ALARMA POR SI ACASO.

ALARMA POR SI ACASO.

EL estado de alarma, cuyo decreto fue una chapuza jurídica y acaso resulte inconstitucional, sirvió en un momento dado para resolver un aprieto perentorio pero va a acabar convirtiéndose en otro testimonio de la incapacidad del Gobierno para solucionar el enésimo conflicto que no sabe cerrar después de haberlo abierto.

El pulso con los controladores no tenía plan B más allá de la militarización y de los golpes de autoridad, y a Fomento le pasan los días sin encontrar salidas estables del problema. A Rubalcaba, que es el que está a los mandos por abdicación de un Zapatero al que quizá le tiemblen las bambalinas morales ante unas medidas incompatibles con su democracia bonita, no se le ocurre ninguna fórmula civil para devolver la normalidad a los aeropuertos y está dispuesto a estabilizar la emergencia, es decir, a gobernar mediante un oxímoron que consiste en transformar la excepción en regla. La provisionalidad permanente es la última invención de este postzapaterismo de remiendos que improvisa tanto como el zapaterismo de escuela.

Las medidas excepcionales que contempla la Constitución están pensadas para crisis sobrevenidas, para socorrer catástrofes o hacer frente a dificultades extremas. Lo que no está previsto es su uso preventivo, su aplicación profiláctica como blindaje ante un eventual apuro, por lo que este estado de alarma por si acaso constituye una aberración democrática. El Gobierno no es capaz de garantizar el funcionamiento regular del tráfico aéreo y pretende cubrir su ineficacia con una suspensión parcial de garantías y una movilización del Ejército. Es decir, decreta un período especial para suplir su falta de eficiencia en la resolución de lo que, pasado el primer momento de sedición masiva de los controladores, no deja de constituir un contencioso laboral entre unos empleados y su empresa.

Ese contencioso no lo sabe arreglar Fomento. No puede despedir a los trabajadores rebeldes porque no tiene con quién sustituirlos, y nos los puede empapelar porque al cambiarlos por decreto de la jurisdicción civil a la militar se ha metido en un galimatías jurídico.

Al parecer, tampoco tiene capacidad de lograr que se cumpla el nuevo marco laboral si no es bajo la presión de los uniformes, lo que representa una absoluta demostración de incompetencia que no se justifica por la arrogante y ventajista chulería del colectivo de controladores ni por su posición estratégica. Lo que ha ocurrido es que el Gobierno del talante y el diálogo se ha embarcado en un pulso que no tiene manera de ganar salvo a través de la movilización militar, y el verdadero motivo de alarma es ahora su incompetencia para devolver la situación a cauces normales. Después de seis años, nueve meses y cuatro días de poder, Zapatero debería de haber aprendido al menos a gestionar un problema de convenios. (Ignacio Camacho/ABC)