PLATAFORMA RECONVERSIÓN

Declaración de la plataforma reconversión.es sobre la agresión al orden constitucional promovida por los partidos separatistas en el Parlamento catalán

Los partidos separatistas catalanes, CiU, ERC, ICV y SI, han aprobado una resolución en el Parlamento de Cataluña el pasado 27 de septiembre que representa una grave agresión al orden constitucional y que anuncia la celebración de una consulta completamente ilegal en relación con una quimérica autodeterminación, con posterioridad a las elecciones autonómicas del próximo 25 de noviembre. 

Este hecho sin precedentes en un Estado Miembro de la Unión Europea, en la que rige como principio básico el de lealtad institucional, lo que implica el respeto escrupuloso al Estado de Derecho, constituye un acto de ingratitud, de insolidaridad y de irresponsabilidad.

De ingratitud, por la falta de reconocimiento del inmenso esfuerzo realizado en España a partir del pacto de la Transición para descentralizar el Estado y reconocer los hechos diferenciales.

De insolidaridad, por acometer semejante maniobra de debilitamiento de la imagen de España en la esfera internacional cuando más necesario es inspirar confianza y demostrar estabilidad en momentos en que millones de nuestros compatriotas sufren las consecuencias de la crisis.

De irresponsabilidad, por las imprevisibles consecuencias de un proceso de vulneración de la legalidad de esta naturaleza, que puede abocar a Cataluña y al resto de España a un conflicto interno, que nadie desea, y a un largo período de empobrecimiento material  y moral.

Ante un desafío a la Nación de esta magnitud y que le causa un daño tan considerable, el Gobierno tiene la obligación ineludible de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes vigentes, aprobadas democráticamente por el pueblo español en su conjunto, sujeto único e indivisible de la soberanía nacional. 

Por consiguiente, el Gobierno, en el caso de que la anunciada consulta se convocase por parte de la Generalidad de Cataluña, deberá aplicar sin la menor demora los artículos 161.2 y 155.1 y 2 de nuestra Norma Suprema, el primero para suspender una convocatoria flagrantemente contraria al ordenamiento en vigor, y el segundo para proceder, previa conformidad del Senado, a la inmediata intervención de la Comunidad Autónoma de Cataluña en los términos previstos por la ley al haber tomado sus autoridades una medida inequívocamente contraria al interés general de España con evidente vulneración de sus obligaciones. 

El Gobierno de la Nación no puede dejar abandonados a los ciudadanos catalanes en manos de quienes violen la Constitución, las leyes y la esencia de la democracia.

 

El Gobierno de la República, en el Decreto de 7 de octubre de 1934 por el que declaraba el estado de guerra para atajar la revolución en Asturias y la proclamación del Estat catalá por Lluis Companys, afirmaba: “Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que han cometido unos cuantos”. Tres años después, Manuel Azaña tomaba nota en su Diario en mayo de 1937 de “las muchas y muy enormes y escandalosas pruebas de insolidaridad y despego, de hostilidad, de chantajismo, que la política catalana ha dado frente al Gobierno de la República”. Algunos insensatos pretenden que la Historia vuelva a trazar un bucle desastroso y es deber sagrado del Gobierno evitar que se reproduzca la tragedia pretérita cortando de raíz la presente farsa con todos los medios que le presta su legítima autoridad. Cualquier Gobierno que no procediese de este modo perdería inmediatamente su legitimidad ante los ciudadanos y cualquier forma de respetabilidad en el concierto internacional.