PSOE Y ETA

EL TC SE CUBRE DE GLORIA.

El Tribunal Constitucional se ha empeñado en demostrar que en España tan sólo hay un poder, el Ejecutivo. Desde el principio, este Tribunal se arrogó la revisión de aquellas sentencias que al partido que lo dominara no le gustaban. Lo ha estado haciendo, desde luego, ejerciendo la función que por antonomasia le corresponde, la de controlar la constitucionalidad de las leyes.

El caso más reciente es el del Estatuto de Cataluña. Pero también a través de la vía indirecta del recurso de amparo. La Ley Orgánica de 2007 modificó la Ley del Tribunal Constitucional para que la práctica ya emprendida de revisar las sentencias del Supremo por supuestas violaciones de los derechos fundamentales quedara en tal modo ampliada que el Constitucional se convirtiera en el verdadero Tribunal Supremo de España, al menos en los casos de relevancia política.

Pero, al menos hasta ahora, el Gobierno siempre fue de frente, defendiendo lo que le interesaba y forzando al tribunal a darle la razón, aunque fuera obvio que no la tenía. Ahora, Freddy, ese maquiavelo de pitiminí, le ha dado una nueva vuelta de tuerca al sistema. El Gobierno impugna todas las candidaturas de Bildu para quedar bien con aquellos de sus votantes que creen escandaloso que ETA permanezca en las instituciones. Y luego mangonea al Constitucional para que dicte la sentencia que el Gobierno cree conveniente y que echa abajo su propia impugnación. Vamos, algo así como el "madre, que me toca Roque; Roque tócame". De esa forma también da satisfacción al PNV, a los socialistas del País Vasco y a sus votantes de extrema izquierda, incluidos los comunistas, que querían que la izquierda abertzale, que para algo es izquierda, concurriera a las elecciones municipales.

Mal está que un Gobierno ponga en marcha semejante maniobra, que carga sobre el Tribunal Constitucional la responsabilidad de que la ETA se financie con dinero de los impuestos de todos los españoles mientras el Gobierno se lava cobardemente las manos. Pero más terrible es que los magistrados de ese tribunal se presten a semejante juego.

¿Qué más pueden hacer los socialistas por acabar con la credibilidad de las instituciones del Estado? Pues aunque parezca que ya más no pueden hacer, no es descartable que a Rubalcaba, o a cualquier otro Richelieu de pacotilla del PSOE, se le ocurra en el futuro darle otro estrujón más a la pobre democracia española. Si al menos los magistrados que han votado contra la legalización de la coalición etarra tuvieran el gesto de dimitir, cabría alguna esperanza. Pero, quia, ¡qué digo! Ni en sueños. (Emilio Campmany/ld)

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LA LARGA SOMBRA DEL GOBIERNO.

SI algo vienen reflejando las sentencias de nuestros más altos tribunales es que los magistrados llamados «progresistas» suelen mostrar una sensibilidad de «izquierdas», mientras los tenidos por «conservadores» muestran una de «derechas». O si lo quieren a lo bestia, que los primeros «votan» en sus sentencias PSOE, y los segundos, PP. Lo que tampoco debe extrañar, pues los primeros han sido designados a propuesta de los socialistas, y los segundos, de los populares. Así de precaria es nuestra democracia, a la que falta la plena independencia del tercer poder, el judicial, para ser un pleno estado de Derecho. Tanto nuestro Consejo General del Poder Judicial como los tribunales Supremo y Constitucional no son otra cosa que reflejos en miniatura de los parlamentos que los eligieron, por lo que los partidos no necesitan decir a sus designados qué deben hacer, al hacerlo ellos motu proprio. Completa el dislate que los padres de la Constitución, en su afán de ser más legalistas que nadie, crearon dos instancias máximas, el TS y el TC, que debido a renovarse en fechas distintas, sus mayorías pueden ser diferentes, y sus sentencias, contradecirse. Atolladero al que estamos abocados hoy con algo tan delicado y trascendente como la legalización de Bildu.

Que la llamada izquierda abertzale, llámese Batasuna o cualquier otro nombre, no son más que encarnaciones, disfraces, máscaras de Eta para penetrar en las instituciones democráticas está más que demostrado y ratificado por ley. El problema se plantea cuando, en vista de que se ha descubierto su maniobra, esa izquierda decide unirse a partidos ya legalizados que avalen su condición de demócratas y poder así presentarse a las elecciones. ¿Se aceptan tales candidaturas, como sostuvieron seis magistrados de la Sala 61 del Tribunal Supremo invocando el principio de que, de no hacerse, se privaría de representación a los partidos legítimos, o se rechazan, como sostuvieron los otro nueves magistrados de la Sala, alegando que estamos ante una maniobra para introducir a Eta en las instituciones, en otras palabras, ante un fraude de ley?

Es verdad que, ante el acorralamiento de Eta, la izquierda abertzale se ha distanciado de ésta y acercado a los partidos democráticos. Pero ha habido también un corrimiento de ciertas fuerzas democráticas hacia el entorno social de Eta, hasta llegarse a la fusión representada por Bildu. La pregunta del millón es: ¿basta esa fusión para legalizar a quienes han venido siendo el ropaje político de Eta? El Supremo ha dicho que no, que ni el ropaje ni la compañía bastan para dar patente legal a una maniobra fraudulenta. Y si la prohibición afecta a partidos legalizados, ellos han tenido la culpa, por prestarse a dar aval democrático a quienes todavía no han demostrado serlo. En otras palabras: que Eusko Alkartasuna y Alternativa no han descontaminado a sus compañeros de coalición, sino que esa compañía ha contaminado la entera candidatura. Existe incluso una figura jurídica para ello: asociación con malhechores. El que se asocia con malhechores, se convierte automáticamente en malhechor.

Escribo esta «postal» mientras el TC debate el tema. Vamos a ver si sus componentes siguen la pauta prevista o la rompen. Preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. (José Maria Carrascal/ABC)