(DOS MAGISTRADAS INDIGNAS.)
Editorial
Peligro en el Tribunal Constitucional
Las vocales Segoviano y Balaguer han respaldado saltarse la ley para atender el objetivo de Sánchez de ceder al nacionalismo, con un discurso que exige una respuesta contundente
Dos
magistradas del Tribunal Constitucional han coqueteado, en las últimas
horas, con la peligrosa y falaz idea de que la ley no es suficiente para
justificar el rechazo a las aspiraciones del independentismo catalán,
en la misma línea política que Pedro Sánchez y su Gobierno vienen
sosteniendo, de una manera frontal o indirecta, desde el comienzo de su
legislatura.
María Luisa Segoviano, recién
elegida por consenso por el Consejo General del Poder Judicial, se ha
descolgado con unas sorprendentes declaraciones en las que, si bien no
daba por aprobado el inexistente derecho a la autodeterminación, no lo
consideraba anatema.
Y su colega y tocaya
María Luisa Balaguer, vocal del órgano gracias a la promoción del PSOE
andaluz, ha llegado a sostener que la ley no es suficiente para
gestionar un problema político con límites legales y que, en
consecuencia, es legítimo soslayarla para alcanzar un bien supuestamente
mayor.
Se trata de dos posicionamientos
irresponsables, indignos de quienes han sido designados para custodiar
los valores constitucionales y en realidad parecen dedicarse a
alterarlos con una falsa apariencia de legalidad, pero muy indiciarios
de la política puesta en marcha desde la Moncloa.
Porque
se atisba en el horizonte una especie de legitimación de cualquier
maniobra que, al margen de los procedimientos inherentes a un Estado de
derecho digno de tal nombre, legalice un atraco a la soberanía nacional
adaptado artificialmente a las necesidades del presidente y los peajes
que le impone su nefanda intervención nacionalista.
La
Constitución es, ante todo, una norma que regula la convivencia entre
distintos y perfila las reglas para defender aspiraciones de toda laya,
incluso aquellas incompatibles con su letra y su generoso espíritu. Y
también fija los procedimientos para pelear democráticamente por esos
objetivos, respetando la manera de lograrlos para que nadie sienta
mancillado sus derechos.
Si sus custodios se
erigen en paladines de su destrucción, la democracia queda herida de
muerte. Y eso es lo que han hecho Segoviano y Balaguer al sugerir que
existe una manera de legalizar los ensueños nacionalistas al margen del
camino que imponen la ley y el sentido común, portadores de derechos
colectivos resumidos en el concepto de soberanía nacional.
Sus
excesos, indignos de dos magistradas cuyo conocimiento de la ley de
leyes aprobada en 1978 ha de darse por supuesto, confirman una deriva
sonrojante iniciada por el indulto a delincuentes, sin razón alguna como
demostró El Debate al publicar los expedientes secretos de la impunidad
de Junqueras y compañía; continuada por la derogación de los delitos
cometidos, para que nunca más tengan reproche penal; y coronada al
parecer por la legalización de sus aspiraciones.
Que
semejante secuencia la rubrique Sánchez es una lástima, pero no una
sorpresa. Pero que la firmen de algún modo dos magistradas del
Constitucional, cuyo mandato durará nueve largos años, es un escándalo
frente al que no caben medias tintas.
Si
grave es que una parte del Parlamento esté dispuesto a ceder lo que no
está en su mano, mucho más lo es que el órgano de garantías parezca ya
dispuesto a consolidarlo con un fraude de ley que merece ser señalado y
denunciado desde el primer minuto. Solo así tendrá remedio o, al menos,
la réplica que merece.
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