LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN LA SEGUNDA REPÚBLICA.

En mi opinión hay tres factores que explican suficientemente la persecución y sus rasgos criminales. En primer lugar, la tradición jacobina. En España, mucha gente identificó el liberalismo con la invasión napoleónica y la Revolución francesa, identificación errónea en general, pero apropiada en el caso de la fracción de los liberales llamados exaltados, luego progresistas y republicanos. Para estos, en efecto, la Revolución francesa constituía el modelo, y un punto fundamental de ella consistía en el aplastamiento de la Iglesia, como había ocurrido en Francia y habían predicado algunos ilustrados, particularmente Voltaire: écrasez l´infâme! Esta concepción difería de la de la Revolución useña o de la experiencia inglesa, que no conocieron tales convulsiones y persecuciones; en la misma España, el liberalismo tenía corrientes moderadas y enlazaba con la tradición intelectual española de los siglos XVI y XVII, eclesiástica en tan gran medida. Sin embargo el sector republicano, de estilo muy jacobino, propugnó la eliminación de la Iglesia, a la que presentaba como el obstáculo mayor a la modernización del país, a la razón y al progreso. Ese fue su objetivo esencial, causa de matanzas y quemas de iglesias ocasionales, así como de una copiosa propaganda. Debe destacarse que la literatura anticlerical en España nunca tuvo la altura intelectual de la francesa, y si destaca por algo es por su carácter soez y pedestre. No obstante, su persistencia y masividad le fueron ganando un influjo social considerable.

En segundo lugar, las nuevas corrientes revolucionarias, desde finales del siglo XIX, adoptaron un punto de vista parecido al de nuestros jacobinos. Los anarquistas miraban la creencia religiosa como un enemigo incluso mayor que el propio sistema capitalista, y desde muy pronto hizo objeto a la Iglesia de una hostilidad incondicional, mediante atentados con bombas y otras manifestaciones violentas. Probablemente fueron los más entusiastas incendiarios de templos (no los únicos, ni mucho menos). Los marxistas manifestaban una oposición menos frontal, pues daban la importancia decisiva al factor económico, al derrocamiento del sistema capitalista, después de lo cual la religión debía ir disolviéndose de forma natural, ayudada, eso sí, por la dictadura del partido, llamada del proletariado. No obstante, los marxistas creían necesario apoyar a los republicanos más radicales a fin de cumplir la “revolución burguesa”, preludio necesario de la proletaria, y por tanto apoyaban su anticristianismo, participando, como ateos militantes, en la propaganda y el hostigamiento a la Iglesia, así como, a su debido tiempo, en las matanzas. Como señalé al principio, este era el único punto de coincidencia entre todos aquellos grupos, y su influjo sobre sectores de la población no cesó de crecer en el primer tercio del siglo XX.

Estos dos factores, que se reforzaban, podían ser mantenidos relativamente a raya mientras persistiera la legalidad que convencionalmente llamamos burguesa, una legalidad no utópica o revolucionaria. Pues en una sociedad repleta de intereses, creencias, aspiraciones y sentimientos muy dispares, solo el mantenimiento de la ley garantiza una convivencia razonablemente pacífica, aun si con crisis naturales. Pero la república, nacida en principio como democracia liberal, sufrió desde muy pronto un proceso de derrumbe cada vez más agravado, que he descrito en tres fases: una fase de desbordamiento, de origen sobre todo izquierdista, durante el primer bienio (quema de conventos, insurrecciones anarquistas, golpe de Sanjurjo desde el otro lado, fracaso de algunas reformas razonables, pero aplicadas con ineptitud y transformadas en pura demagogia…). Una segunda fase de asalto de las izquierdas y los separatistas al poder que las urnas les habían arrebatado en 1933 (intentos de golpe de estado por Azaña y los republicanos, preparativos de guerra civil en pro de un sistema soviético por parte del PSOE, movimientos de rebeldía de los nacionalistas catalanes y vascos), culminada con la insurrección de octubre del 34, que dejó 1.400 muertos en solo dos semanas y en 26 provincias. Y una tercera fase al volver al poder las izquierdas agrupadas en el Frente Popular, tras las elecciones anómalas y no democráticas de febrero de 1936, para desatar de inmediato un movimiento revolucionario desde la calle, con cientos de asesinatos, incendios, ocupación de fincas etc., más la liquidación por el gobierno de la legalidad republicana, antes concebida como una democracia liberal.

Este proceso arruinó la convivencia social en España, acabó de quitar toda legitimidad al gobierno de izquierdas y motivó la rebelión de las derechas, reanudándose la guerra civil. Importa subrayar que la rebelión de julio de 1936 no fue un pronunciamiento militar al estilo de los del siglo XIX y algunos del XX (la gran mayoría de ellos, contra un tópico común, tuvo carácter izquierdista, es decir, exaltado, progresista o republicano), sino una verdadera sublevación de una parte muy amplia del pueblo en torno a un sector del ejército. Y que no ocurrió frente a un gobierno legítimo y democrático, como siguen pretendiendo diversas propagandas, sino contra un gobierno despótico y un proceso revolucionario. No sería la democracia, como a menudo se pretende, sino la revolución, la que saldría derrotada.

Fueron, pues, las izquierdas y los separatistas quienes hundieron la legalidad republicana, aunque persistieran luego en llamarse republicanos, un artificio de propaganda para retener una legitimidad ficticia y obtener apoyo exterior (solo lo obtendrían de Stalin, que convirtió al Frente Popular en protectorado suyo). La ruina del ideal demoliberal dejó una pugna entre dos ideales dictatoriales, el totalitario de las izquierdas y el autoritario de las derechas. Este último, muy preferible para cualquier demócrata, ganó la contienda, mantuvo a España fuera de la guerra mundial y facilitó un importante desarrollo económico y la disolución de los viejos odios de la república, para dar paso, son el tiempo y de forma bastante normal, al actual sistema de libertades políticas. No me extenderé aquí sobre estos hechos, hoy suficientemente documentados.

La caída de la ley tiene siempre o casi siempre los mismos resultados: el desencadenamiento de los odios y las pasiones, y con ellos, de los crímenes. El levantamiento derechista fracasó al principio y quedó en posición casi desesperada, recurriendo al terror para asegurar su retaguardia, mientras que el Frente Popular, seguro de su victoria empleó el terror como aplicación de un programa de “limpieza” acariciado y preparado por su propaganda desde largo tiempo atrás.

A mi juicio, estos tres factores, es decir, las concepciones jacobinas, su reforzamiento por las ideas revolucionarias marxistas y anarquistas, y la destrucción de la legalidad republicana por el Frente Popular, explican suficientemente la matanza de religiosos y muchos otros fenómenos de la época. Podemos hablar del pensamiento utópico y mesiánico detrás de tales actos, pero aquí dejaremos ese aspecto de lado.

¿Cuáles fueron los fallos de la Iglesia en relación con todo este proceso? Como he indicado, no creo que fueran los que habitualmente se le achacan. La Iglesia perdió mucho terreno en la sociedad española durante aquellos decenios, como lo ha vuelto a perder ya desde antes de la transición democrática, y eso requerirá seguramente un análisis interno. Pero no abordaré esa cuestión, pues no enfoco el tema desde el punto de vista del creyente, sino del demócrata. Como tal, considero que la Iglesia tiene el mismo derecho a expresarse y organizarse que cualquier otra asociación, máxime teniendo en cuenta su extraordinaria relevancia en la historia y la cultura españolas. Y estoy convencido de que los ataques que ha venido sufriendo y que sufre hoy nuevamente, perjudican seriamente no solo a la Iglesia, sino a la democracia misma, a la estabilidad de la sociedad y a la integridad del país.

(Parte de una conferencia de Pio Moa).