sábado, 2 de agosto de 2014

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN.



 LAS APARIENCIAS ENGAÑAN.





 LAS APARIENCIAS ENGAÑAN.

Una testigo de cargo nada ejemplar.



ESTA SEMANA ha ingresado en la prisión de
Segovia el ex presidente Jaume Matas, condenado
a ocho meses por un delito de tráfico
de influencias. Contrariamente a lo que algunos
periodistas afirman una y otra vez, siguiendo
la máxima de Goebbels de que una
mentira repetida mil veces llega a convertirse
en verdad, Matas no ha sido condenado por
los famosísimos discursos de Antonio Alemany
ni por haberse llevado ningún euro al bolsillo.

En absoluto, tanto uno como otro quedaron
absueltos por el Supremo de cualquier
delito relativo al tema de los discursos. Matas
fue condenado por inducir al director general
de Comunicación de entonces, Joan Martorell,
a dar instrucciones a dos funcionarias
con el fin de que dieran la «máxima puntuación
» al proyecto de ABN (Agencia Balear de
Noticias), en una línea de subvenciones en la
que participaron otros medios. Lean, si no, la
sentencia. Éste fue el horrendo pecado de
Matas (¡ya ven!) que le ha llevado finalmente
a la cárcel. Eso y naturalmente el afán vengativo
de la Audiencia Provincial como desquite
al terrible varapalo que sufrió por parte del
Supremo al rebajarle la pena de seis años a
ochos meses y absolver a Matas de todos los
delitos menos uno.

Así lo reconocía este martes el presidente
de la Audiencia Provincial de Palma, Carlos
Gómez, al admitir que «cuando la pena
es inferior a dos años, lo más frecuente es
que se le dé a la persona condenada lo que
denominamos la remisión condicional de la
pena». Algo que se ha denegado a Matas,
«por unas consideraciones de ejemplaridad
», o sea, porque la Audiencia cree que
los políticos deben mostrar una actitud
ejemplar en el desempeño de sus cargos.

 Y remataba Gómez, «por tanto, casi diríamos
que es a la inversa de lo que a veces se dice»
con respecto a los supuestos beneficios que
recibirían de la Justicia las «personas poderosas
». Así, en el caso concreto de Matas,
«se le ha tratado con una justicia más estricta
que a un ciudadano normal». En Baleares,
por lo visto, la Justicia no es justa sino
«ejemplarizante». Tremendo. El «plus de reprochabilidad
» al que se aferró en primera
instancia la Audiencia para condenarle a
seis años y que luego el Supremo trituró sin
misericordia, se nos ha colado esta vez por
otra vía: la ejecución de la sentencia.

A todo esto y como informaba este diario el
pasado jueves, el Supremo acaba de confirmar
una sentencia contencioso-administrativa
del TSJB de 2012 (y que Bauzá recurrió en
casación) que obliga al Govern a restituir una
subvención a ABN, una ayuda que el Pacte de
Progrés le denegó dos meses después de acceder
al poder en 2007. Valoremos los hechos.

En primer lugar, esta sentencia significa
que esta segunda subvención otorgada a
ABN por Jaume Matas en junio de 2007 era
una subvención impecable, merecida y ajustada
a derecho. En segundo lugar, el Pacto de
Progreso, es decir, Antich, Gina Garcías, Albert
Moragues y la funcionaria Margalida de
la Portilla, intentan derrocar esta subvención
mediante una «relectura» de las bases del
concurso, alterando la puntuación otorgada,
rebajándola (de 22 a 4,5 puntos), para impedir
que acceda a la subvención. De la Portilla
cambia la puntuación otorgada por ella misma
dos meses antes mientras Gina Garcías,
directora entonces de Comunicación, y Albert
Moragues justifican su decisión por el hecho
de que el proyecto de ABN «no está escrito en
catalán». 

En la sentencia condenatoria del
TSJB de 2012 se advierte que ni Garcías, ni
Moragues ni De la Portilla pueden alterar las
bases del concurso, que no hablan para nada
de escribir en catalán. Y en tercer lugar, el Govern
de Bauzá, en lugar de dar carpetazo tras
la razonada e impecable sentencia del TSJB
de 2012, se subroga en los criterios del Pacto
y acude en casación ante el Supremo. Es decir,
Bauzá, Gómez y la letrada Perelló asumen
y aceptan los injustos y absurdos criterios
del Pacto, los hacen suyos e intentan que
el Supremo revoque la sentencia condenatoria
del TSJB.

Este incomprensible comportamiento de
Bauzá ha causado, además de una injusticia
palmaria, unos serios perjuicios económicos
al dilatar innecesariamente el proceso,
lo cual provoca unos altos costes por intereses
de demora y una dilación indebida
que, de hecho, duplica la cuantía de la subvención
otorgada.

Pero hay un dato más inquietante todavía.
La funcionaria que incurre en «desviación de
poder» y en «arbitrariedad» según el TSJB y
el Supremo, Margalida de la Portilla, es la
misma funcionaria que años después, durante
el primer juicio contra Matas por los discursos,
se convertirá en la principal testigo
de cargo contra Matas y Alemany en relación
a la primera subvención de ABN. De hecho,
de los tres testigos de cargo que testificaron
contra Matas acusándole de haber presionado
a sus subordinados para que dieran la
«máxima puntuación» al proyecto de ABN,
dos de ellos fueron Joan Martorell y Margalida
de la Portilla. O sea, un delincuente
(Martorell fue condenado siete meses por
malversación y prevaricación administrativa)
y una funcionaria que venía comportándose
con evidente mala fe contra ABN y con una arbitrariedad
rayana en la prevaricación.

Pero hay más. Toda vez que el principal cargo
que va a llevar a Alemany a la cárcel consiste en no haberse
podido demostrar que hizo un reportaje deportivo
por el que cobró 12.000 euros, ¿qué
credibilidad pueden tener Martorell y Gina
Garcías –la misma que no tuvo ningún escrúpulo
en hundir el proyecto de ABN– cuando
aseguran que Alemany no les entregó ningún
reportaje tras haber dado fe pública de que sí
lo habían recibido? Juzguen ustedes mismos. 
(Joan Font/ElMundo/Baleares.)

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