LA CAZA DE CAMPS.

CAMPS, ABSOLUCIÓN Y DISCULPAS.
Martes, 04-08-09

LA Sala Segunda del Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre la causa penal que ayer archivó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, relativa a los presuntos cohechos de la trama «Gürtel» en esta comunidad. La decisión que en su día tome el Supremo puede tener una trascendencia mayor que la del caso que la motive, porque su Sala Segunda ya está investigando la parte que afecta a dos parlamentarios nacionales del PP y porque, por una u otra vía, le llegará también lo que resuelva el TSJ de Madrid sobre el contenido principal de este asunto.

Por lo pronto, el TSJ de Valencia ha decidido que ni el presidente de la Generalidad valenciana, Francisco Camps, ni el resto de imputados, son autores de ese complicado delito llamado de cohecho impropio pasivo.

El razonamiento del tribunal se basa en que no se ha demostrado durante la investigación previa que los regalos recibidos por los aforados tuvieran relación con adjudicaciones de contratos u otras prestaciones similares por parte de la Administración autonómica. En definitiva, no ha habido delito de cohecho porque no basta con que el regalo se haga a una autoridad pública. Es necesario que esté vinculado también a las funciones que ésta tiene asignadas.

La escueta discrepancia esgrimida por uno de los magistrados, además de ser legítima, refleja las numerosas discusiones doctrinales sobre este delito de cohecho impropio. Pero lo que importa, en este caso como en cualquier otro sometido a la decisión de un órgano jurisdiccional colegiado, es la opinión mayoritaria del tribunal, así como el criterio aplicado a los hechos concretos y a las personas imputadas, más allá de discusiones teóricas.

El auto de archivo -basado en un sobreseimiento libre, que equivale a una sentencia absolutoria- se apoya en diversas resoluciones de la Sala Segunda del TS, algunas de ellas de este mismo año. No es, por tanto, una resolución precipitada, ni una coartada para esconder afinidades ideológicas, como ya se encargaron de aventar preventivamente quienes querían ver a Camps condenado como fuera. El TS decidirá si esa doctrina sobre el delito de cohecho está bien o mal traída al caso.

Política y personalmente, Francisco Camps tiene derecho a recibir disculpas -ya que nadie responderá de otra manera- por la campaña de destrucción de su imagen construida sobre acusaciones que iban mucho más allá de los hechos denunciados. El Estado de Derecho ha sido manipulado y degradado para derribar al presidente de la Generalidad valenciana, y por eso, en el plano político, el archivo judicial se traduce en el desmantelamiento de una trama de imputaciones infladas que quería poner a Camps en el centro de una red de corrupción y financiación ilegal del Partido Popular en una de las plazas fuertes de esta formación. Lo de menos, para sus verdugos políticos, eran los trajes de «El Bigotes». El objetivo era montarle al PP un «Filesa» alrededor de Francisco Camps. Hasta que el Supremo resuelva los recursos de casación que interpondrán los socialistas valencianos y el Ministerio Fiscal -el de este último anunciado insólitamente por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, durante su gira iberoamericana-, no hay más versión sobre el «caso Gürtel» en Valencia que la que refleja el auto del TSJ de esta Comunidad. Exceso de confianza, amistades inconvenientes o falta de reflejos. Cualquiera de estos reproches puede admitirse en el asunto de los trajes, pero Francisco Camps no es un corrupto, ni el PP se ha financiado ilegalmente. (ABC)