LA VOZ DE BARCELONA.
Sin derecho a una información libre y plural ninguna sociedad puede garantizar a sus ciudadanos la defensa democrática de sus intereses. Siempre ocurre en las dictaduras, pero también puede darse en democracias manejadas por monopolios ideológicos, lobbys económicos o épocas fascinadas por mentalidades totalitarias como el nacionalismo. Esto es lo que ocurre en Cataluña. En ella no hay un solo medio público que garantice el derecho a la información a los grupos sociales contrarios a la ideología nacionalista. Tampoco lo garantiza ninguno privado que viva de las subvenciones. En el campo digital todos viven de ellas. Menos uno: La Voz de Barcelona. Está escrito en castellano, es irreverente con el nacionalismo, defiende el constitucionalismo, y no está dispuesto a dejar de hacerlo ni por todo el oro del mundo.
Sólo en 2010, y únicamente desde la Consejería de Cultura, la Generalidad otorgó subvenciones directas a los diarios impresos por más de 10 millones de euros con la única condición de estar escritos en catalán. A esto se deben sumar más de tres millones de euros para los medios digitales y otros 2,8 millones de euros para las radios y las televisiones. Y en 2011, únicamente desde el departamento de la Presidencia, los diarios recibieron 2,1 millones en subsidios. El caso más escandaloso es el favoritismo hacia el grupo Godó editor de La La Vanguardia; 5,5 millones de euros de subvenciones en 2011.
Puro nepotismo ideológico. La consecuencia es la profusión de noticias en defensa de la ideología nacionalista y la exclusión de todas aquellas que la cuestionan, llegando en algunos temas a levantar un muro de silencio para evitar su debate o su misma existencia. En el primer caso, y tomando a TV3 como referencia, no ha dudado en silenciar las formaciones críticas con el nacionalismo; mostrar su preocupación ante "un leve aumento" del número de anuncios en español; defender la discriminación de los castellanohablantes; promover el uso de términos como "expolio fiscal" para referirse al sistema de financiación autonómica;
programar homenajes a simpatizantes de la banda terrorista ETA; apoyar a los presentadores que hacen apología del independentismo; justificar la aparición de una diana con las siglas del PP en una serie producida por TV3; vetar la compra de películas en castellano; emitirpublirreportajes político-propagandísticos en defensa de la independencia o del concierto económico como si fueran documentales; promocionar los referendos secesionistas en los principales telenoticias;
favorecer económicamente a las productoras controladas por conocidos empresarios independentistas; denunciar supuestas conspiraciones de 'los grupos mediáticos españoles' contra TV3; y, en definitiva, reconocer la utilización de la televisión de la Generalidad como herramienta para la construcción nacional de Cataluña. (Antonio Robles/ld)
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