12/4/2008.
AGUA, NACIONALISMO Y SOCIALISMO.
(Subtítulo: ¡Qué desvergüenza!)
Todo esto no tendría mayor trascendencia política si en España existiese un amplio consenso sobre la planificación de la gestión de nuestros recursos hídricos. El caso, sin embargo, es que ocurre todo lo contrario: el primer Gobierno de Zapatero se estrenó rompiendo el Plan Hidrológico Nacional, aprobado por el anterior Ejecutivo del PP, precisamente para acabar con los trasvases, y muy especialmente con el previsto desde el río Ebro.
Cabe recordar a este respecto que la lucha contra los trasvases ha constituido uno de los elementos principales de agitación política utilizados por el PSOE y sus aliados en Comunidades Autónomas como Aragón o Castilla-La Mancha. En la primera, al PP le ha costado seguramente perder durante años toda posibilidad de ser la fuerza mayoritaria.
Que el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero pueda comenzar con un trasvase pone al descubierto las contradicciones que esa agitación demagógica encierra. Las desaladoras, heredadas de la anterior ministra Cristina Narbona por la actual ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, están revelando toda suerte de inconvenientes (alto coste, enorme consumo energético, contaminación del aire y del mar, agua de calidad dudosa) que hacen que nadie las pueda ver ya seriamente como la solución ideal que se prometía al problema del agua, salvo para casos muy particulares.
El escándalo que supondría un trasvase desde el Ebro para salvar la sequía barcelonesa debería obligar a un replanteamiento, esta vez sin demagogia, de la planificación de la gestión de los recursos hídricos. Y si el Gobierno no estuviese dispuesto a hacerlo para no tener que admitir sus graves errores en esta materia, le correspondería a la oposición del PP pedir cuentas por ello y exigir las explicaciones pertinentes. (parte de la editorial de hoy de ElSemanalDigital)
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Tanto el Gobierno central como CiU se ha mostrado favorables al trasvase del Ródano. En cambio, el presidente de la Generalitat, José Montilla, ha manifestado su rechazo frontal a dicha actuación porque la medida tardaría –calcula- unos 13 años en entrar en funcionamiento. Montilla apuesta por trasvase desde el río Segre.
Sin embargo, la posibilidad de llevar agua del Ródano no es un proyecto nuevo. El Gobierno presidido por José María Aznar negoció con el Ejecutivo de Jacques Chirac su ejecución, cuando la Generalitat estaba en manos de CiU. El Confidencial Digital ha podido conocer los argumentos que recibieron las personas que formaron parte del gabinete de Aznar y que acudieron a París a finales de los 90 para intentar llegar a un acuerdo sobre esa obra hidráulica.
Por aquel entonces, la propia ministra de Medio Ambiente, Dominique Voynet, recomendó a España que no acometiera el proyecto. Llegó a designarse un comité científico ‘ad hoc’ que redactó un informe titulado ‘Nota de reflexión. Trasvase Ródano-Barcelona’. Pero hubo tres razones principales que el ejecutivo de Chirac planteó finalmente a los representantes españoles para animarles a desistir. Son las siguientes:
-- En España, recordó París, existen ríos con un caudal suficiente para intentar paliar la sequía que sufre algunas zonas del país.
-- Construir un acueducto de 321 kilómetros desde el Ródano hasta la Península Ibérica supone un desembolso económico desproporcionado, que tardaría en rentabilizarse mucho tiempo.
En aquella ocasión se barajaron dos hipótesis para construir los canales: el transporte de 10 m3/seg. (315 hm3/año) y el de 15 m3/seg. (473 hm3/año). Para el primer caso, la obra hubiera tenido un coste de 150.000 millones de pesetas (167.000 millones si la toma se hacía en Tortosa y 130.000 millones de realizarse en García, comarca de la Ribera d’Ebre) y 200.000 millones para el segundo.
-- Y, por último, el ejecutivo galo se mostró dispuesto a negociar pero advirtiendo a España que el agua que trasvasaran no iba a salir gratis. Más bien todo lo contrario, tendría un elevado precio: “el agua es oro”. También se pusieron sobre la mesa las consecuencias hidrológicas y ecológicas del trasvase para algunas regiones francesas.
El ejecutivo de Aznar, tras escuchar las recomendaciones galas, consideró inviable el proyecto y en 2001 decidió poner en marcha el polémico Plan Hidrológico Nacional, derogado en la parte que afecta al trasvase de agua desde la cuenca del Ebro a Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Barcelona. (ElConfidencialDigital).
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Añadamos unos breves comentarios de Valentí Puig: 'El proceso autodestructivo de la cultura catalana comenzó hace tiempo, alimentado por la mediocridad, el sectarismo y la autosuficiencia frívola'.
¿Qué reacciones podemos esperar del Oasis? Una opción es 'despreciativo silencio'. Otra, 'facha españolista'. Si el cabreo es intenso, se añade 'de mierda'. Al final, el afectado, termina adoptando el exilio interior o exterior. Que se lo pregunten a Boadella. Pero esta cuadrilla sectaria creerá que nos lo pasamos bien con todo esto. Pues no. Produce una profunda tristeza.
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'El discurso del Tripartito- progresismo, victimismo, diferencialismo- ha dado lugar a una práctica en la cual la esencia está por encima de la existencia. En un principio. el Tripartito dijo 'NO' al trasvase del agua del río Ebro. En este caso, la esencia del progresismo ecologista impone su ley. ¿La solidaridad con las Autonomías españolas que necesitan agua? 'Ni una gota del Ebro para Valencia' se afirmó textualmente en su día ... La crisis del agua ha puesto al descubierto las miserias y contradicciones de un Tripartito catalán que, prisionero de sus propias palabras, se ha quedado sin discurso y sin autoridad moral'.
(del artículo de M. Porta Perales 'El oportunismo hidráulico del Tripartito catalán').
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No saben que hacer para caer simpáticos.
EL TRASVASE "ES SÓLO UNA APORTACIÓN TEMPORAL"
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EL PRESIDENTE DE VALENCIA PROTESTA POR EL TRASVASE DEL EBRO A BARCELONA PERO NO A SU TIERRA
Camps: «Nadie en esta tierra se arrodillará»
El presidente de la Generalidad ha anunciado que utilizará "cualquier tipo de iniciativa", incluidas las manifestaciones "a la escala que correspondan", para oponerse a la "humillación" que supondría para la Comunidad valenciana que el Gobierno trasvasara agua del Ebro a Barcelona. "Nadie en esta tierra se arrodillará ante decisiones de semejante calado" tomadas por Zapatero.
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Murcia reclamará que se trasvase agua del Ebro si el Gobierno lo aprueba para Cataluña.
LA "APA" CUESTA MÁS DE 180 MILLONES DE EUROS
Todos los españoles pagarán ahora un trasvase que contaba con financiación europea en el derogado PHN
El Gobierno ha rebautizado el trasvase del Ebro, que ahora se llamará Aportación Puntual de Agua. Se trata de una obra contemplada en el PHN, que derogó Zapatero nada más llegar al Gobierno, y que contaba con financiación europea, fondos que se perdieron. Ahora la obra la pagarán todos los españoles con la partida de infraestructuras estatales que contempla el Estatuto catalán. Costará entre 170 y 180 millones de euros, más los 24 millones de un plan para los regadíos del Delta del Ebro.
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A. Martí
valencia- Por muy provisional que se haya dicho que es la conducción que abastecerá con agua del Ebro la ciudad de Barcelona, lo cierto es que esta infraestructura pasará por el mismo corredor por el que el PHN de 2001 preveía construir el ramal norte del trasvase del Ebro. El director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Enrique Cabezas, explicó ayer que el PHN ya contemplaba la construcción de esta infraestructura provisional como solución de emergencia, pero para ejecutar más tarde el trasvase del Ebro a la Ciudad Condal. Es decir, que «la zanja ya estará hecha» -discurre en paralelo a la AP-7- y únicamente habrá que añadir más tubos para poder hacer efectivo el trasvase a Barcelona. Sobre si al proyecto de transferencias del Segre se le puede llamar trasvase o no, los expertos lo tienen muy claro y afirman que «técnicamente es un trasvase». Tanto Cabezas como el catedrático de Hidrogeología de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Enrique Cabrera coincidieron en esta afirmación, aunque Cabezas apuntó que sólo jurídicamente y si se «deroga el artículo derogado del PHN» podría no llamársele trasvase.
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La Guerra del agua
Julián Marías hablaba de la «España posible» como un modo de no imaginar lo «imposible» que podía ponerse la vida si no se terminaba con el terrorismo etarra, el alejamiento de la ciudadanía de todo lo que un día representó el sentir nacional, la deformación cultural de tres generaciones y la prohibición en los colegios del idioma común. No sólo nada de este se ha resuelto, sino que ha ido a más. El pancatalanismo avanza en Baleares de tal modo que ciertas figuras, como la del alcalde de Calviá, comienzan a ser heroicas. Pero ¿quién dijo apocalipsis? Para los que mandan desde los gobiernos o desde las oposiciones estas tres últimas décadas han sido tiempos gloriosos. Es cierto que Boadella se exilia de Cataluña, pero ¿cómo conseguir el contento de todos?
Y ahora llega lo del agua. La guerra del agua. Con ella se ha revelado el peor de los rostros de Zapatero. El de quien es capaz de andar sobre cadáveres. ¿De Zapatero digo? Debo hablar también de sus votantes. Quiero decir, de los energuménicos seres que le han votado en Murcia, Valencia y Aragón y que al hacerlo eran perfectamente conscientes de que estaban prefiriendo su orden socialista a la justicia y al bien común.
La guerra del agua es la última expresión del modelo de Estado confederal y antiespañol que vienen defendiendo los Rubalcaba, los Puigcercós, los Ibarreche, los Eguíbar, los Mas... descendientes de aquellos políticos turbios, correosos y toscos que fueron Pujol, Maragall, Arzalluz. La guerra del agua está en la lógica del odio, es decir, del motor del nuevo sistema, bien regulado por los socialistas... La guerra del agua recuerda a los españolitos de Goya que se aporrean medio enterrados para no poder escapar.
Tienen razón los que dicen que no es verdad que España se rompa. Simplemente volveremos a matarnos entre nosotros.
Y este chico llamado Camps, que va a preparar unas grandes manifestaciones en Valencia, ¿acaso no se apuntó con entusiasmo a un nuevo Estatuto porque le dejaron poner la famosa cláusula del «y yo más»?
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Desbarajuste hidráulico
EL oportunismo de Rodríguez Zapatero en la política del agua amenaza con crear una situación irreversible de ineficacia en la gestión y enfrentamientos territoriales. Es una cuestión muy seria, porque se trata de un recurso escaso que debe ser utilizado con criterios de eficiencia y solidaridad. A día de hoy, no sucede ni una cosa ni otra. En España, en efecto, llueve poco pero los expertos coinciden -como ha venido informando ABC- en que los 650 litros por metro cuadrado al año podrían ser suficientes si la administración hiciera las cosas como debe. Es muy significativo el dato de que entre el 25 y el 35 por ciento del agua que circula por las tuberías se desperdicia a causa de fugas y pérdidas innecesarias. Algún experto propone gráficamente que si la Agencia Tributaria tiene mecanismos para combatir las «fugas» de dinero, nuestra red hidráulica necesitaría instrumentos eficaces para detectar el desperdicio inútil de agua a través de fugas porque las infraestructuras no se revisan lo suficiente. El verdadero problema es la necesidad de un plan racional y con objetivos a largo plazo frente a una política de parches provisionales para salir del paso. Cuando José María Aznar impulsó un verdadero Plan Hidrológico Nacional los socialistas reaccionaron buscando únicamente ventajas coyunturales en determinados territorios y ofreciendo en su lugar obras que nunca se han llevado a cabo. El único objetivo consiste en salir del paso a través de trasvases parciales y obras ocasionales que resultan insuficientes al cabo de poco tiempo.
La reunión entre la ministra Elena Espinosa y los consejeros autonómicos competentes estuvo muy lejos de ser, como pretende el Gobierno, una prueba de diálogo y negociación. En realidad, se trata de transmitir un acuerdo ya adoptado a partir de una política de hechos consumados que resulta contraria al modelo cooperativo propio del sistema autonómico. Dadas las circunstancias, el Ejecutivo no debería sorprenderse de la reacción airada de los ciudadanos en muchas zonas de la España seca. A día de hoy, la opinión pública todavía se pregunta quién faltó a la verdad, si el Ministerio o la Generalitat catalana, respecto a la prohibición de hablar en público sobre cualquier plan de trasvase del Ebro antes de las elecciones. Y tampoco estaría de sobra una explicación concreta sobre los motivos de la pérdida de confianza en la recién sustituida Cristina Narbona. El PP no debería pasar por alto este asunto en las próximas sesiones de control parlamentario porque en democracia los ciudadanos tienen derecho a saber quién dice la verdad en cuestiones que afectan al interés de todos.
Es también llamativa la actitud del Gobierno de Aragón en el reparto de papeles que le toca a cada uno en esta extraña representación del desbarajuste territorial. Marcelino Iglesias empezó poniéndose serio ante José Montilla y negándose a cualquier trasvase. Pasó después a pedir informes jurídicos para buscar una coartada burocrática en forma de eufemismo que ocultara la realidad de dicho trasvase. Ahora parece que le ha convencido del todo el acuerdo del Consejo de Ministros, lo que demuestra en definitiva la función secundaria que corresponde al PSOE aragonés en esta peregrina historia. Al final, lo importante es que el Ejecutivo cumpla sus compromisos con el PSC para que Montilla pueda jactarse de que el agua para Barcelona y su área metropolitana la pagan todos los españoles. Es, por supuesto, un trasvase, como lo demuestra el enfado de ciertos sectores de ICV y de regantes contrarios al mismo y -como no podía ser de otro modo- la factura corre a cargo del Estado. La cuestión territorial sale así mal parada y la política hidráulica vuelve a ser víctima de las ocurrencias del momento sin que nadie haga frente de verdad a los problemas de fondo. Es probable que esto no le importe a los estrategas del PSOE de cara a sus compromisos coyunturales, pero supone un grave daño a medio y largo plazo para el interés general de España.(editorial ABC/20/4/2008)
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Errores en cadena
10 de Abril de 2008 - 20:04:42 - Luis del Pino
El cambio de régimen sigue en marcha. El Tribunal Constitucional acaba
de avalar la inconstitucional prórroga del mandato de su presidenta,
María Emilia Casas. Se vence así el penúltimo obstáculo para la
aprobación del también inconstitucional estatuto catalán, ya que la
prorrogada presidenta contará con el voto de calidad que servirá para
dirimir el teórico empate entre los dos sectores en que el Tribunal
Constitucional está dividido.
Y digo teórico empate porque el análisis de todo lo que ha sucedido
hasta llegar a este punto deja un inevitable regusto a tomadura de
pelo. Echando la vista atrás, podemos observar que hubiera sido
imposible que llegáramos a donde hemos llegado de no mediar tres
hechos que hubieran sido perfectamente evitables:
El PP hubiera podido nombrar a dos miembros del Tribunal
Constitucional antes del 11-M, y no lo hizo. Hubiera podido nombrarlos
también después del 11-M, mientras era un gobierno en funciones,
porque la Ley lo autoriza y porque ya existía el precedente de unos
nombramientos similares efectuados por el gobierno de Felipe González.
Pero tampoco lo hizo. De haberlo hecho, la legislatura anterior se
hubiera encarado con una mayoría de miembros del sector conservador y
el estatuto catalán se hubiera tenido que retrasar, para no correr el
riesgo de que el Tribunal Constitucional lo desautorizara antes de
concluir la legislatura. Supongo que el que fuera último ministro de
Justicia con el PP nos explicará algún día quién fue el que decidió
que no se procediera a nombrar a aquellos dos miembros del Tribunal
Constitucional a los que se tenía derecho y que hubieran evitado todo
lo que ha venido después.
El segundo hecho fue la sorprendente conducta de dos magistrados del
sector conservador a la hora de elegir al presidente del Tribunal
Constitucional. Uno de ellos votó a la candidata del sector
"progresista", mientras que el otro efectuó una serie de tachaduras en
la papeleta de voto, lo que hizo que ésta fuera considerada nula. De
no haber mediado ese comportamiento de dos magistrados, María Emilia
Casas no habría sido nombrada presidenta, sino que el cargo habría
recaído en el candidato del sector conservador, Vicente Conde.
El tercer hecho fueron las dos cartas que esos mismos dos miembros del
sector conservador dirigieron a María Emilia Casas, criticando que
aceptara la inconstitucional prórroga de su mandato. Gracias a esas
cartas, el Gobierno presentó una recusación contra esos dos
magistrados y éstos quedaron apartados de la deliberación sobre si la
prórroga de Casas era legal o ilegal. Como resultado, el Tribunal
Constitucional acaba de convalidar esa prórroga del mandato de su
presidenta.
Es decir, que una concatenación de tres curiosos errores ha propiciado
que lleguemos a una situación que hubiera podido evitarse con tal de
que uno cualquiera de esos errores no se hubiera cometido.
Que son el PSOE y sus aliados nacionalistas los principales
responsables de la muerte definitiva del Tribunal Constitucional es
indudable. Pero también lo es que el PSOE no hubiera podido llevar a
cabo sus designios sin la sorprendente ayuda que esos errores en
cadena le proporcionaron.
Y yo, a estas alturas, cada vez creo menos en las casualidades, qué
quieren que les diga.
10 de Abril de 2008 - 20:04:42 - Luis del Pino
El cambio de régimen sigue en marcha. El Tribunal Constitucional acaba
de avalar la inconstitucional prórroga del mandato de su presidenta,
María Emilia Casas. Se vence así el penúltimo obstáculo para la
aprobación del también inconstitucional estatuto catalán, ya que la
prorrogada presidenta contará con el voto de calidad que servirá para
dirimir el teórico empate entre los dos sectores en que el Tribunal
Constitucional está dividido.
Y digo teórico empate porque el análisis de todo lo que ha sucedido
hasta llegar a este punto deja un inevitable regusto a tomadura de
pelo. Echando la vista atrás, podemos observar que hubiera sido
imposible que llegáramos a donde hemos llegado de no mediar tres
hechos que hubieran sido perfectamente evitables:
El PP hubiera podido nombrar a dos miembros del Tribunal
Constitucional antes del 11-M, y no lo hizo. Hubiera podido nombrarlos
también después del 11-M, mientras era un gobierno en funciones,
porque la Ley lo autoriza y porque ya existía el precedente de unos
nombramientos similares efectuados por el gobierno de Felipe González.
Pero tampoco lo hizo. De haberlo hecho, la legislatura anterior se
hubiera encarado con una mayoría de miembros del sector conservador y
el estatuto catalán se hubiera tenido que retrasar, para no correr el
riesgo de que el Tribunal Constitucional lo desautorizara antes de
concluir la legislatura. Supongo que el que fuera último ministro de
Justicia con el PP nos explicará algún día quién fue el que decidió
que no se procediera a nombrar a aquellos dos miembros del Tribunal
Constitucional a los que se tenía derecho y que hubieran evitado todo
lo que ha venido después.
El segundo hecho fue la sorprendente conducta de dos magistrados del
sector conservador a la hora de elegir al presidente del Tribunal
Constitucional. Uno de ellos votó a la candidata del sector
"progresista", mientras que el otro efectuó una serie de tachaduras en
la papeleta de voto, lo que hizo que ésta fuera considerada nula. De
no haber mediado ese comportamiento de dos magistrados, María Emilia
Casas no habría sido nombrada presidenta, sino que el cargo habría
recaído en el candidato del sector conservador, Vicente Conde.
El tercer hecho fueron las dos cartas que esos mismos dos miembros del
sector conservador dirigieron a María Emilia Casas, criticando que
aceptara la inconstitucional prórroga de su mandato. Gracias a esas
cartas, el Gobierno presentó una recusación contra esos dos
magistrados y éstos quedaron apartados de la deliberación sobre si la
prórroga de Casas era legal o ilegal. Como resultado, el Tribunal
Constitucional acaba de convalidar esa prórroga del mandato de su
presidenta.
Es decir, que una concatenación de tres curiosos errores ha propiciado
que lleguemos a una situación que hubiera podido evitarse con tal de
que uno cualquiera de esos errores no se hubiera cometido.
Que son el PSOE y sus aliados nacionalistas los principales
responsables de la muerte definitiva del Tribunal Constitucional es
indudable. Pero también lo es que el PSOE no hubiera podido llevar a
cabo sus designios sin la sorprendente ayuda que esos errores en
cadena le proporcionaron.
Y yo, a estas alturas, cada vez creo menos en las casualidades, qué
quieren que les diga.
1 comentario:
Lo del TC huele fatal, pero no acabo de comprender cómo se sabe que los mismos magistrados conservadores que facilitaron la presidencia de Casas, lo cual es evidente que ocurrió, son los mismos que protestaron por su prórroga ¿no es secreta la votación?
saludos
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