EL MAL MENOR.

EL MAL MENOR.

Día 27/08/2010

ES la excusa permanente, la justificación de toda decisión gubernamental. Viene normalmente acompañada de un alegato emocional, como el llanto farisaico por la reducción de sueldo de los funcionarios —«nosotros no queríamos, pero nos ha obligado la realidad»— o de un toque de superioridad moral como en el pago del rescate a los secuestradores o la retirada de las mujeres policías de Melilla, «nosotros no padecemos ardor guerrero sino ansias infinitas de paz».

Es la vieja teoría del mal menor interpretada por un dictador benevolente que ni siquiera se aviene a dar explicaciones, véase la nueva negativa de Zapatero a debatir sobre la presencia española en Afganistán en misión de no se sabe muy bien qué pero da igual porque es desleal pedir explicaciones.

Es una teoría tan efectiva como letal, porque paraliza a la oposición y embelesa a los mejores analistas. Tengo a Ignacio Camacho por un buen amigo y por el mejor columnista español. Por eso me atrevo a discrepar de su artículo del miércoles en el que calificaba el pago del rescate como un viscoso dilema ético y en el que retaba a los que tenemos contundentes certezas a situarse con honestidad en la posición de las víctimas.

Querido Ignacio, el problema es que gobierno no es la víctima y no debe obrar como tal, sino con la ética de la responsabilidad. La idea de que los presidentes de gobierno han de ser bellísimas personas que actúan como el páter familiasdel Código Civil es una moda muy anglosajona y postmoderna, pero profundamente errónea y peligrosa.

Como aún es agosto y no estamos todavía para discusiones trascendentes, voy a poner algunos ejemplos menores de la vida económica para mostrar el conflicto entre lo que se espera de un padre y de un presidente de gobierno. El paro es la preocupación dominante a pesar del aparente repunte estadístico de la economía. Todos los estudios laborales demuestran que la gente se coloca aquí y en la Conchinchina por relaciones personales —la diferencia es que aquí lo llamamos peyorativamente enchufe y los puritanos networking. Todo padre de familia recomienda ansiosamente a sus hijos para un empleo y si pudiera los colocaría directamente en el ayuntamiento, la Comunidad, la Caja o el Ministerio. Pero es obligación del gobierno evitarlo y garantizar la igualdad de oportunidades. Lo que para un padre es una obligación moral, para un presidente es prevaricación o cohecho. Ayudar a un hijo empresario con un aval, una garantía de crédito o información útil es normal, casi obligado en un buen padre, hacerlo desde el ejecutivo con los recursos del Estado es delito.

Un presidente paternal que confunde las obligaciones filiales con asuntos de estado no suele ser un buen gobernante sino normalmente un mafioso —por lo de la gran familia— incompetente. El mundo está lleno de esos personajes.

En un secuestro, claro que la familia tiene el derecho, casi la obligación moral, de hacer todo lo posible para recuperar a sus seres queridos. Incluido pagar un rescate e intentar cesiones políticas. Pero un presidente no puede, ni debe. No actúa por razones humanitarias sino por responsabilidad política. Llevados al extremo, y no es descartable que acabe pasando dada la creciente judicialización de la vida política, la familia de los próximos secuestrados en el Magreb podría acabar demandándole por cooperación necesaria. Y algún imitador de Garzón podría admitir la demanda a trámite. No es ciencia ficción, es simple especulación informada. O es que hemos olvidado la historia de la lucha antiterrorista en el País Vasco.

La política no es un concurso de belleza, es un duro oficio para el que prepara mejor Maquiavelo que Walt Disney. (Fernando Fernández/ABC)