Miguel Gil/ S.E., 03 de junio de 2012 a las 13:37 (PD)
La que sigue es una muy reducida muestra de gasto público perfectamente prescindible.
Con todo, un ahorro nada desdeñable que evitaría subidas de impuestos y racionalizaría la aún mastodóntica omnipresencia de la administración que, en demasiados casos se ha instalado como un factor de distorsión en el mercado además de suponer un coste inasumible.
1. Supresión de las diputaciones y mancomunidad de servicios locales:
El Gobierno aún perfila su gran reforma de la administración que, sin embargo, no contempla la supresión de las diputaciones. Conforman uno de los cuatro niveles de gestión pública que, salvo en los casos de las forales vascas y navarras, suponen uno de los máximos exponentes de las duplicidades y triplicidades administrativas del país.Los populares se opusieron a la propuesta electoral de Rubalcaba que abogaba por su supresión y que, según estimaciones del PSOE, supondría un ahorro de 1.000 millones de euros.
Su deuda se cifra en torno a los 3.000 millones y su actuación se defiende desde el PP principalmente por la labor que realizan ante los municipios de menos de mil habitantes. Argumento lógico que, sin embargo, podría suplirse con la mancomunidad de servicios que ya pretende el Gobierno.
2. Venta, cierre o gestión privada de las televisiones autonómicas:
El Gobierno ha aprobado esta misma semana la norma que permite la supresión, venta o gestión privada de las ruinosas televisiones autonómicas que distorsionan el mercado de la comunicación en nuestro país.Sin embargo, mientras en las autonomías se plantean ajustes en servicios elementales, las televisiones autonómicas acumulan elefantiásicas deudas como el déficit de la valenciana: 1.200 millones de euros.
El presupuesto de estos canales para este año asciende a otros 1.200 millones, cuyo 75% se cubre mediante dinero público y la deuda acumulada de las 13 cadenas autonómicas existentes en España se eleva a los 2.000 millones de euros.
3. Supresión de la cultura subvencionada (y más):
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año ofrecen partidas cuestionables frente a algunos de los polémicos ajustes y las subidas de impuestos."Acceso a la vivienda y fomento de la edificación, 820,11 millones de euros", por ejemplo, y después de que la partida se haya reducido un 31,7%.
Asimismo, se privilegia a un sector determinado del mercado como el transporte con la friolera de 1.614,30 millones de euros en "subvenciones".
Más. Respecto a las subvenciones a la cultura, se mantiene una dotación para "Artes escénicas y musicales" que se eleva a 205,94 millones de euros de los que al cine le corresponden 71,06 millones. Por otro lado, la Ayuda Oficial al Desarrollo de Exteriores, ya mermada, se presupuesta en 831,45 millones de euros.
4. Supresión de la financiación pública de los partidos, patronal y sindicatos:
La reforma de la Ley de financiación de partidos ha reducido un 20% su asignación anual, que en 2011 fue de 126.850.430 euros.Las fundaciones y asociaciones ligadas a las formaciones también han sufrido un recorte del 20%. Por su parte, patronal y sindicatos también verán reducida su asignación anual un 20%, un ahorro que el ejecutivo estima en 55 millones de euros.
Ahora bien, todas estas cifras no incluyen las cuantiosas subvenciones indirectas que reciben tanto los partidos como la patronal y los sindicatos, que elevan sustancialmente su coste para los contribuyentes.
5. Supresión de duplicidades y triplicidades:
El Gobierno ya ha anunciado que se propone racionalizar la gestión pública bajo la premisa de ‘una competencia, una administración' para evitar las actuales duplicidades y triplicidades que tienen como máximos exponentes a los defensores del pueblo, del consumidor, tribunales de defensa de la competencia, comités audiovisuales, consejos consultivos, agencias de protección de datos, consejos económicos y sociales, agencias de calidad etcétera.Ahora bien, todos estos organismos no suponen la principal causa de despilfarro público de las duplicidades, ya que el grueso se sustenta en competencias repetidas con sus correspondientes partidas de gasto.
6 Privatizaciones:
El Ejecutivo de Mariano Rajoy perfila los últimos detalles de un importante plan de privatizaciones que permitiría al Estado alcanzar unos ingresos de unos 30.000 millones de euros.Entre las sociedades candidatas a pasar a manos del capital privado se encuentran Renfe o Loterías. El gran hándicap que se encuentra el Gobierno es la inestabilidad de los mercados financieros, que amenazaría con una colocación en el mercado casi a precios de saldo.
Algo que desde la Comunidad de Madrid se ha argumentado para retrasar la salida a Bolsa del Canal de Isabel II.
7. Venta de propiedades inmobiliarias:
Se calcula el Estado tiene propiedades por un valor superior a los 40.000 millones de euros. Hace un par de año, la consultora Aguirre Newman tasó en 8.500 millones de euros los inmuebles de que la Administración General del Estado tiene en Madrid.Se calcula que los inmuebles de la administración en toda España son cinco veces mayores que los que existen en Madrid. Caso aparte serían el de las comisarías, oficinas de la Agencia Tributaria, de Correos y otros organismos, de los que también podría desprenderse.
8. Lucha contra la economía sumergida:
La amnistía fiscal que ha propuesto el Gobierno busca el objetivo de recaudar 2.500 millones de euros, que debe materializarse en los próximos meses. Este borrón y cuenta nueva supone que los defraudadores podrían legalizar su situación con el pago del 10% de la carga impositiva eludida.Los Técnicos del Ministerio de Hacienda consideran que el mayor potencial de recaudación se encuentra en esta actuación.
El Gobierno podría ingresar en las arcas públicas nada menos que 38.500 millones de euros si la tasa de economía sumergida se reduce en diez puntos, cuatro veces más de lo que entraría en caja con una subida de dos puntos del IVA. La economía sumergida se estima que alcanza en España el 22,5% del PIB.
9.Ajustes en la Administración:
Cuando tomó el timón del país, el Gobierno se limitó a suspender las nuevas contrataciones en la administración pública, con el objetivo de que las jubilaciones anuales reduzcan el número de funcionarios.En buena parte de los países los ajustes han supuesto el adelgazamiento de la maquinaria del Estado a través de despidos. Los economístas aseguran que el potencial del Gobierno en este sentido se encuentra casi intacto.
El Ejecutivo, al igual que las comunidades autónomas, podría lograr ahoros de varias decenas de miles de millones de euros en epígrafes concretos de los PGE.
10. Figuras impositivas:
Los inspectores de Hacienda acaban de detallar cifras sobre el potencial de ingresos de determinadas figuras que podría establecer el ejecutivo de Mariano Rajoy.Un impuesto a las transacciones financieras aportaría 4.500 millones de euros, la prohibición de las operaciones en corto contra la deuda pública llevaría al ingreso de 1.400 millones.
Una tasa sobre la riqueza llevaría a ingresar 3.399 millones. También aseguran que recaudarían casi 14.000 millones de caja con un nuevo tipo del 35% en el Impuesto sobre Sociedades, pero este gravamen perjudicaría el crecimiento.
NOTA.- leer artículo original en 'La Gaceta'
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