SOCIALISMO REAL.

Según el letrado Manuel Núñez Arias

“Bermejo organizó con la instructora del caso la persecución al PP de Murcia”

07:29 (27-12-2010) |(La Gaceta)

Según el letrado Manuel Núñez arias, imputado en la ‘Operación Tótem', Bermejo organizó todo cuando todavía era ministro. Se reunió con la magistrada Navarro Artero, sobrina del portavoz del PSOE en Murcia, y los socialistas Saura, Collado y Espadas.

Juan E. Pflüger. Madrid

El abogado y promotor vigués Manuel Núñez Arias, uno de los principales imputados en la operación Tótem, ha iniciado acciones legales que pretenden poner de manifiesto una supuesta trama política del PSOE de Murcia para desacreditar a destacados dirigentes del PP.

Según el letrado, la operación se fraguó en una comida que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2007 en el restaurante El Chaleco de Alhama de Murcia. Allí se reunieron Mariano Fernández Bermejo, por entonces ministro de Justicia y diputado por Murcia; Pedro Saura García, secretario regional del PSOE; María Asunción Navarro Artero, juez sustituta de Totana y sobrina del portavoz del PSOE en Murcia, Alfonso Navarro Gavilán; y otros socialistas como Leoncio Collado y José Espadas. Una reunión que quedaría demostrada por la documentación a la que ha tenido acceso LA GACETA.

Como ha manifestado Núñez Arias, en esa reunión se decidieron los pasos que se debían dar para implicar a una docena de personas en una trama de corrupción urbanística que había sido denunciada, sin repercusión, nueve meses antes.

El objetivo eran dos políticos del PP: el diputado autonómico y antiguo alcalde de Totana, Juan Morales, y el actual edil, José Martínez Andreo. Para atacarlos se sirvieron de una acusación que, según la documentación consultada por este periódico, quedaría desmentida. La juez Navarro Artero, que de acuerdo con su nombramiento oficial no debería haber tomado posesión de su cargo hasta el 1 de septiembre, se encontraba al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Totana desde mayo de ese año. En la exposición justificada del auto de procesamiento, parte de un hecho falso que debía conocer, ya que la recalificación del suelo ya se había producido; sin embargo, ella consideraba que el terreno comprado por Núñez “estaba considerado como rústico”.

Sin embargo, el Plan General de Ordenación Urbana había sido aprobado en noviembre de 2005 y la firma del convenio para la construcción de 5.000 viviendas se produjo en septiembre de 2006. Además, al pasar las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), éste reconocía que “no se pone en duda la legalidad formal del convenio”.

Mediático

La denuncia parte de una grabación que el concejal socialista de Totana, Alfonso Martínez Baños, hizo a un intermediario que aseguraba que el anterior alcalde, Juan Morales, se llevaría una comisión por las transacciones de la recalificación urbanística. Según el informe de Nubia Inversiones, propiedad del abogado imputado, la cantidad a la que aludía el intermediario coincide con la que fue abonada ante notario por la sociedad a una empresa contratada para realizar las gestiones ante el ayuntamiento. Además, la Sección Criminalística de la Guardia Civil ha concluido que existen dudas sobre las personas que aparecen en la cinta, como lo confirma el informe realizado a petición del TSJM.

Pese a ello la juez ordenó una serie de detenciones y registros movilizando a decenas de agentes de la Guardia Civil. Éstos practicaron actuaciones que, en el caso de Núñez Arias, han sido denunciadas al considerar que se realizaron sin cumplir la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hechos que han motivado una querella criminal contra el cuerpo, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo.

Además, según el letrado, todo el operativo se hizo con previo aviso a medios de comunicación para airear lo más posible una acusación contra los populares. Para sostener ésta, Núñez se remite a dos hechos: que había periodistas de medios nacionales con habitaciones reservadas en el hotel Executive de Totana una semana antes de que el juzgado ordenase las detenciones y que cuando la Guardia Civil registró su casa y su despacho, había una docena de periodistas, pese a que las diligencias eran secretas y la actuación se produjo a las seis de la mañana.

Tanto el fiscal que intervino en la instrucción y la magistrada fueron condecorados por la Guardia Civil el 12 de octubre de 2009 en la comandancia de Murcia, lo que ha sido denunciado como posible delito de cohecho pasivo ante el Consejo General del Poder Judicial.

Otra de las acusaciones que pesan contra la juez Navarro Artero es que no tuvo en cuenta la existencia de un aforado en la causa, lo que ha motivado que el TSJM, al hacerse cargo del procedimiento, haya anulado la mayor parte de la instrucción.

La Fiscalía de Murcia también habría actuado por criterios políticos, siguiendo la información a la que ha tenido acceso este diario, al estar en manos de Manuel López Bernal, amigo del ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Ha iniciado 43 procesos contra políticos del PP desde que tomó posesión del cargo a principios de 2007, y de los que 41 han quedado archivados. Además, su esposa, Amparo Hornillos, es una de las abogadas que representa al PSOE murciano ante los juzgados.

Así, el juez del TSJM, Pérez-Templado, que instruye las diligencias será acusado de prevaricación porque “sabe que está manteniendo una imputación a sabiendas que no lo es, y además él mismo lo manifiesta”, señaló Núñez a LA GACETA. Una denuncia que se materializará en cuanto la Sala dictamine sobre el recurso de apelación interpuesto.