VIVIR EN LA MENTIRA.

El TC se burla de todos al cerrar los ojos a la realidad

EL BORRADOR de sentencia que maneja el Tribunal Constitucional y que será hecho público dentro de unos días convalida la legislación en materia de lengua y educación de la Generalitat. Es una vergüenza, una abdicación en toda regla.

Vale la pena analizar lo que dice la ponencia votada por seis magistrados a favor y cuatro en contra porque tras un canto a las excelencias del bilingüismo y una defensa entusiasta del castellano como lengua oficial se esconde una absoluta dejación de responsabilidades del Constitucional, que finge que las normas del derecho operan en un mundo ficticio y no en una realidad concreta.

Esto vale especialmente para la interpretación conforme del artículo 35 del Estatuto, que señala que «todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán» como «lengua normal vehicular». Luego se afirma en el mismo artículo que «los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos de clase distintos por razón de su lengua habitual». Si la lengua vehicular es el catalán y los alumnos no pueden ser separados, entonces es imposible estudiar en castellano.

Poniéndose una venda en los ojos, el Constitucional señala que «no puede entenderse que el silencio del Estatuto» sobre el castellano como lengua vehicular «obedezca a un propósito deliberado de exclusión». A continuación, subraya que «el precepto se limita a señalar el deber de utilizar el catalán como lengua vehicular pero no la única, sin impedir por tanto -no podría hacerlo- igual utilización del castellano».

Lo cierto es que, según establece la recién aprobada Ley de Educación, la lengua vehicular de la enseñanza es el catalán, con exclusión manifiesta del español, que queda como una lengua marginal. Dicen los magistrados del Constitucional -al igual que lo hizo el Supremo en su día- que la Generalitat «no podría» excluir al español, pero esto es lo que está sucediendo. Hay cientos de escuelas en Cataluña donde se enseña en catalán y ni una sola en castellano, lo cual resulta bastante difícil de explicar teniendo en cuenta que la mitad de la población declara que el español es su idioma natal.

Lo coherente con su doctrina es que el Alto Tribunal hubiera declarado inconstitucional el artículo 35 en su totalidad, que debería haber sido redactado de forma que se dijera que Cataluña tiene dos lenguas vehiculares para la enseñanza. Pero no ha sido así porque esos seis magistrados han escondido la cabeza como el avestruz: no se puede defender una cosa y cerrar los ojos a que ocurra la contraria, como hace el Constitucional.

La misma filosofía se palpa en las interpretaciones de los artículos 6, 32, 33, 34 y 35, referentes a los derechos y deberes lingüísticos. El Alto Tribunal llega a decir que «sería inconstitucional y nula la pretensión de imponer un deber de conocimiento del catalán equivalente al que se desprende del deber constitucional de conocimiento del castellano», pero luego convalida que los funcionarios tengan que hablar catalán y que éste sea «la lengua de uso normal» en las Administraciones, sugiriendo, por tanto, que el uso del castellano es anormal.

Es evidente que la redacción de la mayoría de los artículos referentes a la educación y la lengua es tramposa y leguleya y que han sido escritos en una deliberada ambigüedad que permite la imposición del catalán y la exclusión del castellano sin decirlo abiertamente. El Constitucional se convierte en cómplice de Montilla y los nacionalistas al aceptar su lógica, fingiendo que los hechos son lo de menos y que las leyes pueden ser interpretadas en el vacío. Zenón de Elea también demostró mediante un famoso sofisma que el movimiento no existe, pero la realidad nos indica todos los días lo contrario. (E-Pésimo)