LA UE FORZÓ A ZP A TOMAR MEDIDAS PARA SALVAR EL EURO.
El plan anticrisis con el que José Luis Rodríguez Zapatero sorprendió ayer en el Congreso se ha fraguado en los últimos días a marchas forzadas. En apenas 72 horas, una sucesión de reuniones, llamadas e impactantes noticias en los mercados de deuda y renta variable han obligado a Moncloa a activar un Plan B para afrontar una crisis que no solo pone en jaque el futuro de España. "No hablamos de rescatar España o Portugal”, habrían advertido a Zapatero otros presidentes de la Unión Europea. “Lo que hay que salvar es el euro”.
Los hechos sobrevinieron con tal velocidad que La Moncloa anunció, ya por la tarde, que el presidente suspendía su viaje a Bolivia y que tampoco participaría en la Cumbre Iberoamericana de Argentina. Zapatero debe presidir el Consejo de Ministros que mañana dará luz verde al nuevo paquete de reformas, aunque hay otra razón de mayor calado: los presidentes de la UE han estado debatiendo en las últimas horas la posibilidad de convocar un Consejo Extraordinario europeo con un único objetivo: salvar la moneda común. Una reunión que, si finalmente se efectúa, no puede pillar a Zapatero al otro lado del Atlántico. En la agenda de Moncloa no se trastoca su viaje de hoy a Zurich, donde participará junto a su homólogo portugués, José Socrates, en la presentación de la ‘Candidatura Ibérica' para el Mundial de 2018.
La semana de infarto arrancó el pasado lunes en Trípoli, Libia, en la Cumbre Unión Europea-Africa. Zapatero intervino, junto con los primeros ministros de Luxemburgo y Bélgica, en la mesa de Objetivos del Milenio, Agricultura y Seguridad Alimentaria. En un apartado de la Cumbre, mantuvo una reunión a puerta cerrada y “muy informal" con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy; el presidente de la Comisión, Jose Manuel Durao Barroso; y los máximos dirigentes de Italia y Portugal, Silvio Berlusconi y José Sócrates. Según el portavoz de Rompuy, los cinco mandatarios conversaron sobre el acuerdo cerrado por el Ecofin para rescatar la economía irlandesa. Pero su preocupación fue mucho más allá.
Todos los presentes mostraron a Zapatero su preocupación ante los insistentes rumores de un posible rescate a España y Portugal y coincidieron en la necesidad de anticiparse a “los ataques directos de los especuladores” contra el euro, según confirman fuentes de La Moncloa. Comenzó entonces la primera ronda de llamadas telefónicas entre los principales líderes europeos para estudiar cuál era el camino a seguir. Los teléfonos en Moncloa echaban humo.
Un nuevo paquete de medidas planeado 'in extremis'
El martes se echó más de leña al fuego. La prima de riesgo alcanzó, por primera vez en 14 años, los 300 puntos básicos. Las llamadas telefónicas del extranjero con destino La Moncloa se solaparon en un continuo goteo de intervenciones. Varios presidentes europeos coincidieron en un mismo mensaje: “Tienes que tomar alguna medida urgentemente, porque el que corre verdadero riesgo es el euro”.
Zapatero reaccionó a contrarreloj y preparó junto a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, un plan de medidas que presentó al día siguiente, miércoles, en la sesión de control al Gobierno. La posibilidad de convocar un consejo extraordinario seguía planeando sobre las cabezas visibles de los principales gobiernos de la Unión.
La catarata de reformas, que incluyen la reducción del impuesto de sociedades, la privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado y la agilización de la privatización de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, dejó sin argumentos al líder de la oposición, Mariano Rajoy, que en un rueda de prensa posterior dio su respaldo a pesar de que Zapatero, dice, sigue generando “una desconfianza atroz”.
El último 'miércoles negro' de Zapatero acabó con una calma tensa en los mercados, que acogieron con subidas en bolsa el paquete de medidas y parecieron ser los únicos que dieron un respiro al presidente. La impresión que el mercado tiene sobre el paquete de reformas es que no son las reformas estructurales que España necesita, aunque sí están en la dirección correcta. (El Confidencial/Daniel Forcada, Ana Gracia)
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LAS DIEZ MEDIDAS OBLIGADAS DE INMEDIATO.
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LAS DIEZ MEDIDAS OBLIGADAS DE INMEDIATO.
Día 22/11/2010
La solicitud del Foro Empresarial de Valladolid de que expusiese en ese ámbito el tema «Diez recetas para salir de la crisis», me obligó a pensar en cuál era el decálogo preciso para dar, de una vez, un portazo a la muy seria crisis que se manifestó con enorme virulencia en España a partir del verano de 2007. He aquí cuál es, a mi juicio, éste, teniendo en cuenta que la nuestra es una economía extraordinariamente abierta a la competencia exterior.
En primer lugar es preciso aclarar a los españoles, de modo análogo a como lo hizo Fuentes Quintana en vísperas del Pacto de la Moncloa, por qué es muy grave la situación que se vive desde entonces y el motivo que explica el que no aparezcan signos de recuperación en la actualidad.
En segundo término es preciso alterar de arriba a abajo nuestra política energética. Hemos creado, en índices de eficacia, en dependencia exterior, en opciones por energías caras al haber abandonado la nuclear, un país que pierde competitividad a chorros por ese motivo.
El tercer problema a superar es el de la rigidez del mercado laboral, especialmente mostrado en los aspectos concretos de la negociación colectiva, y en otra serie de características, que fueron consolidadas con las medidas legales de 1980 y 1985. Como consecuencia, nuestro NAIRU —la tasa de desempleo que no engendra inflación, y con ello, que disminuye la competencia exterior— se sitúa en el 12% de desempleo; y la curva de Okun muestra que sólo a partir de un crecimiento del PIB en torno al 2,5% se crea empleo.
El cuarto, y muy especialmente tras Basilea III, que es preciso culminar una reforma de nuestro sistema crediticio, en todo él, pero con especial incidencia en las cajas de ahorros. No haber tenido en cuenta el artículo de Jaime Terceiro «Singularidades en el sistema financiero español: la situación de las cajas de ahorros», publicado en diciembre de 1995 en «Información Comercial Española» trae estos lodos.
El quinto es alterar de arriba a abajo el Estado de Bienestar. No es posible que la financiación de las pensiones prosiga basándose en un sistema de reparto; añádase que la división entre las diecisiete autonomías del sistema de atención sanitaria, previamente unificado, desde Girón a Lluch y Sabando, tiene que cesar; que en las atenciones a los parados, lo que nos ha señalado, incluso en España, el reciente premio Nobel de Economía, Pissarides, que lo logró, precisamente por exponer cómo puede ser eficiente, tiene que ser puesto de relieve; finalmente que la amenaza muy seria, de lo que Macarrón llama y no exagera, «el suicidio demográfico de España», exige reconsiderar la ayuda familiar.
El sexto es el problema institucional. Lo denunció con agudeza Carlos Sebastián, y por ignorarlo, no se adivinan las precisas reformas institucionales que son aquellas «que generan eficacia, transparencia e independencia en la regulación económica». Vemos por eso que en la reciente «Clasificación en facilidad para emprender negocios» que publica el Banco Mundial en el documento «Doing Business 2010», España se encuentra en el puesto mundial 62, un poco peor que Kuwait y un poco mejor que Kazakstán.
El séptimo es efectuar una «reforma de la reforma tributaria», aquella que apareció en 1978, y tuvo entonces un papel esencial y positivo, pero que veintidós años después necesita cambios muy importantes. ¿Para cuándo, por ejemplo, la creación de una Comisión Lagares para llevar adelante, con urgencia, las alteraciones oportunas? Señalo esto, porque las propuestas del profesor Manuel Lagares siempre han sido, no ya lógicas desde el punto de vista analítico, sino contrastadas de modo óptimo con la realidad cuando se pusieron en acción.
El octavo es cortar, de raíz, las políticas de las autonomías de intervención en la actividad económica, cada una de un modo, y por ello volver a un mercado unificado. Me parece, sin ser experto en derecho público, que incluso habría posibilidad de apoyo constitucional, debido al texto del artículo 131.1 de nuestra Ley Fundamental de 1978.
El noveno es volver a la economía de mercado, liquidando de raíz la proliferación de empresas públicas que han surgido en las autonomías: suben de 588 en 2003 a 962 en 2009, y en las corporaciones locales: entre las mismas fechas aumentan de 913 a 1.573.
El décimo es alterar radicalmente el sistema educativo, para que proporcione una población activa congruente con la fortísima dinámica de la revolución industrial. Si no queremos ser descabalgados definitivamente de ella es obligado alterar muy radicalmente lo que está en marcha ahora mismo, desde la primaria a la universitaria, pasando por la formación profesional.
Poner en marcha todo, y además es preciso que sea prácticamente simultáneo, hay que confesar que no será cómodo para ningún político español. Pero éste debe tener en cuenta aquello que Platón, en «La República» (Libro primero, XIX), pone en boca de Sócrates en diálogo con Glaucón y Trasímaco: «El verdadero gobernante no ejerce en el cargo para mirar por su propio bien, sino por el del gobernado». (Juan Velarde Fuertes/ABC)
En segundo término es preciso alterar de arriba a abajo nuestra política energética. Hemos creado, en índices de eficacia, en dependencia exterior, en opciones por energías caras al haber abandonado la nuclear, un país que pierde competitividad a chorros por ese motivo.
El tercer problema a superar es el de la rigidez del mercado laboral, especialmente mostrado en los aspectos concretos de la negociación colectiva, y en otra serie de características, que fueron consolidadas con las medidas legales de 1980 y 1985. Como consecuencia, nuestro NAIRU —la tasa de desempleo que no engendra inflación, y con ello, que disminuye la competencia exterior— se sitúa en el 12% de desempleo; y la curva de Okun muestra que sólo a partir de un crecimiento del PIB en torno al 2,5% se crea empleo.
El cuarto, y muy especialmente tras Basilea III, que es preciso culminar una reforma de nuestro sistema crediticio, en todo él, pero con especial incidencia en las cajas de ahorros. No haber tenido en cuenta el artículo de Jaime Terceiro «Singularidades en el sistema financiero español: la situación de las cajas de ahorros», publicado en diciembre de 1995 en «Información Comercial Española» trae estos lodos.
El quinto es alterar de arriba a abajo el Estado de Bienestar. No es posible que la financiación de las pensiones prosiga basándose en un sistema de reparto; añádase que la división entre las diecisiete autonomías del sistema de atención sanitaria, previamente unificado, desde Girón a Lluch y Sabando, tiene que cesar; que en las atenciones a los parados, lo que nos ha señalado, incluso en España, el reciente premio Nobel de Economía, Pissarides, que lo logró, precisamente por exponer cómo puede ser eficiente, tiene que ser puesto de relieve; finalmente que la amenaza muy seria, de lo que Macarrón llama y no exagera, «el suicidio demográfico de España», exige reconsiderar la ayuda familiar.
El sexto es el problema institucional. Lo denunció con agudeza Carlos Sebastián, y por ignorarlo, no se adivinan las precisas reformas institucionales que son aquellas «que generan eficacia, transparencia e independencia en la regulación económica». Vemos por eso que en la reciente «Clasificación en facilidad para emprender negocios» que publica el Banco Mundial en el documento «Doing Business 2010», España se encuentra en el puesto mundial 62, un poco peor que Kuwait y un poco mejor que Kazakstán.
El séptimo es efectuar una «reforma de la reforma tributaria», aquella que apareció en 1978, y tuvo entonces un papel esencial y positivo, pero que veintidós años después necesita cambios muy importantes. ¿Para cuándo, por ejemplo, la creación de una Comisión Lagares para llevar adelante, con urgencia, las alteraciones oportunas? Señalo esto, porque las propuestas del profesor Manuel Lagares siempre han sido, no ya lógicas desde el punto de vista analítico, sino contrastadas de modo óptimo con la realidad cuando se pusieron en acción.
El octavo es cortar, de raíz, las políticas de las autonomías de intervención en la actividad económica, cada una de un modo, y por ello volver a un mercado unificado. Me parece, sin ser experto en derecho público, que incluso habría posibilidad de apoyo constitucional, debido al texto del artículo 131.1 de nuestra Ley Fundamental de 1978.
El noveno es volver a la economía de mercado, liquidando de raíz la proliferación de empresas públicas que han surgido en las autonomías: suben de 588 en 2003 a 962 en 2009, y en las corporaciones locales: entre las mismas fechas aumentan de 913 a 1.573.
El décimo es alterar radicalmente el sistema educativo, para que proporcione una población activa congruente con la fortísima dinámica de la revolución industrial. Si no queremos ser descabalgados definitivamente de ella es obligado alterar muy radicalmente lo que está en marcha ahora mismo, desde la primaria a la universitaria, pasando por la formación profesional.
Poner en marcha todo, y además es preciso que sea prácticamente simultáneo, hay que confesar que no será cómodo para ningún político español. Pero éste debe tener en cuenta aquello que Platón, en «La República» (Libro primero, XIX), pone en boca de Sócrates en diálogo con Glaucón y Trasímaco: «El verdadero gobernante no ejerce en el cargo para mirar por su propio bien, sino por el del gobernado». (Juan Velarde Fuertes/ABC)
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