencias propias en este terreno, pero siempre de acuerdo con el principio de un currículo básico igual en todas las comunidades autónomas, y con independencia de la lengua cooficial o extranjera en que éste se imparta.
2. El reconocimiento constitucional del derecho a la escolarización en las correspondientes lenguas maternas oficiales en las comunitarias bilingües garantizando el derecho de los padres y de los alumnos a escoger la lengua que prefieran a lo largo de la escolarización, sea el castellano o la lengua cooficial.
3. La aprobación de un Pacto de Estado por la Educación, suscrito por los principales partidos parlamentarios con el apoyo de los estamentos y entidades educativas (sindicatos, asociaciones profesionales y de padres, etcétera), que garantice la estabilidad básica de la legislación educativa durante un tiempo razonable (al menos 20 años).
4. Desarrollo legal de la autoridad del profesorado.
5. Apoyo a la educación laica. En este sentido, apoyamos el desarrollo de la Educación para la Ciudadanía, cuyo programa y contenidos deberán ser consensuados dentro del Pacto de Estado por la Educación.
6. Supervisión público del contenido de los textos escolares para garantizar, respetando escrupulosamente los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de conciencia, que sean básicamente iguales en lo esencial.
En la España que yo quiero el gobierno defenderá sin complejos el castellano como la lengua común de todos los españoles. Es uno de los principales factores de competitividad que como país les podemos brindar a nuestros jóvenes, una lengua que hablan más de cuatrocientos millones de ciudadanos en el mundo. En coherencia con este principio y para conseguir este objetivo Unión Progreso y Democracia ha presentado ya una Proposición de Ley Orgánica para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua.
Otras reformas constitucionales que proponemos afectarán a otro gran capítulo del modelo de Estado: la Justicia. No es de recibo que el máximo órgano de los jueces esté formado con criterios partidarios por jueces que son cooptados y nombrados para ejercer de “delegados” de los partidos políticos dentro del mismo. Ni es de recibo en un país moderno y democrático que el Fiscal General del Estado, por mor de su dependencia partidaria, tenga en su poder la capacidad de anular de facto la vigencia de una Ley como la de Partidos Políticos o de paralizar el trabajo de los fiscales. Hemos de cambiar las leyes para garantizar la independencia entre poderes y para proteger a los jueces y fiscales que quieran ejercer esa autonomía.
En ese sentido proponemos:
1. Que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelva a los criterios de elección de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, más acorde y respetuosa con lo regulado en el artículo 122.3 de la CE.
2. Que el Tribunal Constitucional pase de 12 a 15 magistrados modificando, por tanto, del artículo 159.1 CE. Para aumentar su mayor despolitización los 3 nuevos magistrados los elegiría el Consejo General del Poder Judicial.
3. Que el Fiscal General del Estado se elija por los mismos criterios (mayoría de 3/5 del Parlamento) que el Defensor del Pueblo. Modificación del artículo 124.4 CE.
Todas estas propuestas formaron parte de nuestro Programa Electoral. Nos parecía alarmante la situación de descrédito a la que había llegado la Justicia en España, la falta de independencia entre poderes y la desvergüenza con la que se llegaba a hacer gala de pertenecer ala la mayoría progresista o conservadora de los más altos tribunales a la hora de emitir o comentar un fallo. Después de los últimos acuerdos entre Zapatero y Rajoy nos parece que es aún más urgente promover un gran debate nacional. Que ambos dirigentes políticos le hayan llamado “el pacto por la Justicia” a repartirse el poder político-partidario en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional es algo que avergüenza a cualquier demócrata. Que ambos partidos hayan enterrado a Montesquieu es un síntoma peligroso para nuestra democracia y un ejemplo más que demuestra hasta qué punto hace falta en España un partido político que defienda el Estado.
Política antiterrorista. Es conocida la posición del partido al que represento en esta materia. Durante la última legislatura ETA ha vuelto a las instituciones democráticas del País Vasco, ha vuelto a llenar las calles de actos de terrorismo callejero, ha incrementado la extorsión a los empresarios… como consecuencia de una apuesta política personal e irresponsable de Rodríguez Zapatero que decidió romper el pacto más exitoso en política antiterrorista para someter la nueva política al control de los partidos que nunca quisieron la derrota de ETA.
Unión Progreso y Democracia defenderá sin ningún tipo de complejo y de forma inflexible un nuevo Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, un Pacto de Estado que tenga como objetivo la derrota de ETA y que se comprometa a poner en marcha todos los instrumentos del Estado de Derecho, ni uno más pero ni uno menos. La derrota de ETA es algo más que la detención y puesta a disposición judicial de sus comandos, por muy necesario que eso sea. Derrotar a ETA requiere la deslegitimación radical de toda su historia, de todos sus objetivos. La derrota de ETA conlleva el compromiso de Estado de que la banda terrorista, sus cómplices o los beneficiarios políticos de sus actos no conseguirán ninguna de las reivindicaciones políticas en cuyo nombre instauraron víctimas. Ni mientras maten ni para que dejen de matar. Sólo un Pacto de Estado quitará la esperanza a los terroristas.
Dado el Foro en que me encuentro y la situación por la que atraviesa España, terminaré hablando de economía. El Gobierno ha perdido un tiempo precioso negando la evidencia, empeñado en seguir gobernando contra la realidad. El Presidente Zapatero, empeñado en sonreír ante la adversidad, ha despreciado todas las luces rojas, todas las alarmas. Hasta el extremo que me permito afirmar que en esta materia uno de nuestros mayores problemas reside precisamente en tener un Presidente que lo fía todo a que la crisis dure menos de cuatro años y que, por tanto, lleguemos a las próximas elecciones en un nuevo periodo de crecimiento que él mismo se pueda apuntar. Suena exagerado, pero este diagnóstico admite cualquier análisis objetivo: es su forma de gobernar y si siempre le ha ido bien así, ¿por qué cambiar ahora?
Nuestro punto de partida al formular el Programa de Políticas Económicas y Sociales fue la consideración de las graves incertidumbres que inquietan a los españoles. Así, los españoles nos enfrentamos a un problema de sobre-endeudamiento de las familias —derivado del alza en los tipos de interés—, a un crecimiento importante de la inflación que refleja el encarecimiento del consumo corriente y la dificultad para afrontarlo debido al bajo crecimiento de los salarios, a un déficit exterior situado por encima del 10 por 100 del PIB —uno de los más elevados del mundo— que refleja la baja competitividad internacional de la economía española y que ha tenido que financiarse con un fortísimo aumento del endeudamiento exterior, de manera que la deuda acumulada supera los 700.000 millones de €.
En el primer trimestre de 2007, de los 35.400 millones de euros de déficit de la Balanza corriente de la UE a 27, España tenía el dudoso honor de ser responsable con 25.400 millones de déficit, del 72% del desequilibrio total de las cuentas externas de la UE, lo que unido a su elevada necesidad de financiación externa hace que el BCE, que la cubre y garantiza en sus políticas de estabilidad, empiece a preguntarse – como muy bien explicaba en un reciente artículo el Profesor Felipe Carballo, hasta donde pueden llegar los desequilibrios y veleidades de nuestro modelo de crecimiento sin poner en riesgo el propio sistema financiero de la Unión.
Estos elementos señalan que el modelo de crecimiento que se ha seguido durante las tres últimas legislaturas está agotado. Ya no es posible asentar el crecimiento del PIB sobre el aumento de una mano de obra extranjera a la que se retribuye con salarios bajos y se la emplea en la construcción, la agricultura o los servicios menos productivos; sobre la expansión desmesurada de la construcción de viviendas —pues se ha pasado de edificar unas 200.000 viviendas/año en la segunda mitad de los años 90, a 800.000 viviendas/año en la última legislatura—; y sobre la expansión de un consumo interior animado por un fácil acceso al crédito y unos bajos tipos de interés.
Como expliqué la pasada semana durante el debate con el Presidente del Gobierno, España debiera ser capaz de aprovechar la crisis para cambiar nuestro modelo el modelo de crecimiento. Porque el Gobierno actual heredó el modelo Rato-Aznar, que ya estaba obsoleto en 2004 y se ha limitado a aplicarlo, haciendo caso omiso de todas las señales de alarma que indicaban la necesidad de introducir importantes reformas estructurales.
Pero perplejos ante una situación que no querían reconocer –no es torpeza sino irresponsabilidad-- el Gobierno no ha acertado en el qué hacer ni en el cuando, hipotecado como está por medidas electoralistas de dudosa equidad como el cheque bebé y los cuatrocientos euros. Las medidas adoptadas el 18 de abril reflejan que por aquel entonces el Gobierno no había admitido que estábamos ante una crisis de nuestro modelo económico. Por eso ninguna de las medidas supuso un estímulo a la competitividad y productividad de la economía. De las medidas fiscales puestas en marcha cabe decir que ninguna de ellas favorece especialmente a las familias más necesitadas. Los 400 euros han supuesto 6.000 millones de euros repartidos entre dieciséis millones de ciudadanos. Por su carácter generalizado comprometen una enorme cantidad de recursos y no han producido un incremento de la demanda sino de la inflación
Las medidas del 14 de agosto son un triste reflejo más de lo que para el Gobierno es combatir la crisis económica: inyectar dinero sin definir para qué; vender como una medida contra la crisis lo que es una cesión a los nacionalistas (nuevo modelo de gestión aeroportuaria); hacer política de escaparate (¿realmente luchando contra el cambio climático se soluciona la crisis económica? ¿qué efecto tendrá sobre el crecimiento o el empleo la elaboración de la Carta de Derechos del Usuario de Servicios de Telecomunicaciones?); copiar y pegar (la medida adoptada en el ámbito de la política energética consiste en trasponer al ordenamiento jurídico español los objetivos comunitarios). Con todo, lo peor –más viniendo de un Gobierno supuestamente progresista— es que en ningún momento se haya tenido en cuenta la repercusión social de la economía. Una política progresista consiste en proponer medidas concretas para superar la crisis con un reparto equitativo (tanto personal como territorial) del coste de la misma. Por el contrario, el gobierno de Zapatero ha recurrido a medidas populistas del tipo Berlusconi, llegando incluso a elaborar un discurso en el que subyace que los emigrantes son parte del problema económico.
Enfrentarse de forma rigurosa y responsable a la crisis requiere combinar medidas de estímulo a corto plazo que alivien coyunturalmente sus efectos con reformas que permitan recuperar la senda de crecimiento. Por eso insistimos tanto en los problemas de la educación y en la necesidad de superar el fracaso de un sistema que no proporciona los conocimientos suficientes y que no aporta el capital humano necesario para que una parte sustancial de los empleos sea de calidad, altamente productivos para las empresas y bien retribuidos para los trabajadores.
Se requiere un cambio radical en la orientación de la política tecnológica y de innovación, reforzando el papel de las empresas innovadoras. No basta con poner más dinero: hay que utilizarlo bien. Según la última encuesta del INE del 2006, sólo el 25% de nuestras empresas lo son. Ese porcentaje estaba en el 30% en 2004, cuando usted empezó a gobernar y es del 40% en la media europea.
También es preciso mejorar las infraestructuras y el capital público. Por eso, ahora que está abierto el debate sobre financiación autonómica, queremos llamar la atención sobre el hecho de que para ayudar a los más necesitados no se pueden limitar los flujos entre regiones. Proponemos incrementar el Fondo de Compensación Interterritorial, para construir infraestructuras en las regiones más pobres y compensar así la disminución de fondos europeo. Es preciso sujetar el gasto corriente y a la vez dedicar recursos a la inversión.
Pero hay otro elemento de preocupación ante esta crisis: un país competitivo debe ser, necesariamente, un país unido. Un país en el que no existan mercados fragmentados, en el que esté garantizada la libre circulación de las personas y mercancías y los capitales no encuentre frenos. En esto también estamos fallando. El Club Financiero Vigo acaba de señalar que determinadas políticas lingüísticas son un freno para la competitividad de las empresas gallegas. Lo mismo se podría decir de lo que está ocurriendo en otras regiones de España, y desde luego aquí en Baleares. Quiero llamar también la atención respecto de los efectos negativos que sobre la economía y el empleo está teniendo la proliferación de regulaciones de ámbito autonómico. La Constitución le reconoce al Estado competencias para la armonización, pero el Gobierno ha renunciado a ejercerlas.La política española, dominada por las concesiones a los nacionalistas, está dejando al Estado sin instrumentos para desarrollar políticas económicas eficaces contra la crisis, que reclama una planificación racional centrada en el interés general y no en el de determinados partidos o elites regionales. El nacionalismo nos cuesta muy caro a los ciudadanos, aunque sea muy cómodo para algunos políticos que han perdido el sentido de estado. Lo que nos lleva a la triste conclusión de que, más allá de la crisis económica, España sufre una crisis política. Lamentablemente la crisis no sólo está en los mercados; está en las instituciones.
--------Hemos pasado de la calle al parlamento, como dice Carlos Martínez Gorriarán en el libro que cuenta el nacimiento de nuestro partido. Y estamos dispuestos a hacer política en la calle y en el Parlamento. Como dejó escrito Cesare Pavese, a veces la política es cuestión de legítima defensa. Lejos de su dramatismo, nosotros hemos formado este partido porque hemos llegado a la conclusión de que alguien tendría que defender estas cosas en las que, estoy segura, encontraríamos el consenso de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Bueno, pues aquí estamos. Y esto no ha hecho nada más que empezar.
Muchas gracias por su atención y su interés.
Palma de Mallorca, 18 de septiembre de 2008.
No hay comentarios:
Publicar un comentario