Día 22/11/2010
La solicitud del Foro Empresarial de Valladolid de que expusiese en ese ámbito el tema «Diez recetas para salir de la crisis», me obligó a pensar en cuál era el decálogo preciso para dar, de una vez, un portazo a la muy seria crisis que se manifestó con enorme virulencia en España a partir del verano de 2007. He aquí cuál es, a mi juicio, éste, teniendo en cuenta que la nuestra es una economía extraordinariamente abierta a la competencia exterior.
En primer lugar es preciso aclarar a los españoles, de modo análogo a como lo hizo Fuentes Quintana en vísperas del Pacto de la Moncloa, por qué es muy grave la situación que se vive desde entonces y el motivo que explica el que no aparezcan signos de recuperación en la actualidad.
En segundo término es preciso alterar de arriba a abajo nuestra política energética. Hemos creado, en índices de eficacia, en dependencia exterior, en opciones por energías caras al haber abandonado la nuclear, un país que pierde competitividad a chorros por ese motivo.
El tercer problema a superar es el de la rigidez del mercado laboral, especialmente mostrado en los aspectos concretos de la negociación colectiva, y en otra serie de características, que fueron consolidadas con las medidas legales de 1980 y 1985. Como consecuencia, nuestro NAIRU —la tasa de desempleo que no engendra inflación, y con ello, que disminuye la competencia exterior— se sitúa en el 12% de desempleo; y la curva de Okun muestra que sólo a partir de un crecimiento del PIB en torno al 2,5% se crea empleo.
El cuarto, y muy especialmente tras Basilea III, que es preciso culminar una reforma de nuestro sistema crediticio, en todo él, pero con especial incidencia en las cajas de ahorros. No haber tenido en cuenta el artículo de Jaime Terceiro «Singularidades en el sistema financiero español: la situación de las cajas de ahorros», publicado en diciembre de 1995 en «Información Comercial Española» trae estos lodos.
El quinto es alterar de arriba a abajo el Estado de Bienestar. No es posible que la financiación de las pensiones prosiga basándose en un sistema de reparto; añádase que la división entre las diecisiete autonomías del sistema de atención sanitaria, previamente unificado, desde Girón a Lluch y Sabando, tiene que cesar; que en las atenciones a los parados, lo que nos ha señalado, incluso en España, el reciente premio Nobel de Economía, Pissarides, que lo logró, precisamente por exponer cómo puede ser eficiente, tiene que ser puesto de relieve; finalmente que la amenaza muy seria, de lo que Macarrón llama y no exagera, «el suicidio demográfico de España», exige reconsiderar la ayuda familiar.
El sexto es el problema institucional. Lo denunció con agudeza Carlos Sebastián, y por ignorarlo, no se adivinan las precisas reformas institucionales que son aquellas «que generan eficacia, transparencia e independencia en la regulación económica». Vemos por eso que en la reciente «Clasificación en facilidad para emprender negocios» que publica el Banco Mundial en el documento «Doing Business 2010», España se encuentra en el puesto mundial 62, un poco peor que Kuwait y un poco mejor que Kazakstán.
El séptimo es efectuar una «reforma de la reforma tributaria», aquella que apareció en 1978, y tuvo entonces un papel esencial y positivo, pero que veintidós años después necesita cambios muy importantes. ¿Para cuándo, por ejemplo, la creación de una Comisión Lagares para llevar adelante, con urgencia, las alteraciones oportunas? Señalo esto, porque las propuestas del profesor Manuel Lagares siempre han sido, no ya lógicas desde el punto de vista analítico, sino contrastadas de modo óptimo con la realidad cuando se pusieron en acción.
El octavo es cortar, de raíz, las políticas de las autonomías de intervención en la actividad económica, cada una de un modo, y por ello volver a un mercado unificado. Me parece, sin ser experto en derecho público, que incluso habría posibilidad de apoyo constitucional, debido al texto del artículo 131.1 de nuestra Ley Fundamental de 1978.
El noveno es volver a la economía de mercado, liquidando de raíz la proliferación de empresas públicas que han surgido en las autonomías: suben de 588 en 2003 a 962 en 2009, y en las corporaciones locales: entre las mismas fechas aumentan de 913 a 1.573.
El décimo es alterar radicalmente el sistema educativo, para que proporcione una población activa congruente con la fortísima dinámica de la revolución industrial. Si no queremos ser descabalgados definitivamente de ella es obligado alterar muy radicalmente lo que está en marcha ahora mismo, desde la primaria a la universitaria, pasando por la formación profesional.
Poner en marcha todo, y además es preciso que sea prácticamente simultáneo, hay que confesar que no será cómodo para ningún político español. Pero éste debe tener en cuenta aquello que Platón, en «La República» (Libro primero, XIX), pone en boca de Sócrates en diálogo con Glaucón y Trasímaco: «El verdadero gobernante no ejerce en el cargo para mirar por su propio bien, sino por el del gobernado». (Juan Velarde Fuertes/ABC)
En segundo término es preciso alterar de arriba a abajo nuestra política energética. Hemos creado, en índices de eficacia, en dependencia exterior, en opciones por energías caras al haber abandonado la nuclear, un país que pierde competitividad a chorros por ese motivo.
El tercer problema a superar es el de la rigidez del mercado laboral, especialmente mostrado en los aspectos concretos de la negociación colectiva, y en otra serie de características, que fueron consolidadas con las medidas legales de 1980 y 1985. Como consecuencia, nuestro NAIRU —la tasa de desempleo que no engendra inflación, y con ello, que disminuye la competencia exterior— se sitúa en el 12% de desempleo; y la curva de Okun muestra que sólo a partir de un crecimiento del PIB en torno al 2,5% se crea empleo.
El cuarto, y muy especialmente tras Basilea III, que es preciso culminar una reforma de nuestro sistema crediticio, en todo él, pero con especial incidencia en las cajas de ahorros. No haber tenido en cuenta el artículo de Jaime Terceiro «Singularidades en el sistema financiero español: la situación de las cajas de ahorros», publicado en diciembre de 1995 en «Información Comercial Española» trae estos lodos.
El quinto es alterar de arriba a abajo el Estado de Bienestar. No es posible que la financiación de las pensiones prosiga basándose en un sistema de reparto; añádase que la división entre las diecisiete autonomías del sistema de atención sanitaria, previamente unificado, desde Girón a Lluch y Sabando, tiene que cesar; que en las atenciones a los parados, lo que nos ha señalado, incluso en España, el reciente premio Nobel de Economía, Pissarides, que lo logró, precisamente por exponer cómo puede ser eficiente, tiene que ser puesto de relieve; finalmente que la amenaza muy seria, de lo que Macarrón llama y no exagera, «el suicidio demográfico de España», exige reconsiderar la ayuda familiar.
El sexto es el problema institucional. Lo denunció con agudeza Carlos Sebastián, y por ignorarlo, no se adivinan las precisas reformas institucionales que son aquellas «que generan eficacia, transparencia e independencia en la regulación económica». Vemos por eso que en la reciente «Clasificación en facilidad para emprender negocios» que publica el Banco Mundial en el documento «Doing Business 2010», España se encuentra en el puesto mundial 62, un poco peor que Kuwait y un poco mejor que Kazakstán.
El séptimo es efectuar una «reforma de la reforma tributaria», aquella que apareció en 1978, y tuvo entonces un papel esencial y positivo, pero que veintidós años después necesita cambios muy importantes. ¿Para cuándo, por ejemplo, la creación de una Comisión Lagares para llevar adelante, con urgencia, las alteraciones oportunas? Señalo esto, porque las propuestas del profesor Manuel Lagares siempre han sido, no ya lógicas desde el punto de vista analítico, sino contrastadas de modo óptimo con la realidad cuando se pusieron en acción.
El octavo es cortar, de raíz, las políticas de las autonomías de intervención en la actividad económica, cada una de un modo, y por ello volver a un mercado unificado. Me parece, sin ser experto en derecho público, que incluso habría posibilidad de apoyo constitucional, debido al texto del artículo 131.1 de nuestra Ley Fundamental de 1978.
El noveno es volver a la economía de mercado, liquidando de raíz la proliferación de empresas públicas que han surgido en las autonomías: suben de 588 en 2003 a 962 en 2009, y en las corporaciones locales: entre las mismas fechas aumentan de 913 a 1.573.
El décimo es alterar radicalmente el sistema educativo, para que proporcione una población activa congruente con la fortísima dinámica de la revolución industrial. Si no queremos ser descabalgados definitivamente de ella es obligado alterar muy radicalmente lo que está en marcha ahora mismo, desde la primaria a la universitaria, pasando por la formación profesional.
Poner en marcha todo, y además es preciso que sea prácticamente simultáneo, hay que confesar que no será cómodo para ningún político español. Pero éste debe tener en cuenta aquello que Platón, en «La República» (Libro primero, XIX), pone en boca de Sócrates en diálogo con Glaucón y Trasímaco: «El verdadero gobernante no ejerce en el cargo para mirar por su propio bien, sino por el del gobernado». (Juan Velarde Fuertes/ABC)
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