LA IZQUIERDA ANTIESPAÑOLA

 

 (La izquierda antiespañola.)

 

 

(Dos libros muy recomendables, especialmente, 'La izquierda y la nación. Una traición políticamente correcta', porque es difícil de encontrar y, probablemente, es menos conocido. Pero permite entender el triste y preocupante papel político de los socialistas.)

 

 

HACER POLÍTICA.

 

Es sorprendente que la izquierda española todavía muestre dudas acerca de si debe o no apoyar al Gobierno central frente a la comisión flagrante de un delito contra la soberanía nacional, que es justo lo que pretenden los independentistas catalanes.

 Que esas vacilaciones las manifieste Ada Colau, mujer de lágrima fácil y corazón de piedra, hasta se puede entender: cada día dice una cosa distinta. 

Ahora bien, que Pedro Sánchez, que aspira a gobernar España –es decir, a que lo voten algo más de ocho millones de ciudadanos–, fluctúe de manera equidistante entre quien defiende la Ley y quien anuncia la comisión de un quebranto del armazón legal de su país es ciertamente para inquietarse por carecer de la más absoluta inteligencia política. 

Los socialistas, con Margarita Robles a la cabeza, de la que esperamos que nunca más vuelva a un juzgado, piden que se haga política con quienes quieren volar el Estado de Derecho. 

Hasta ahora, desde 1978 hasta aquí, no se ha hecho otra cosa que política. Tal vez va siendo hora de hacer cumplir la Ley. Que también es hacer política.

(Bieito Rubido/ABC.) 

 (Y el PP es un partido cobarde y acomplejado que no merece el apoyo ciudadano. Dan asco PP/PSOE, por diferentes motivos.

 Podemos, por contra, da miedo. Por su mentalidad totalitaria y antisistema.)

ROMPER ESPAÑA Y EL GOBIERNO.

El Consejo de Ministros del pasado viernes se descompuso al poner alguien sobre la mesa el editorial publicado por ABC, que destacaba el estupor reinante entre millones de ciudadanos ante la incapacidad del Ejecutivo para atajar el golpe de Estado perpetrado en Cataluña.

«La mayoría de los españoles se sienten indefensos y enojados, no entienden a qué espera el Gobierno para actuar», decía este diario centenario, haciéndose eco de lo que piensan no solo la práctica totalidad de sus lectores y de los votantes del PP, sino otras muchas personas de bien que pagan sus impuestos, cumplen escrupulosamente la ley y confían en la autoridad para que todo el mundo haga lo propio. La flecha dio en el corazón de un Gabinete fracturado por esta cuestión crucial.

Aunque sus voces no traspasen los muros de La Moncloa, hay cinco ministros y ministras abiertamente enfrentados a otros diez por la negativa de estos últimos a parar los pies de los sediciosos.

El grupo crítico, minoritario, propugna aplicar cuanto antes la ley de Seguridad Nacional, inhabilitar a quienes desde la Generalitat ignoran sistemáticamente el ordenamiento jurídico vigente, así como los mandatos del Tribunal Constitucional, y garantizar que la Guardia Civil se encargue de impedir la colocación de urnas para el referéndum ilegal del 1 de octubre, en caso de que los Mossos d’Esquadra obedezcan órdenes políticas y rehúsen cumplir con su obligación. 

En el extremo opuesto se sitúan los partidarios de las políticas de apaciguamiento que nos han traído hasta donde estamos. Diez mujeres y hombres poderosos, cuya postura se inclina a permitir que el próximo 1-O se celebre una consulta similar a la del 9-N y que centran sus esfuerzos en restar importancia a ese hecho, presentándolo ante la opinión pública como una pantomima carente de valor jurídico. 

O sea, lo mismo que se hizo entonces y con idéntico argumentario, distribuido ya entre los periodistas de cámara con la finalidad de preparar el terreno para otra claudicación disfrazada de «actitud dialogante» o «firmeza serena», según la terminología más reciente. El presidente, Mariano Rajoy, observa la disputa y deja hacer.

El Gobierno está partido en dos, dividido ante un desafío de proporciones colosales que la mayoría de sus integrantes prefiere minimizar o sencillamente ignorar, confiando en que acabe fracasando por sí solo. El motivo que aducen los defensores de esa postura se basa en la minoría parlamentaria del presidente, incompatible, dicen, con la adopción de determinadas medidas. Por ejemplo, la elevación del nivel de alerta de seguridad al grado cinco, que provocaría el abandono del PSOE del pacto antiterrorista.

 En su opinión, utilizar cualquier tipo de fuerza en Cataluña a fin de salvaguardar la legalidad conduciría inevitablemente al éxito de la moción de censura que ansían Iglesias y Sánchez, al proporcionarles un pretexto. 

La realidad, opinamos muchos dentro y fuera del partido en el poder, es que no fallan los diputados, sino la convicción y/o la valentía, porque cuando los escaños eran 186 la parálisis ante el chantaje fue exactamente la misma. Y porque la amenaza de frente popular podría conjurarse fácilmente adelantando la convocatoria de elecciones generales y dando la palabra a la ciudadanía, como pide a gritos la ocasión.

ABC se lo ha dicho alto y claro: «Un Estado no puede renunciar a la más elemental de sus funciones: hacer cumplir la ley y defender los derechos y libertades de sus ciudadanos». Un aldabonazo en la conciencia del Consejo de Ministros.

(Isabel San Sebastián/ABC.)