GOLPISTAS PERDONADOS, POLICÍAS PROCESADOS.
A todos los efectos. En lo político, se empezó a borrar tempranamente: desde el instante en que se dio entrada al golpismo en la mayoría gubernamental. Las consecuencias penales se borraron con el indulto y la supresión de la sedición. No pocos discutieron en su día que aquello fuera un golpe, pero la cuestión ha dejado de ser cómo definirlo. Ahora estamos en la indefinición pura, en la nada, en que no existió.
De ahí se infiere que no hay responsables y nadie paga, pero resulta que hay alguien que va a pagar. No los políticos ni las masas separatistas que lo ejecutaron. Tampoco los Mossos d’Esquadra que obedecieron la instrucción del Govern golpista de permitirlo. Los paganos de esta historia van a ser exactamente cuarenta y cinco agentes de la Policía Nacional.
El juez Francisco Miralles ha dispuesto sentarlos en el banquillo por delitos de lesiones y contra la integridad moral. Sus acusaciones se fundan, al parecer, en imágenes grabadas por los llamados ciudadanos: los golpistas de base. El juez debe ser el único que no sabe que la imagen es lo más engañoso que hay. Que unas imágenes den una visión distorsionada de lo que sucedió es más frecuente que lo contrario. Basta fragmentar o reducir el campo visual para que la distorsión se produzca. Se muestra entonces sólo una parte (la media verdad) o sólo lo que se quiere mostrar (la mentira), dejando fuera lo que ocurrió antes o lo que pasaba alrededor.
Pero el juez también debe estar entre los que no han visto una carga policial en su vida. Porque de lo que acusa a los agentes es de hacer su trabajo. El que tenían encomendado por orden judicial. Y el trabajo de desalojar a una multitud que se resiste empecinada a que la desalojen no es un trabajo que se haga con buenas palabras y palmaditas cariñosas en la espalda.
(Cristina Losada/LD/27/1/2023.)
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