MIENTEN COMO BELLACOS. CAT

 







MIENTEN COMO BELLACOS. CAT

A pesar de que la Generalidad asegura en sus recursos frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que las normativas educativas y lingüísticas que se aplican en Cataluña ‘en ningún momento excluyen el castellano como lengua docente ni vehicular’, el portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs (CiU), este martes ha sido incapaz de indicar un solo colegio público de Cataluña en el que el español sea la lengua vehicular de una asignatura no lingüística.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo autonómico, Homs ha sido interpelado por María Jesús Cañizares, periodista de Abc, sobre la flagrante contradicción existente entre la situación real de las escuelas públicas de Cataluña y el hecho de que el abogado de la Generalidad, en sus alegaciones frente a una demanda de la asociación Impulso Ciudadano, asegure que el castellano es lengua docente de forma efectiva.

Un “modelo de bilingüismo” donde el castellano “es una lengua vehicular”
El portavoz autonómico ha apelado a diversas sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la legalidad de que, en aras de la normalización lingüística, el catalán sea el “centro de gravedad” del sistema educativo público de Cataluña; un sistema que ha calificado de “modelo de bilingüismo” donde el castellano “es una lengua vehicular”, tal y como exigen los tribunales. “Descubren la sopa de ajo”, ha ironizado Homs.

Ante la evidente incoherencia del planteamiento -un sistema teóricamente bilingüe donde el español ha de ser lengua vehicular, pero que, en realidad, no ofrece ni una hora lectiva en castellano, más allá de la asignatura de lengua española-, un periodista de LA VOZ DE BARCELONA ha requerido a Homs que citase un solo centro público en el que el castellano sea lengua vehicular, pero este ha declinado responder.

La Generalidad oculta los argumentos jurídicos contrarios a sus intereses

El Ejecutivo autonómico defiende el actual sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, principalmente, con cinco argumentos recogidos de diversas sentencias del Tribunal Constitucional: los padres no tienen derecho a elegir la lengua vehicular; los alumnos no pueden ser separados por razón de lengua; el catalán puede ser el centro de gravedad del modelo; la Generalidad establecerá la proporción de las horas lectivas en cada una de las dos lenguas oficiales; y el sistema debe garantizar el conocimiento del castellano.

Sin embargo, lo que habitualmente esconde el Ejecutivo autonómico es que los tribunales, también en múltiples sentencias, han modulado y matizado esos argumentos, estableciendo límites a los mismos. Estos límites se traducen en que ninguna de las dos lenguas oficiales puede ser de uso ‘preferente’ por parte de la administración y en su relación con los ciudadanos; que el español ha de ser lengua vehicular y docente de la enseñanza; y que, aunque la Generalidad es la que debe decidir cuántas horas lectivas se imparten en castellano y en catalán en las escuelas, esta distribución debe ser ‘proporcional y equitativa’ entre ambas lenguas. 
(LaVozdeBarcelona)