(Ánimo, don Mariano, que la ley está de su parte. No se acojone.)
Referéndum ilegal
Cospedal, Gallardón y la impunidad de Mas
"Hoy, esas declaraciones [de Mas] son declaraciones y no son otra cosa,
pero no tengo la menor duda de que el Gobierno de España adoptará las
decisiones legales que estén a su alcance –todas y cada una de ellas–
para impedir que se practique ninguna actuación ilegal".
Hay que agradecer, en primer lugar, a doña María Dolores de Cospedal que, con estas palabras, no se haya referido al gravísimo desafío secesionista del presidente de la Generalidad como una simple "algarabía", sino como algo que, al menos, y en caso de llevarse a cabo, constituiría la comisión de una "actuación ilegal".
Ahora bien, el hecho de que "a día de hoy" las declaraciones de Mas no sean efectivamente más que declaraciones no es impedimento, en modo alguno –todo lo contrario–, para que el Ejecutivo del PP o su secretaria general hagan también una declaración informándonos a todos –y muy especialmente al Sr. Mas i Gavarró– de cuáles son "todas y cada una" de esas decisiones legales que adoptaría el Gobierno en caso de que el presidente de la Generalidad ejecutara su amenaza.
Lo digo porque somos muchos los que no nos fiamos un pelo del Gobierno de Rajoy, del que nos tememos se limitará en este asunto a plantear un recurso ante el Constitucional para que declare nula la ilegal convocatoria de referéndum de autodeterminación. Limitar, sin embargo, la acción del Gobierno a esa nada disuasoria "medida legal" significaría, simplemente, garantizar la impunidad del Sr. Mas, tanto como procurarle nuevo papel higiénico en forma de sentencia, tal y como ya ha sucedido con la abundante jurisprudencia de nuestros más altos tribunales, que han declarado ilegal la inmersión lingüística que se perpetra no sólo en Cataluña.
De lo que se trata es de saber cuál es la responsabilidad penal –si es que la va a haber– del autor material de esa "actuación ilegal", no de limitarse a declarar nulos o no vinculantes los resultados del delito. En este sentido, bien está que, poco después de lo declarado por Cospedal, el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, haya declarado: "Si hay un acto ilegal por parte de una persona, no creo que haya que castigar a los ciudadanos catalanes. A quien habrá que exigir responsabilidades es a esa persona". Sin embargo, el ministro no se ha atrevido a concretar ya nada más. Como mucho, y por anónimas "fuentes del Ministerio de Justicia", parece ser que el Gobierno descarta la posibilidad de introducir cambios en el Código Penal, aunque alertan: "Sin necesidad de modificar nada, Artur Mas ya incurriría en un delito".
No seré yo quien niegue ahora que, sin necesidad de modificar nada en las leyes, el señor Mas i Gavarró perpetraría con ese referéndum ilegal un delito castigado penalmente, tal y como ocurre actualmente con el vigente delito de desobediencia o el de usurpación de atribuciones. El problema está en que es el Gobierno del PP el que no se atreve, no ya a endurecer la ley, sino a recordar lo que ésta ya dice, porque, en el colmo de su estúpida irresponsabilidad y de sus insuperables complejos, aun teme que le acusen de poner la venda antes de la herida o de amenazar al Gobierno de Cataluña.
Lo peor es que los nacionalistas que amenazan con la comisión del delito aún tendrán la desfachatez de acusar al Gobierno de amenazarles, por mucho que éste abdique de su responsabilidad de disuadirles claramente con el peso de la ley.
Con este tipo de mensajes por parte del Gobierno del PP, no hay que reprochar a Mas que siga confiando en no tener que temer nada en lo personal y en no necesitar más papel higiénico que el que le procuran las sentencias de los tribunales españoles respecto a sus "ilegales actuaciones".
(Guillermo Dupuy/ld)
Hay que agradecer, en primer lugar, a doña María Dolores de Cospedal que, con estas palabras, no se haya referido al gravísimo desafío secesionista del presidente de la Generalidad como una simple "algarabía", sino como algo que, al menos, y en caso de llevarse a cabo, constituiría la comisión de una "actuación ilegal".
Ahora bien, el hecho de que "a día de hoy" las declaraciones de Mas no sean efectivamente más que declaraciones no es impedimento, en modo alguno –todo lo contrario–, para que el Ejecutivo del PP o su secretaria general hagan también una declaración informándonos a todos –y muy especialmente al Sr. Mas i Gavarró– de cuáles son "todas y cada una" de esas decisiones legales que adoptaría el Gobierno en caso de que el presidente de la Generalidad ejecutara su amenaza.
Lo digo porque somos muchos los que no nos fiamos un pelo del Gobierno de Rajoy, del que nos tememos se limitará en este asunto a plantear un recurso ante el Constitucional para que declare nula la ilegal convocatoria de referéndum de autodeterminación. Limitar, sin embargo, la acción del Gobierno a esa nada disuasoria "medida legal" significaría, simplemente, garantizar la impunidad del Sr. Mas, tanto como procurarle nuevo papel higiénico en forma de sentencia, tal y como ya ha sucedido con la abundante jurisprudencia de nuestros más altos tribunales, que han declarado ilegal la inmersión lingüística que se perpetra no sólo en Cataluña.
De lo que se trata es de saber cuál es la responsabilidad penal –si es que la va a haber– del autor material de esa "actuación ilegal", no de limitarse a declarar nulos o no vinculantes los resultados del delito. En este sentido, bien está que, poco después de lo declarado por Cospedal, el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, haya declarado: "Si hay un acto ilegal por parte de una persona, no creo que haya que castigar a los ciudadanos catalanes. A quien habrá que exigir responsabilidades es a esa persona". Sin embargo, el ministro no se ha atrevido a concretar ya nada más. Como mucho, y por anónimas "fuentes del Ministerio de Justicia", parece ser que el Gobierno descarta la posibilidad de introducir cambios en el Código Penal, aunque alertan: "Sin necesidad de modificar nada, Artur Mas ya incurriría en un delito".
No seré yo quien niegue ahora que, sin necesidad de modificar nada en las leyes, el señor Mas i Gavarró perpetraría con ese referéndum ilegal un delito castigado penalmente, tal y como ocurre actualmente con el vigente delito de desobediencia o el de usurpación de atribuciones. El problema está en que es el Gobierno del PP el que no se atreve, no ya a endurecer la ley, sino a recordar lo que ésta ya dice, porque, en el colmo de su estúpida irresponsabilidad y de sus insuperables complejos, aun teme que le acusen de poner la venda antes de la herida o de amenazar al Gobierno de Cataluña.
Lo peor es que los nacionalistas que amenazan con la comisión del delito aún tendrán la desfachatez de acusar al Gobierno de amenazarles, por mucho que éste abdique de su responsabilidad de disuadirles claramente con el peso de la ley.
Con este tipo de mensajes por parte del Gobierno del PP, no hay que reprochar a Mas que siga confiando en no tener que temer nada en lo personal y en no necesitar más papel higiénico que el que le procuran las sentencias de los tribunales españoles respecto a sus "ilegales actuaciones".
(Guillermo Dupuy/ld)
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