APLICAR LA LEY

 (Las sociedades civilizadas aplican las leyes vigentes)

España es antes que la economía

Las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco del próximo día 21, junto a las que celebrará Cataluña apenas un mes después, suponen el mayor reto a que ha debido enfrentarse España en su historia reciente para preservar su unidad. La nación más antigua de Europa puede sufrir en el futuro inmediato el destino que la Historia reserva a los países creados artificialmente tras un cataclismo bélico y acabar desgajándose en miniestados insolventes, a poco que los nacionalismos identitarios cumplan sus amenazas y los partidos nacionales sigan haciendo dejación de sus funciones, como el PP, o colaborando directamente a la destrucción del país, como hace el PSOE.
La situación, ahora mismo, es la de dos regiones, País Vasco y Cataluña, en las que las formaciones nacionalistas, virtuales ganadoras de los comicios, ya han decidido por su cuenta que el orden constitucional es irrelevante y que a partir de la formación de los nuevos Gobiernos autonómicos pondrán en marcha sendos procesos para la secesión.
En el caso del País Vasco, las encuestas ofrecen un panorama desolador para el día después de las elecciones. Por primera vez, las fuerzas nacionalistas acapararían dos tercios de la Cámara autonómica. Es fácil suponer cuáles serán las prioridades del nuevo Gobierno nacionalista vasco  si tuviera el respaldo de los proetarras.
Por su parte, las fuerzas sedicentemente constitucionales, PP y PSOE, se enfrentan a unos resultados que seguramente empeorarán sus expectativas menos halagüeñas. Recibirán de esta forma el cumplido pago de los ciudadanos a su trayectoria reciente, en que ambos, el PSOE con menor disimulo que el PP, han preferido dar por buena la aberración de que una banda terrorista pueda arbitrar la política de un territorio por el mero haber dejado coyunturalmente de cometer asesinatos.
Cualquier catástrofe electoral para PSOE y PP en Cataluña y el País Vasco, por merecida, no debería extrañar ni preocupar al resto de españoles, si contáramos con un Gobierno capaz de actuar con la contundencia que la Carta Magna le permite para sofocar sediciones o rebeldías. Sin embargo, al Gobierno de Rajoy parece preocuparle muy poco esta ofensiva secesionista en dos de las principales regiones del país, porque lo importante, dicen el presidente y sus ministros, es la economía.
En efecto, la crisis económica tiene la gravedad suficiente como para que la clase política se vuelque en solucionarla. Ahora bien, dado que los nacionalismos vasco y catalán pretenden utilizar estos momentos de dificultad para alcanzar sus aspiraciones ilegítimas, el Gobierno tiene la obligación de aquilatar su régimen de prioridades para dar cumplida respuesta a un desafío que va mucho más allá de la mera coyuntura económica.
De las crisis económicas se sale. De procesos arbitrarios dedicados a destruir una nación milenaria, quizá no, o seguramente muy mal. Ojalá el Gobierno de España comience a tener en cuenta esta vital distinción. Antes de que sea demasiado tarde. (edit.ld)
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Firmeza, firmeza

 

Cataluña advierte que si Madrid no le genera el pago, abandona España

El Gobierno de Mariano Rajoy ha pedido a la UE que se pronuncie con claridad y contundencia a propósito del secesionismo en el seno de la propia Unión. Y es que, pese a que debería resultar evidente que una comunidad de las características de aquélla no puede aceptar la implosión de uno de sus componentes, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, galardonada con la Cruz de Sant Jordi en 1992, parece haber dejado la puerta abierta a que el desafío independentista de Artur Mas llegue a buen puerto.
Como dejó meridianamente claro Bruselas en 2004, ningún territorio de los que conforman los Estados integrados en la Unión Europea puede declarar su independencia de manera unilateral, y menos aún con la pretensión de que se lo considere un nuevo Estado miembro de la misma. Es lo lógico y razonable, hasta la ínclita comisaria luxemburguesa debería reconocerlo: seguro que no la obligarían a devolver la célebre distinción catalana por ello.
Hace bien, pues, el Gobierno en formular tal exigencia a la Unión. Pero haría aún mejor en demostrarse tan claro y contundente aquí, en Cataluña, o sea en España. Despejar cualquier duda acerca de su determinación a cumplir y hacer cumplir la ley y la Carta Magna a todo el mundo, empezando por el atrabiliario presidente Mas, que se regodea ufano en la deslealtad a España... y en el incumplimiento de las sentencias que emanan de nuestros tribunales. Un presidente autonómico, no lo olvidemos, que ha gobernado con el apoyo del PP (al que en tiempos no tan lejanos ultrajó acudiendo a un notario para hacer constar su rechazo a llegar a pacto alguno con él), partido con el que su formación independentista, CiU, aún tiene acuerdos institucionales, por ejemplo en la Diputación de Barcelona.
De Europa cabe esperar apoyo, no socorro. Somos nosotros los que debemos lidiar con y resolver nuestros problemas, no nuestros socios. Que eso son, no amos ni lacayos. (edit.ld)