TIRO AL PLATO

 TIRO AL PLATO, QUE NO ES DE LOS NUESTROS.


 

DÍVAR, O LA PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD.

Una de las servidumbres que toda autoridad o cargo público debe asumir en una democracia es que no es necesario esperar a que un tribunal dictamine que es culpable de un determinado ilícito para presentar su dimisión. Aunque nadie deba perder en ningún momento la presunción de inocencia hasta que una sentencia dictamine lo contrario, el hecho de ver a un representante político o a una alta autoridad del Estado sentarse en el banquillo, aunque sea a raíz de una acusación que aún no ha sido acreditada, es suficiente para reclamar una distinción entre las responsabilidades políticas de las penales.

Ahora bien, tampoco es de recibo que cualquier denuncia, por infundada que esté, baste por sí sola para forzar la dimisión de un representante político o autoridad del Estado. En tal caso, bastaría cualquier enemistad o animadversión manifiesta del denunciante hacia el denunciado para acabar de un plumazo con la carrera pública de este último.

Desde hace meses el grupo Prisa y otros medios de comunicación progresistas están llevando a cabo una campaña mediática contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, que cristalizó en una denuncia contra él presentada ante la Fiscalía por el vocal del CGPJ Manuel Gómez Benitez y en la que acusaba a Dívar de haber cargado al presupuesto del Consejo una serie de gastos producidos en viajes de carácter privado.

Aunque no tuviésemos, precisamente, en alta consideración ni al grupo mediático que lideraba las informaciones contra Dívar ni al propio vocal denunciante –un antiguo negociador del Gobierno socialista con ETA y amigo íntimo del cesado juez Garzón–, nos pareció plausible la decisión de la Fiscalía de abrir diligencias y ordenar una investigación de la denuncia, por sorprendente que nos pareciera. Y es que, por mucho que encontráramos incoherencias en la denuncia y receláramos del denunciante, y por mucho que todos los gastos a cargo del CGPJ estuviesen acreditados por la responsable de la Intervención General del Estado, la Fiscalía tenía el deber de despejar toda sospecha.

El hecho es que, tras un diligente y pormenorizado estudio de los justificantes de viaje de Carlos Dívar, la Fiscalía del Tribunal Supremo decidió en un oficio de 21 de mayo "el archivo de las presentes diligencias por no ser constitutivas de delito alguno". En dicho oficio, y tras su estudio, la Fiscalía clasificó en tres grandes grupos los viajes de D. Carlos Dívar: "Los del apartado a), que no generan cargo alguno a las cuentas del Consejo al correr su Presidente, de manera personal, con el importe de los gastos por los conceptos de desplazamiento, alojamiento y manutención; los del apartado b), en los que, en principio, tienen consideración de viaje oficial, pero que se ven prolongados en actividades que podríamos considerar privadas, siendo éstas últimas abonadas consecuentemente con cargo a la cuenta personal del denunciado; y, por último, los del apartado c) que, de principio a fin, tuvieron carácter oficial y que lógicamente el Consejo se hizo cargo de los gastos generados por dichos conceptos".

Es evidente que si alguien se refiriese a los viajes incluidos en el apartado B como "viajes oficiales que en buena parte pagaba Dívar de su bolsillo" haría una manipulación muy clara de los hechos favorable a la imagen del presidente del CGPJ. Pero la manipulación no es menos descarada si, tratando de denigrarlo, se describiesen como viajes privados que en buena parte Dívar endosaba a los presupuestos del CGPJ. Esta última versión de los hechos es, sin embargo, la que buena parte de los medios de comunicación han seguido difundiendo y que, de hecho, ha servido para que la muy progresista asociación de juristas Preeminencia del Derecho ampliara recientemente la querella contra Dívar, la cual ha sido también rechazada en nuevo informe por la Fiscalía y, este mismo miércoles, por el propio Tribunal Supremo.

Ni que decir tiene que nadie ha pedido la dimisión como vocal del CGPJ de José Manuel Gómez Benítez, por la infundada querella presentada contra Dívar, sino que es éste quien sigue siendo el destinatario de las peticiones de dimisión, como es el caso de la planteada por la Asociación de Jueces para la Democracia. 

Es evidente que esas persistentes peticiones de dimisión no pueden tener más base que una presunción de culpabilidad que, de darla por cierta, debería dirigirse y acompañarse lógicamente de denuncia por prevaricación contra la responsable de la Intervención General del Estado que dio por buena la asignación de gastos, contra la Comisión Presupuestaria del Consejo que los aprobó, contra el fiscal que no ha visto fundamento en las querellas o contra los propios magistrados que también las han rechazado. En cualquier caso, lo que es evidente es que la campaña mediática y política contra Dívar va a seguir en marcha hasta en aspectos que atañen a su más estricta intimidad, que tal vez le fuercen a presentar su dimisión.

La lucha política que se libra en el seno del CGPJ es un secreto a voces y no busca la persecución del delito sino la caza del hombre. No es de extrañar, teniendo en cuenta la lamentable designación política de sus miembros. (edit.ld)