¿DE DÓNDE RECORTAN LOS NACIONALISTAS?
Pocos medios de comunicación han insistido tanto y desde hace tanto tiempo como Libertad Digital en la necesidad que tienen las comunidades autónomas de acometer una drástica reducción del gasto público para contribuir a la recuperación económica. El caso de la Generalidad de Cataluña es especialmente significativo, por cuanto el déficit y el endeudamiento público de esta comunidad es, tanto en términos absolutos como relativos, uno de los más altos de España.
Ahora bien, no todos los recortes, aunque tengan la misma cuantía, nos merecen una misma valoración. Los ajustes que está llevando a cabo el gobierno de Artur Mas no son sólo clamorosamente insuficientes sino que se caracterizan por ir dirigidos contra el bienestar ciudadano al tiempo que dejan intacto el despilfarro destinado a meras cuestiones identitarias.
Buen ejemplo de ello lo constituye el anuncio de que la Consejería de Bienestar y Familia dejará de enviar su aportación mensual correspondiente a septiembre y octubre a las residencias de ancianos y centros de discapacitados concertados. El anuncio ha coincidido con la noticia según la cual la Generalidad ha destinado más de un millón de euros para doblar 25 películas en catalán. Para ancianos y discapacitados no hay "liquidez", pero sí la hay para combatir esa "anomalía" que, para el nacionalismo, constituye el hecho de que los catalanes prefieran ver el cine doblado en castellano en lugar de hacerlo en catalán.
Otro tanto podríamos decir del derroche –cifrado en miles de millones- que también, y muy especialmente en Cataluña, constituye la existencia de las televisiones autonómicas, cuyos déficit y endeudamiento constituyen una autentica vergüenza y un saqueo al contribuyente.
Podríamos seguir con el despilfarro que suponen otras áreas de la liberticida política lingüística que padecen los catalanes, como el derroche que constituyen las "embajadas" de Cataluña en el extranjero, que sólo sirven para satisfacer los delirios identitarios del nacionalismo y como medio de colocación de parientes y amigos.
Capítulo aparte merecerían las empresas públicas dependientes de la Generalidad, cuya deuda ronda los 10.000 millones de euros, prácticamente la mitad de la deuda total de las empresas pertenecientes a las otras 17 comunidades autónomas.
En realidad, necesitaríamos muchos editoriales para mostrar los muchos gastos superfluos de donde se puede recortar mucho antes de quitar un solo céntimo a la ayuda de ancianos y discapacitados. Sirvan estos ejemplos, pues, como mero botón de muestra de hasta qué punto el bienestar real y tangible de los ciudadanos importa poco al nacionalismo comparado con la satisfacción de sus delirios identitarios. Para estos últimos nunca falta liquidez. (edit.LD)
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