sábado, 14 de agosto de 2010

ESTADITOS E IMPUESTAZOS.










Estaditos miméticos
De Ángel Puerta (el 10/08/2010 a las 12:50:56, en Impertinencias)









A ente público por semana vamos a terminar teniendo más administradores que administrados. El estupendo informe publicado este pasado fin de semana por ABC venía a corroborar lo que se viene denunciando desde hace tiempo: la administración autonómica sale carísima y, encima, duplicando servicios a tutiplén. En alguna ocasión hemos reseñado en este blog que los expertos estiman que cada familia paga al año una media de 6.056 euros por los servicios de las distintas administraciones públicas.


De ellos, 1.938 son para pagar a funcionarios del Estado; 3.075 para sostener a los de las autonomías y 1.043 a los municipales. Otro informe de Funcas revela que en España, en términos de empleo, de cada mil personas ocupadas 146 trabajan para alguna administración. Al ritmo que van creciendo los organismos autonómicos paralelos, la mayoría de ellos “chiringuitos” políticos, vamos a terminar teniendo cada ciudadano nuestro funcionario de “cabecera”. Sorprende que el coste de personal público en relación con el gasto total en España esté por encima de los principales países europeos, como Francia, Reino Unido o la federal Alemania, que está 10 puntos por debajo de España en costes de personal público.


Una copia del Estado

Aún siendo más pobres, nos permitimos un despilfarro en servicios, muchos de ellos de más que dudosa utilidad, que sólo sirven para crear más confusión en este batiburrillo de las autonomías. Defensores del pueblo a porrillo; mogollón de institutos de la mujer o consejos de juventud; proliferación de embajaditas o un sinfín de oficinas de estadística para hacer encuestas a medida y todo ello, por ejemplo, para que un cazador de Andalucía no pueda cazar en Castilla y León, o uno de Cataluña no lo pueda hacer en Aragón. O para que un ciudadano con domicilio en Extremadura, pongamos por caso, que sufra una lesión, accidente o enfermedad repentina no pueda ser operado en Castilla-La Mancha, salvo en casos de vida o muerte.


Y no digamos nada de las 17 normativas diferentes, para, por ejemplo, abrir empresas. O la creación de impuestos, en los que en unas autonomías ser rico supone ganar 60.000 euros al año y en otras, ganar 120.000. La situación la definía muy bien recientemente el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, al señalar que las comunidades, por “mimetismo”, han optado por “copiar” la “estructura institucional” del Estado creando diferentes órganos similares a los que funcionan a escala nacional.


“Cumbre” de presidentes

Y todo este gasto, sin ningún tipo de control por parte del Estado. Ni de coordinación. Hasta tal punto, que han sido las propias comunidades autónomas las que han tenido que constituir sendas conferencias entre sí, para ponerse de acuerdo sobre determinados servicios a prestar a los ciudadanos en general. Y hasta a convocar para septiembre una “cumbre” de presidentes autonómicos, “pasando” olímpicamente del Gobierno de la Nación, para tratar de poner un poco de orden en esta casa autonomista de “tocamerroque” en la que lo único que parece contar para la mayoría de los políticos es la buchaca de los votos y la bolsa de trabajo para la militancia activa.


La solución real pasaría por un pacto entre los dos grandes partidos nacionales PP-PSOE. Pero parece imposible. Demasiada inquina entre ellos, para regocijo de los nacionalismos periféricos, que son los que de verdad tienen la sartén por el mango en buena parte de las decisiones políticas del Estado por mucho cuento que le echen al negocio del victimismo.

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¿Pagar tantos impuestos para sufragar tanta corrupción, clientelismo, despilfarro, y a los separatistas antiespañoles? ¿No se están riendo de nosotros?

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