GOLPE DE ESTADO.

La consumación de un golpe de estado (II): Pueblos de primera y de segunda

1 de Julio de 2010 - 12:57:18 - Luis del Pino

Si algo bueno tienen los nacionalistas es que se les entiende todo. De Pujol o de Maragall se podrá decir cualquier cosa, menos que no hayan sido claros en sus manifestaciones acerca de las intenciones reales de los nacionalistas y la prevista evolución del "problema territorial" español. Recientemente, Pujol recordaba una obviedad, que él aplica, por supuesto, a Cataluña: "Un gobierno debe tener proyecto de país y, si no lo tiene, es un mal gobierno". Esa actitud impregna, desde la Transición, la política de los sucesivos gobiernos catalanes, independientemente del partido al que pertenezcan. Impregna, de hecho, las actuaciones de todos y cada uno de los miembros de esa oligarquía política, mediática, financiera y empresarial que detenta el poder en Cataluña.

Pasqual Maragall, debido a sus circunstancias, ha sido quizá el más verborreico, dejándonos perlas como la de que el nuevo Estatuto catalán resolvía el problema territorial para otros veinticinco años (pero no más, por supuesto) o como aquello de que las selecciones deportivas "del resto de España" deberían buscarse un nombre nuevo. Pasqual Maragall, por cierto, ya nos vaticinó cuál sería la resolución de Tribunal Constitucional en su carta de despedida, publicada en La Vanguardia el 30 de mayo de 2007: "El Estatut lo tocarán, pero poco". Clarividente pronóstico, aunque en realidad no resulta extraño: el final del proceso estaba previsto desde que se puso en marcha.

Pero las declaraciones que me interesa comentar son otras. Esta semana hemos tenido otro ejemplo de meridiana claridad nacionalista, con las palabras del republicano Ernest Benach, presidente del Parlamento de Cataluña. Después de conocida la sentencia del Estatuto, ha descrito el problema de fondo de una forma, a mi juicio, imposible de mejorar.

El Estatuto, ha declarado Benach, "era un pacto entre los representantes del pueblo de Cataluña en el Parlament y los de los pueblos de España a través las Cortes", un pacto que había sido "refrendado por los ciudadanos".

No se puede expresar mejor la esencia del problema. Efectivamente, el Estatuto es un pacto alcanzado por la clase política catalana y la clase política española. Con una importante asimetría: el resultado de ese pacto fue sometido a ratificación por parte "de los ciudadanos"... de Cataluña. Pero nadie ha consultado en ningún momento a los ciudadanos españoles, para conocer su opinión al respecto. Hay pueblos de primera, a los que se consulta o cuyo refrendo se busca, y pueblos de segunda, cuya opinión es irrelevante o incluso indeseada.

El resultado ha sido, por supuesto, la puesta en marcha de un auténtico "proceso constituyente " de la Nación catalana, sometido a consulta popular, al mismo tiempo que se "deconstruía" esa otra Nación llamada España, sin que la clase política española se haya dignado a preguntarnos a los españoles si estábamos de acuerdo o no con esa deconstrucción. Una secesión encubierta, decidida y autorizada por nuestros representantes políticos al margen de los procedimientos legales y de espaldas a esos ciudadanos a los que se supone que representan.

Poco importa si la participación de los catalanes en ese "proceso constituyente" fue mínima (sólo 1 de cada 3 electores censados dieron su aprobación al nuevo Estatuto), como también importa poco que el Partido Popular recogiera en su día 5 millones de firmas en contra del nuevo Estatuto, una muestra de rechazo difícilmente superable y que apunta a que jamás se habría autorizado esa reforma constitucional encubierta si se la hubiera sometido a referéndum en toda España.

Lo importante, al final, es que el marco legal resultante de la culminación de ese proceso de reforma estatutaria acaba con la Constitución del 78 por acuerdo interno de la clase política, sin que se hayan respetado los procedimientos de reforma marcados en la propia Constitución. La clase política española ha usurpado así, de forma directa, esa soberanía nacional que, según el artículo 2 de nuestra Carta Magna, "reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado."

El proceso que ha terminado desembocando en el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional representa así, se mire como se mire, un auténtico autogolpe de estado, destinado a preservar los delicados equilibrios de poder en que se asienta la política española desde hace 30 años. Un golpe de estado palaciego, ejecutado desde el poder, pero golpe de estado a la postre. Porque no se puede definir de otra manera una serie de actuaciones tendentes a subvertir la legalidad constitucional mediante el recurso a la política de los hechos consumados.

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Y yo me pregunto, si se ha producido un autogolpe de Estado ¿cómo debemos entender el artículo 8.1 de la Constitución y el papel de las Fuerzas Armadas? ¿No tienen como misión garantizar el orden constitucional? ¿No estarán traicionando a su propia misión constitucional si miran para otro lado, permitiendo un golpe de Estado?

'Las Fuerzas Armadas, constituidas por el ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional'.

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ANTECEDENTES.

25 Abril 2010.

LA PROCLAMA GOLPISTA DE MAS.

Ignoro en su literalidad cuáles han sido las declaraciones que el dirigente de CiU, Artur Mas, ha hecho este jueves a Antena 3, pero las que pronunció el miércoles por la noche en el programa de TVE 59 segundos, y en las que exigía a los miembros del Tribunal Constitucional que se "auto declararen incompetentes para juzgar la constitucionalidad" del nuevo estatuto catalán son, lisa y llanamente, una proclama golpista contra nuestro Estado de Derecho y una abierta incitación a que los magistrados perpetren un delito de prevaricación.

Si repugnantes han fueron las numerosas presiones al Tribunal Constitucional para que, más que en nuestra Ley de Leyes, se fije en el respaldo que "el pueblo catalán" ha dado al estatuto soberanista –refrendado en realidad, dicho sea de paso, sólo por una tercera parte de los ciudadanos catalanes con derecho a voto–, lo que ya resulta de juzgado de guardia es que un dirigente público incite abiertamente, y desde una televisión pública, a los magistrados del Constitucional para que dicten a sabiendas una resolución clamorosamente injusta, tal y como sería su delirante autodeclaración de incompetencia, en términos de legitimidad y legalidad, para hacer aquello que la Constitución precisamente les ha encomendado.

El dirigente de CiU argumenta su exigencia arremetiendo también contra esa institución básica de cualquier Estado democrático y de Derecho como es la división de poderes, y que Mas denigra como "choque de legitimidades entre los votantes y un tribunal". El golpe de Mas contra nuestro Estado de Derecho, aunque se enfunde de seda, es de tal dureza que de él saldría liquidado, no ya el Tribunal sino la propia Constitución. Y es que si aceptamos que basta que cualquier mayoría transitoria –incluida la que de forma tan ridícula refrendó el estatuto de marras– apruebe cualquier cosa, por inconstitucional que sea, para que sea definitivamente aceptada, ya me dirán ustedes para qué sirve en este asunto, no ya el Tribunal, sino la propia Constitución.

El Tribunal Constitucional no es que pueda juzgar normas aprobadas por refrendo popular, es que, desactivado el recurso previo de inconstitucionalidad, los únicos estatutos cuya constitucionalidad puede juzgar son precisamente aquellos que han sido aprobados por mayoría en refrendo popular. Y esto es así por la sencilla razón de que si no cuentan con ese apoyo no llegarían a ser aprobados y, por tanto ya no sería necesario que el Tribunal se pronunciara sobre ellos.

Si de verdad Mas no quisiera que el Tribunal Constitucional tuviera que juzgar ningún estatuto ya respaldado por referéndum, lo podría haber hecho legítimamente reclamando algo que jamás ha hecho en este asunto, como es el uso del recurso previo de inconstitucionalidad. Pero lo que hace Mas no es eso sino denigrar el equilibrio de poderes inherente a todo sistema democrático como si de un indebido choque de legitimidades se tratara. De esta forma Mas hace suya, "suaviter in modo", una concepción del derecho político y de la democracia propia del nacional-socialismo.

Esperanza Aguirre dijo en su día, con lúcida ironía británica, que cuestionar la competencia del Tribunal Constitucional para juzgar las leyes era "una idea original, pero antijurídica". Dar el paso, como ha hecho Mas, de exigir a los propios magistrados del Tribunal que sean ellos los que pronuncien en sentencia semejante afrenta contra nuestro ordenamiento jurídico y contra sus propias competencias, no es otra cosa que incitarlos a la prevaricación.

Sebastián Urbina.

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ANTECEDENTES. 10 Marzo 2010.

SOCIALISMO TRAIDOR ANTIESPAÑOL.

EP | BARCELONA

Actualizado Miércoles , 10-03-10 a las 15 : 23

El Parlament catalán aprobó hoy, con el apoyo de los socios del Govern y el rechazo de CiU, PP y C's, el proyecto de ley de consultas populares por vía de referéndum, que regula este tipo de consultas sobre temas de especial trascendencia para el conjunto de Cataluña y también las consultas de ámbito municipal, todas con la autorización previa del Estado.

El conseller de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, defendió la necesidad del proyecto, que llegó así al final de la tramitación con el aval del Consejo de Garantías Estatutarias, que la semana pasada emitió el dictamen que había solicitado el PP, y que consideró que su contenido respeta sustancialmente la Constitución y el Estatut, aunque expresó sus reservas sobre algunos artículos, que fueron corregidos vía enmiendas.

Tal y como explicó, el proyecto regula los referéndums sobre cuestiones políticas de trascendencia especial impulsados por el presidente de la Generalitat catalana; por el Parlament, a propuesta de una quinta parte de los diputados o dos grupos parlamentarios; por un 10 por ciento de los municipios, que deben representar como mínimo medio millón de ciudadanos, y por una iniciativa popular con el apoyo del 3 por ciento de la población.

Todas las consultas, pese a todo, requerirán primero el acuerdo de la mayoría absoluta del pleno del Parlament y, después, la autorización del Estado.

También los ayuntamientos

La normativa también regula los referéndums de ámbito municipal sobre cuestiones de la competencia propia de los municipios, impulsados a iniciativa del alcalde, de una tercera parte de los concejales y también con el aval de firmas de ciudadanos empadronados. Corresponderá al pleno del ayuntamiento acordar el referéndum por mayoría absoluta de los concejales, pero también deberá autorizarlos el Estado.

Ausàs reivindicó que la aprobación del proyecto de ley cumple una disposición más del Estatut, y que es jurídicamente "incuestionable". Lamentó así que su contenido no haya sumado los votos de la oposición, lo que no pudo entender ni compartir.

La normativa también regula los referéndums de ámbito municipal sobre cuestiones de la competencia propia de los municipios

Como réplica, la diputada de CiU Dolors Batalla afirmó de forma contundente que el proyecto está "mal enfocado, es incompleto y poco ambicioso", y que desde un punto de vista nacionalista es la expresión "de una renuncia disfrazada de ambición". Y es que, en su opinión, el texto no despliega todas las competencias del Estatut y desaprovecha la oportunidad de regular desde Cataluña consultas que no requieran el permiso del Estado. Por ello, cargó contra el tripartito, y en especial sobre ERC, a quien acusó de falta de voluntad política para avanzar en el nacionalismo y de hacer seguidismo de la política socialista. Además, reprochó que el tripartito esté aprobando leyes "vía exprés", lo que atribuyó a una cuestión electoral.

La diputada del PP Maria ngels Olano utilizó otros argumentos para justificar el rechazo de su grupo al texto que, a su juicio, obedece a un plan soberanista. Consideró que la normativa no es prioritaria ni recoge una demanda actual de los ciudadanos, y opinó que se está intentado "vender y confundir" a los ciudadanos sobre el objetivo que persigue este proyecto de ley. En la misma línea se pronunció el presidente de C's, Albert Rivera (Grupo Mixto), quien constató que no todos los catalanes son independentistas y que la ley no es una prioridad. Acusó al presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, de ser un "chollo para los independentistas", y al tripartito de buscar la confrontación y la separación con esta ley.
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SOCIALISMO TRAIDOR ANTIESPAÑOL.



Si es usted antiespañol, vote a Zapatero, a Montilla y a la cuadrilla. Pero no venga con milongas de progresismo y otras zarandajas izquierdistas para mantenerse en el poder a costa de todo.

Cualquiera puede ver que son pasos, y van muchos, para la Confederación anticonstitucional. Es una forma de aplicar 'de facto' un Estatuto Anticonstitucional que el Presidente Zapatero, irresponsablemente, prometió a los catalanistas.

Por cierto, que llevan aplicando desde hace tres años sin que pase nada. Gracias a la ocupación de las instituciones. Este repulsivo y antidemocrático fenómeno ya pasó durante la etapa de Felipe González. Lean, por ejemplo, la Historia de España, de Fusi y Palafox para confirmar lo que digo. Es la misma basura. La misma basura que siguen votando los ciudadanos 'progresistas' de hoy.


Espero que lo paguen caro. Políticamente hablando. Y que la Historia, no las historietas de las taifas, les pongan en su sitio. Si es en el retrete, tendrán mucha suerte. No merecen más. Y no me refiero solamente a los políticos socialistas y nacionalistas. Me refiero, también, a sus votantes. No son mejores que ellos.


Esperemos que quede algo de decencia política en la ciudadanía, y en algunos políticos, para frenar a estos peligrosos sectarios antiespañoles.


Sebastián Urbina.

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IMPORTANCIA DE LA NACIÓN. (Pío Moa)

¿Por qué muestran los separatistas tan obstinado empeño en adjudicar a ciertas regiones el término "nación"? No por un tonto capricho de prestigio, sino porque ahí está la base de todo su programa. Desde el final del Antiguo Régimen se considera que la soberanía la ostenta la nación, o sea el pueblo, que en este sentido son términos sinónimos. Si consideramos que la nación es España, como prueba la historia, entonces Cataluña, Vascongadas, Galicia, Andalucía, Canarias, etc., son regiones, y todas ellas independientes y soberanas en tanto que partes de España, es decir, que comparten la independencia y soberanía españolas. Pero si las consideramos naciones, entonces no son independientes, sino que se hallan sometidas, de mejor o peor grado, a un yugo externo. A partir de ahí, todas las reivindicaciones son posibles, dentro de un ataque general y persistente contra la unidad de España, cuya historia se presenta de forma absolutamente negativa. En tal caso la nación española tiende a diluirse o limitarse a algunas regiones particulares.

Hace unos días, al discutir en VEO7 el fallo (¡y tan fallo!) del Tribunal dizque Constitucional, llamé la atención sobre este punto absolutamente clave, porque todo lo que está sucediendo no es sino consecuencia de la invención de una nación catalana por parte de unos políticos cuya calificación más precisa es la de corruptos, y con el apoyo de otros no menos corruptos en el resto de España, empezando por los políticos, que no jueces, del Tribunal mencionado. Y subrayé el alcance político y jurídico del término para evitar que la discusión girase en torno a divagaciones e interpretaciones de leguleyos. El Tribunal, anticonstitucional y antiespañol, se retrató al negar valor jurídico al término "nación" que figura en el preámbulo del estatuto, cuando se trata del núcleo y el espíritu de todo el estatuto, que no es ya de autonomía, sino de estado libre asociado. El preámbulo no es asunto secundario, pues marca la orientación general y el espíritu de los artículos concretos, totalmente impregnados inequívoca y a menudo textualmente, de ese espíritu "nacional", es decir, antiespañol. Evidentemente, cuando vemos a políticos y leguleyos diciendo que el término "nación" es lo de menos, que carece de importancia práctica, o son verdaderos cretinos o están haciendo el juego conscientemente al separatismo.

En realidad, los secesionistas, aunque tenaces y constantes, son pocos y se enfrentan a la inercia histórica y al sentimiento que sigue siendo mayoritario en Cataluña y demás regiones, como vemos por el fracaso de sus parodias de referendos secesionistas o en el del propio estatuto, votado afirmativamente por poco más del 35% de los catalanes. Fracasan, pero consiguen otro objetivo: desafiar impunemente la ley y la Constitución y demostrar que allí son ellos los que mandan, guste o no guste a la gente, porque carecen de oposición mínimamente articulada.

El problema de España, hoy, no es otro que el de la ausencia de una verdadera oposición, una alternativa clara y convincente que dé cauce al profundo descontento de millones de personas con una clase política corrompida hasta el tuétano, una verdadera chusma. Porque argumentos y hechos para defender la nación española frente a los falsarios y balcanizantes sobran y son conocidos, aunque ningún líder ni partido político los utilice hoy por hoy.