LLORAR, MAMAR Y MENTIR.

LLORAR, MAMAR Y MENTIR.

(Libertad Digital) El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, ha anunciado que los recursos obtenidos por las CCAA tras la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2006 superaron "por primera vez" los 100.000 millones de euros, un 12,7 por ciento más que el año anterior. La mitad de los recursos se los repartieron las tres regiones más grandes, Madrid, Cataluña y Andalucía. Sin embargo, si se calcula la financiación recibida por habitante las comunidades más beneficiadas son Cantabria (con 3.145 euros por habitante) y La Rioja (con 3.113).


En el otro extremo se situaron Madrid, Murcia (con 2.479 euros per cápita), Comunidad Valenciana (con 2.405), Baleares (con 2.437) y Canarias (con 2.400).

A pesar de ser una de las comunidades que más aportan al sistema, en Madrid, la financiación cayó hasta los 2.527 euros por habitante, por debajo de la media nacional (2.630). En comparación con el año anterior, Madrid y Murcia cayeron en 2006 por debajo de la media.

En cambio, Cataluña, una de las comunidades que más reclaman un nuevo sistema de financiación, recibió 2.651 euros por habitante, por encima de esta media nacional.





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Emilio González.

El Gobierno, con sus promesas, compromisos y propuestas en materia de financiación autonómica, se ha metido en un charco muy peligroso que jamás debió ni siquiera plantearse pisar. Los asuntos relativos con esta materia, cuando no se tratan con la delicadeza y corrección que requieren las circunstancias, acaban por estallarle en el rostro a quien se aproxima a ellos de forma imprudente, y el Ejecutivo de Zapatero lo ha hecho. Primero se comprometió con el tripartito catalán a publicar las balanzas fiscales de las distintas comunidades autónomas, luego dio el visto bueno al artículo del Estatuto catalán que pedía que el Estado destinara a inversiones en Cataluña el mismo porcentaje que la economía catalana representa en el total nacional y ahora se las ve y se las desea para salir de una trampa en la que se ha metido él solito sin que nadie le forzara a hacerlo.

La cuestión de las balanzas fiscales es extremadamente peligrosa. Cada cual las calcula según más le conviene, como acaba de denunciar el Instituto de Estudios Económicos, con lo cual será difícil ponerse de acuerdo en el método a seguir porque, sea cual sea el que se elija, que siempre será por criterios políticos, habrá alguien que se sienta agravado.

Pero eso no es lo peor. Lo peor es el riesgo que suponen semejantes estrategias para la unidad de España. Siempre que una región siente que paga más de lo que debe, que los territorios atrasados de un país están viviendo a su costa, vienen las tendencias centrífugas. Bélgica prácticamente se partió hace unos años como consecuencia del sentimiento reinante entre los flamencos acerca de que los valones estaban viviendo a su costa. La Liga Norte italiana nació y cosecha sus apoyos electorales gracias a ese mismo sentimiento en unas regiones que ya en la década de los sesenta conocieron serias tendencias separatistas como consecuencia de ese mismo motivo. Y los partidos que gobiernan Cataluña desde 2003 están utilizando esa misma estrategia para respaldar unas posiciones a medio camino de la independencia.

Por ello, el Gobierno jamás debería haber aceptado la propuesta de publicar dichas balanzas, no porque haya que ocultar realidad alguna, sino porque solo sirven para alimentar mitos nacionalistas basados en hechos que, hoy por hoy, no se dan. ¿Por qué pretende el Ejecutivo de la Generalitat que Cataluña está financiando a las regiones más atrasadas de España cuando más del 10% del presupuesto catalán procede del fondo de suficiencia, un fondo que financia el propio Estado? Desde luego, cuando la Generalitat habla de balanzas fiscales siempre se cuida muy mucho de recordar semejante dato, sobre todo porque las únicas autonomías que aportan dinero a dicho fondo son Madrid, Navarra, Baleares y La Rioja.

Después está la cuestión del modelo en sí. En Cataluña cuentan con que el Gobierno va a cumplir su compromiso, recogido en el nuevo Estatut respaldado por el PSOE de Zapatero en el Parlamento nacional, de destinar el 18% de la inversión pública a la región, el mismo porcentaje que representa la economía catalana en el total nacional. Pero ahora que llega la hora de la verdad, donde Zapatero dijo digo, ahora dice Diego.

Y es que dentro del propio Partido Socialista las voces discrepantes que surgieron entonces pero no tuvieron el valor de respaldar con votos parlamentarios sus críticas al nuevo Estatut, ahora dicen bien alto lo que antes se callaron para no provocar la caída del Gobierno de Zapatero, que el modelo catalán rompe el sistema de solidaridad interterritorial, uno de los pilares sobre los que se construye cualquier Estado moderno. Entre esas voces está del presidente tanto del PSOE como de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, quien en su momento criticó el modelo catalán pero no hizo que los parlamentarios socialistas andaluces votaran en contra del mismo. En cambio, ahora que Andalucía necesita dinero a manos llenas, entre otras cosas para cubrir las multimillonarias pérdidas de sus empresas públicas, Chaves dice lo que calló hace dos años y hace valer todo su peso político dentro del PSOE para frenar lo que nunca debió aprobarse.

Todo ello ha colocado a Zapatero en una posición política muy difícil. El presidente catalán, José Montilla, amenaza con riegos políticos si no se cumple el contenido del Estatut en materia de inversión estatal, y no hay que ser muy listos para presuponer a qué riesgos se refiere. Chaves, por su parte, no da su brazo a torcer porque se juega mucho, entre otras cosas, la supervivencia del sistema de estómagos agradecidos, de control sobre la sociedad a través del presupuesto regional, que ha mantenido a los socialistas andaluces en el poder durante tantos años.

Y Zapatero ahora no ve más salida que la lógica, la que siempre ha estado ahí y que debería haberse tomado desde un principio: el acuerdo con el PP para este tema, una de las grandes cuestiones de Estado en las que el presidente debería haber contado con la oposición. Uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y ahora que se avecina una tormenta muy seria en el campo de la financiación autonómica el Ejecutivo se acuerda del PP. Más vale tarde que nunca porque la posición del Partido Popular, en este caso, debería ser la de mantener un modelo basado en la solidaridad interterritorial, como pilar básico de la construcción de la España contemporánea. En lo demás, Zapatero deberá manejar la situación con mucho tiento y aprender la lección para evitar cometer errores de semejante magnitud en el futuro, porque lo que hay en juego transciende a las cantidades de dinero público que pueda recibir cada autonomía.