SOCIALISMO AUTÉNTICO.

Fina en el país de las maravillas(Símaco y la victoria).

Hace unos días entró en vigor la nueva Ley de Servicios Sociales de las Islas Baleares, que establece como necesidades básicas el alojamiento, la alimentación y el vestido. La consejera de Asuntos Sociales de Izquierda Unida, Fina Santiago, ha decretado el fin del hambre en Baleares. Cuando el Govern desarrolle la ley por medio del decreto previsto, en el que se catalogarán las prestaciones a que la ciudadanía ha de tener derecho, cualquier ciudadano podrá reclamarlas ante un juez, nos dice Fina Santiago. En el texto que ha divulgado para su promoción demuestra que hoy en España los políticos no cuentan con el espíritu crítico de sus votantes, sino con su credulidad. Mal vamos por ese camino, porque cuando se acaba la credulidad no queda nada en pie.

Ahora vamos a pasar de la realidad virtual a los hechos. Y los hechos nos dicen que esa ley no se ha presupuestado ni, con la actual bajada del 23% en la recaudación de impuestos por la CAIB debida a la crisis, parece que se vaya a presupuestar próximamente partida alguna para cubrir ese catálogo virtual. Más allá de la propaganda, ¿alguien cree posible que, en los tiempos que corren, un gobierno de ingresos mermados habilite una partida para unos gastos previsiblemente ingentes pero imposibles de cuantificar, como pueden ser los generados por comedores o viviendas sociales? No conocemos estudios, nadie sabe si el Govern ha echado unas cuentas solventes para predecir el impacto de semejante legislación en las cuentas públicas que, no lo olvidemos, son las cuentas de los ciudadanos. La ley nace, por tanto, marcada por esa visión improvisadora y propagandista que parece dominar la política de la España zapateril. Pero lo que la ley sí prevé claramente es la provisión de una serie de consejos y comisiones en todos los niveles de la Administración y un personal profesional especializado que multiplicarán el gasto público y la burocracia, dejando para la posterior reglamentación la forma de cubrir consejerías, comisiones y plazas de personal. Y aquí, no sé por qué, se me ocurre recordar el ejemplo de la Consejería de Agricultura, que se compone de un número de funcionarios superior al de los payeses que hay en las islas.

Pero vamos a suponer que este Govern no vive en un mundo fantástico, sino que por el contrario lo forma un equipo de gestores responsables, y que llega a catalogar un conjunto de prestaciones útiles y a presupuestarlas y ponerlas a disposición de manera realista y efectiva. Las Baleares serían así, como avanza la ufana consejera, la primera comunidad española en que esta política social adquiriese rango de ley y, por tanto, las prestaciones aprobadas y presupuestadas fuesen exigibles por cualquier ciudadano ante los tribunales. Vale, pero, ¿qué ciudadanos? La ley habla de "toda la población", incluyendo explícitamente -no podría ser de otra manera- a los nacionales de la Unión Europea y también a extranjeros residentes. En España hace muchos años que se nos ha olvidado que no es operativo legislar localmente aquello que nos afecta globalmente: el exministro Bermejo incurrió en un ilícito administrativo al utilizar una licencia de caza en una comunidad que no la había expedido, y ahora Fina Santiago legisla lo necesario para que Baleares se convierta en el refugio de los desfavorecidos de España y, es más, de la Europa sin fronteras. Entiéndaseme: si llegamos a la conclusión de que el Estado ha de cubrir todas las necesidades de todos los individuos (una concepción que personalmente estoy muy lejos de compartir), ¿no sería inteligente y responsable coordinar las políticas de todos los territorios cuyos ciudadanos puedan beneficiarse de esa conclusión? Fina Santiago hace, en el terreno de los servicios sociales y en su ámbito insular, lo mismo que a escala nacional hizo el presidente Zapatero con la regularización de inmigrantes que en sus primeros años decidió unilateralmente, es decir, sin contar con nuestros socios europeos a los que también afectaba el consiguiente efecto llamada. ¿Dónde querrían pasar sus lunes al sol los desfavorecidos de Suecia y Alemania sino en una hermosa isla mediterránea cuya administración cubriese todas sus necesidades? Si el requisito es estar empadronado en Baleares, ya preveo el consiguiente tráfico de empadronamientos; ¿o es que somos tan ingenuos que desconocemos lo que sucede con el empadronamiento de los inmigrantes ilegales a efectos del servicio de la Seguridad Social? Insisto: creo que no es realista extender esta cobertura vital al conjunto de la población, es decir, convertir al Estado en Cáritas (porque la caridad no es justicia social), pero, si tenemos la intención de hacerlo, lo responsable es llevarlo a cabo de manera coordinada: si en Valencia (o en Riga) no se puede exigir ante un tribunal cama y comida y en Palma sí, más de uno cogerá el barco de Palma y el Govern no tendrá previsto un gasto que estará obligado a efectuar. Otra cosa es que, como sugería antes, nos creamos que la ley va a ser aplicada de manera útil; pero la coherencia, la visión nacional y el respeto a la inteligencia y a las expectativas del ciudadano también son importantes.

Y, tras las consideraciones económica y social, me permitiré una reflexión política. La ley establece que será el propio Govern el que reglamentará la composición de las comisiones técnicas implicadas en el sistema público de servicios sociales. Esto, teniendo en cuenta esa pulsión totalitaria que caracteriza a nuestros gobernantes y que hace que la ley, por ejemplo, declare entre sus objetivos "promover la integración respecto de la identidad, la lengua y la cultura propias de esta comunidad" (o, dicho en cristiano, la exclusión del español también en los comedores sociales...), me hace pensar mal. ¿No recibirá el ciudadano un mensaje equivocado? Es decir: ¿a quién votará un individuo en situación social y/o sanitariamente vulnerable al que se le comunica: yo hago la norma que te va a dar de comer, yo establezco criterios y procedimientos, yo proveo el presupuesto y yo nombro a las personas que decidirán si cumples con ellos?

Desde el punto de vista legislativo, la nueva ley es un monumento a la palabrería y al intervencionismo; desde el punto de vista económico, una auténtica irresponsabilidad que ahonda en el atraco al contribuyente mientras se tiene la desfachatez de hablar de "expolio fiscal" y reclamar dineros a Madrid; desde el social, me temo que papel mojado; y, desde el político, propaganda de la peor especie. Y es que Francesc Antich y sus socios radicales son, ya lo sabíamos, eminentes representantes del zapaterismo. Lo triste es que ni siquiera el PP, que dice ser un partido liberal pero está maniatado por la corrección política y por su propia descomposición, se atrevió a votar en contra de este disparate llamado ley. (Juan Luis Calbarro).