GILIPOLLAS. CAT

 

CATALUÑA CONTRA EUROPA.

Los nacionalistas catalanes ya han empezado a arremeter contra la intención del Gobierno, manifestada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, de que el Estado controle los presupuestos autonómicos incluso antes de su aprobación. En principio, y si las cosas no cambian, ésta será una de las principales novedades de la ley de estabilidad financiera, que el Ejecutivo quiere aprobar antes de que concluya marzo. Su contenido, sin embargo, vendrá condicionado por la Unión Europea. Eso es algo que olvidan los catalanes.

El pasado 23 de noviembre, el diario oficial de la UE publicó la nueva directiva europea sobre los presupuestos nacionales, en la cual se establece claramente la obligación de que el Estado controle las cuentas públicas de las comunidades autónomas. Asimismo, y de acuerdo con esta directiva, las autonomías tendrán que responder en caso de que haya desviaciones de sus objetivos presupuestarios. 

Incluso obliga a que se establezca un sistema de responsabilidades para los niveles de la Administración Pública que incumplan lo establecido en materia presupuestaria. La directiva, como es lógico, reconoce al Gobierno central la facultad de establecer dichos objetivos, no a las autonomías, ni siquiera a Cataluña; porque, como ha expresado reiteradamente, la Unión Europea considera a las autonomías una parte de la Administración Pública sometida al control del Estado, no entidades independientes y con personalidad propia que puedan actuar de espaldas o en contra de lo que disponga el Gobierno central.

Si a Cataluña no le gusta, donde debería protestar es en Bruselas, porque, a fin de cuentas, lo que va a hacer el Ejecutivo de Rajoy es trasponer lo que dice la directiva comunitaria.

La directiva, además, tiene toda la lógica del mundo, y ni mucho menos va en contra de la Constitución, como dicen desde la Generalitat, porque cuando la Carta Magna se refiere a la autonomía financiera de las CCAA lo que quiere decir es que éstas deben contar con recursos suficientes para poder financiar los gastos derivados de sus competencias.

En este sentido, la Generalitat hace una lectura torticera de la Constitución, porque quiere interpretar autonomía como independencia total del poder central, y eso es un modelo de Estado que no está, ni cabe, en la Constitución. Lo que les molesta a los catalanes es que, con esa ley, el Gobierno central va a recuperar un control sobre las autonomías y sus políticas que nunca debió perder.

Por ejemplo, el Ejecutivo de Rajoy podría prohibir a la Generalitat financiar sus embajadas en el exterior si es a costa de desatender algo tan fundamental como la sanidad pública o, simplemente, si no tiene recursos para ello. Y, desde luego, con esa directiva se acabó cualquier pretensión de concierto, como pide Artur Mas.

En definitiva, esa directiva europea, que en breve se transformará en ley, viene a poner orden en el caótico Estado de las Autonomías, poniendo a cada uno en su sitio y dando a cada cual lo que le corresponde.

Y si a los nacionalistas catalanes esto no les gusta, ya saben cuál es el camino: irse de España y, sobre todo, de la UE. Esto último es lo que no quieren; pero si se pensaban que Europa les iba a reír sus gracias, hace tiempo que deberían haber comprendido, por la forma de actuar de las instituciones comunitarias, que no iba a ser así. Si Cataluña quiere ir contra Europa, tiene mucho, por no decir todo, que perder. (Emilio J. González/ld)