EL PROPIO 'DERECHO'

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• La realización arbitraria del propio 'derecho', o esto es la selva.
• La inseguridad jurídica que asola esta autonomía está traspasando su habitual expresión de las instituciones que cambian caprichosamente sus propias leyes, recalifican, descalifican, protegen y desprotegen de forma que ningún ciudadano de estas Islas puede estar seguro de los derechos y libertades que derivan y otorgan las propias leyes. Ahora- como en el caso de la invasión de la piscina de Pedro J. Ramírez, como en la violencia perpetrada en el Cami dels Cavalls menorquín y en tantos casos más- se pasa ya a la “acción directa” de determinados grupos en forma de realización de lo que estiman es su derecho.

• Se ha llegado a tal extremo de inseguridad jurídica que se han invertido los términos que definen y perfilan el derecho de propiedad: hoy, el propietario de una finca o de una casa, ante un invasor, es el que tiene que “demostrar” al invasor que es el propietario a pesar de que la “apariencia de buen derecho” y los signos externos y registrales que suelen acompañar la propiedad definan, a priori, el bien digno de protección “frente a todos”. Una jueza de Menorca llegó a insinuar, en escandalosa sentencia, que el propietario del Cami dels Cavalls podría haber incurrido, creo recordar, en un delito de coacciones por intentar impedir que arrancaran el candado de sus barreras. Yo propuse a los propietarios agredidos en sus bienes que acudieran al domicilio de la jueza, forzaran la puerta y la denunciaran a continuación por intentar impedir el acceso a su casa. Y es que estaba fuera de toda duda que el propietario del Cami era el legal e indiscutible propietario de aquel trozo de tierra: le fue expropiada, con todos los requisitos de la ley de fijación de precio, audiencia del interesado y motivación, lo cual es el supremo reconocimiento de la propiedad. Sólo se expropia cuando hay propiedad.

• Es lo que ha ocurrido con la acción de estos “ecologistas” que han arramblado con una barrera propiedad de un señor privado y ubicada en una finca privada de Pollensa. El señor Fiol, miembro del Grupo Gadma que, al parecer, asumen la autoría de la acción, tiene la caradura de declarar que “ todos conocemos nuestro deberes”, un implícito y paladino reconocimiento de que, entre los deberes que dice conocer, figura el respeto a la propiedad ajena y la intolerable violencia sobre la misma. Y, casi auto ahorcándose penalmente, continúa y justifica su acción, afirmando que, puesto que la Administración no lo hace, se toma, si se me permite la expresión, “sus derechos por su mano”, los que estima que son “sus” derechos, claro.

• Porque, ni siquiera el fervor ecologista o la convicción de “tener la razón” permiten, en un Estado de Derecho, esto que el Código Penal tipifica como “realización arbitraria del propio derecho”. Entre otras razones porque ni el señor Fiol, ni todos los ecologistas de este mundo ni el sumsum corda son quienes para decidir lo que es “su derecho”. Quién lo hará, en última instancia, serán los Tribunales, máxime cuando la “apariencia de buen derecho” y el sacrosanto principio registral o el transcurso del tiempo han consagrado una propiedad que debe poder ser usufructuada pacíficamente por el legítimo propietario. Lo contrario es tomarse la Justicia por su mano o la ley de la selva que es lo que está imperando en esta tierra. Posiblemente, lo único que les haría entrar en razón y comprender estas elementalidades a estos violentos ecologistas sería aplicarles a ellos la medicina que aplican a los demás. La confiscación no existe en nuestras leyes. Sólo existe en las mentes enfebrecidas e incívicas de estos violentos. (Antonio Alemany/LB)