GRUPO RAMÓN LLULL.
El intolerable fascismo lingüístico que nos invade
GRUPO RAMON LLULL*
El fascismo, el comunismo o cualquier otro sistema totalitario pueden
ser cogidos a beneficio de inventario. Quiérese decir: no hace falta un
Hitler, un Mussolini o un Stalin -y los respectivos regímenes que
impulsaron y dirigieron- para que el totalitarismo en cualquiera de sus
proyecciones haga acto de presencia en una sociedad determinada. Basta
que se produzca una absolutización de cualquiera de las categorías
medulares del fascismo -identidad, nación, estado, territorio o lengua-
para que suenen las alarmas y nos encontremos ante un desagradable e
inquietante proceso de fascistización, incluso en un régimen
democrático.
Es lo que ha ocurrido en Balears con el PP -de forma suave y vergonzante- y con el PSOE de forma opresiva y radical. Y es que el problema no surge de grupos minoritarios nacionalistas fuertemente fascistizados, sino cuando, por razones coyunturales de estrategia política o de pactos de gobierno, estos dos partidos de notable implantación y de ámbito nacional asumen la radicalización de las minorías fascistizadas, quebrando gravemente el principio de representación que está en la base de toda democracia y provocando una situación intolerable que genera altas cotas de irritabilidad social ante la flagrante conculcación de derechos y libertades fundamentales.
Es el caso de la lengua, que, con el Pacto de Progreso, se ha proyectado en unos términos de coerción opresiva- violencia institucional cabe decir sin rodeos- inédita históricamente en estas Islas. En dos direcciones coactivas: la imposibilidad de que los padres puedan -desoyendo e ignorando reiteradas sentencias, jurisprudencia y recomendaciones europeas- ejercer la libre elección de la lengua de la enseñanza para sus hijos y la utilización del catalán como "única" lengua de expresión de todas las administraciones autonómicas.
En el primer caso se conculcan un derecho y una libertad que pertenecen al ámbito inalienable de la persona y que son anteriores y superiores a cualquier norma positiva, incluida la Constitución que, por lo demás y en el caso español, positiviza y confirma a través del llamado "bloque de constitucionalidad" unas libertades y derechos que, insistimos, no emanan sólo de las normas jurídicas en la medida que son inspiradoras de dichas normas y preexistentes a su concreción positiva.
En el segundo caso -la expulsión de la lengua oficial del Estado de los usos administrativos baleares- conculca el principio de seguridad jurídica y el derecho de cualquier ciudadano español a entender y comprender las leyes de las que es destinatario. En el supuesto de las comunidades bilingües -es nuestro caso- las proyecciones administrativas deben ser, imperativamente, bilingües de acuerdo, tanto con la realidad sociológica y lingüística de las Islas como con la norma fundante de la autonomía -el Estatuto- que prescribe la cooficialidad de las dos lenguas.
No estamos, como se ha reiterado en los interminables debates sobre la materia, ante una "cuestión lingüística", sino ante una cuestión de derechos y libertades que han retrocedido de forma alarmante en nuestra autonomía. La translación de derechos y libertades a entes de razón a los que se les adjudican atributos que sólo corresponden a las personas es, histórica y conceptualmente, una categoría esencial de los fascismos en cualquiera de sus formas. Nada nuevo sino viejo y doctrinalmente de sobras conocido: la lengua como expresión sacrosanta de la identidad "nacional", un concepto metafísico inaprensible que sólo cabe tras un proceso de "personalización" de la nación, fuera de la cual, como en las tribus, no hay salvación posible.
La lengua identitaria deviene así una religión y un dogma, una weltanschaung -cosmovisión- que lo abarca y lo justifica todo: desde el sometimiento del individuo al Gran Moloch nacional hasta la ingeniería social y educativa para producir "buenos ciudadanos", pasando por la calificación de "apóstata" al que no se somete a los postulados de la tribu. La unidimensionalidad de los nacionalistas identitarios que no tolera el pluralismo ni la complejidad de las sociedades modernas o la planificación coercitiva de la educación son, entre otras, dos muestras habituales de este proceso de fascistización incompatibles con la concepción demoliberal de nuestro ámbito europeo.
Como ocurre con todos los procesos fascistas, la mancha de aceite se extiende y penetra por recovecos insospechados. Por ejemplo, aquí y ahora, el componente económico de la ira identitaria. Por un lado, como señuelo para el sometimiento del "otro": si quieres medrar en esta sociedad tienes que convertirte en un "buen catalán", seas médico, funcionario o inmigrante de primera generación. Es la técnica del palo -la coerción- y la zanahoria -la expectativa profesional y económica-. Por otro lado, el catalanismo, en nuestras Islas, es un "sector económico" que alimenta a miles de fieles y catecúmenos, y que maneja importantes cantidades monetarias procedentes de subvenciones públicas baleares y catalanas. En estos momentos, el catalanismo en torno a la lengua es un enorme búnker que no sólo defiende sus "principios", sino su modus vivendi.
Este es el panorama. ¿Qué hacer? La primera dificultad a vencer es política: si los dos partidos nacionales que representan a más del 80% de la población balear no retornan a sus principios fundacionales, la batalla por la recuperación de las libertades será dura. La situación lingüística actual es ficticia, provocada artificialmente por los poderes públicos y, desde luego, generosamente financiada por estos poderes. Por otro lado, está en sus manos la adecuación de la legislación a la realidad social y a los imperativos legales. Más: un tema conflictivo como el de la lengua -el conflicto se da entre una exigua minoría que los reiterados sondeos fijan en un 15% frente al 85% de la población- lo que procedería, para zanjar de una vez el conflicto, sería un referéndum consultivo que sólo los poderes públicos pueden convocar.
No lo hacen, ni derechas ni izquierdas, porque saben cual sería el resultado, lo cual subraya lo intolerable de una situación en la que se gobierna en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos y no hay nada más dramático que la ciudadanía no se vea representada por nadie con real opción de poder. Y, por último, queda el recurso a la sociedad civil que debería movilizarse y cortar de raíz todo este acelerado proceso insidioso que la inmensa mayoría de la población no comparte ni aprueba.
* Los miembros del Grupo Ramon Llull son Joan Font Rosselló, Miguel Nigorra, Antonio Alemany, Sebastián Urbina, Sebastián Jaume, Rafael Gil-Mendoza y Román Piña Homs.
Es lo que ha ocurrido en Balears con el PP -de forma suave y vergonzante- y con el PSOE de forma opresiva y radical. Y es que el problema no surge de grupos minoritarios nacionalistas fuertemente fascistizados, sino cuando, por razones coyunturales de estrategia política o de pactos de gobierno, estos dos partidos de notable implantación y de ámbito nacional asumen la radicalización de las minorías fascistizadas, quebrando gravemente el principio de representación que está en la base de toda democracia y provocando una situación intolerable que genera altas cotas de irritabilidad social ante la flagrante conculcación de derechos y libertades fundamentales.
Es el caso de la lengua, que, con el Pacto de Progreso, se ha proyectado en unos términos de coerción opresiva- violencia institucional cabe decir sin rodeos- inédita históricamente en estas Islas. En dos direcciones coactivas: la imposibilidad de que los padres puedan -desoyendo e ignorando reiteradas sentencias, jurisprudencia y recomendaciones europeas- ejercer la libre elección de la lengua de la enseñanza para sus hijos y la utilización del catalán como "única" lengua de expresión de todas las administraciones autonómicas.
En el primer caso se conculcan un derecho y una libertad que pertenecen al ámbito inalienable de la persona y que son anteriores y superiores a cualquier norma positiva, incluida la Constitución que, por lo demás y en el caso español, positiviza y confirma a través del llamado "bloque de constitucionalidad" unas libertades y derechos que, insistimos, no emanan sólo de las normas jurídicas en la medida que son inspiradoras de dichas normas y preexistentes a su concreción positiva.
En el segundo caso -la expulsión de la lengua oficial del Estado de los usos administrativos baleares- conculca el principio de seguridad jurídica y el derecho de cualquier ciudadano español a entender y comprender las leyes de las que es destinatario. En el supuesto de las comunidades bilingües -es nuestro caso- las proyecciones administrativas deben ser, imperativamente, bilingües de acuerdo, tanto con la realidad sociológica y lingüística de las Islas como con la norma fundante de la autonomía -el Estatuto- que prescribe la cooficialidad de las dos lenguas.
No estamos, como se ha reiterado en los interminables debates sobre la materia, ante una "cuestión lingüística", sino ante una cuestión de derechos y libertades que han retrocedido de forma alarmante en nuestra autonomía. La translación de derechos y libertades a entes de razón a los que se les adjudican atributos que sólo corresponden a las personas es, histórica y conceptualmente, una categoría esencial de los fascismos en cualquiera de sus formas. Nada nuevo sino viejo y doctrinalmente de sobras conocido: la lengua como expresión sacrosanta de la identidad "nacional", un concepto metafísico inaprensible que sólo cabe tras un proceso de "personalización" de la nación, fuera de la cual, como en las tribus, no hay salvación posible.
La lengua identitaria deviene así una religión y un dogma, una weltanschaung -cosmovisión- que lo abarca y lo justifica todo: desde el sometimiento del individuo al Gran Moloch nacional hasta la ingeniería social y educativa para producir "buenos ciudadanos", pasando por la calificación de "apóstata" al que no se somete a los postulados de la tribu. La unidimensionalidad de los nacionalistas identitarios que no tolera el pluralismo ni la complejidad de las sociedades modernas o la planificación coercitiva de la educación son, entre otras, dos muestras habituales de este proceso de fascistización incompatibles con la concepción demoliberal de nuestro ámbito europeo.
Como ocurre con todos los procesos fascistas, la mancha de aceite se extiende y penetra por recovecos insospechados. Por ejemplo, aquí y ahora, el componente económico de la ira identitaria. Por un lado, como señuelo para el sometimiento del "otro": si quieres medrar en esta sociedad tienes que convertirte en un "buen catalán", seas médico, funcionario o inmigrante de primera generación. Es la técnica del palo -la coerción- y la zanahoria -la expectativa profesional y económica-. Por otro lado, el catalanismo, en nuestras Islas, es un "sector económico" que alimenta a miles de fieles y catecúmenos, y que maneja importantes cantidades monetarias procedentes de subvenciones públicas baleares y catalanas. En estos momentos, el catalanismo en torno a la lengua es un enorme búnker que no sólo defiende sus "principios", sino su modus vivendi.
Este es el panorama. ¿Qué hacer? La primera dificultad a vencer es política: si los dos partidos nacionales que representan a más del 80% de la población balear no retornan a sus principios fundacionales, la batalla por la recuperación de las libertades será dura. La situación lingüística actual es ficticia, provocada artificialmente por los poderes públicos y, desde luego, generosamente financiada por estos poderes. Por otro lado, está en sus manos la adecuación de la legislación a la realidad social y a los imperativos legales. Más: un tema conflictivo como el de la lengua -el conflicto se da entre una exigua minoría que los reiterados sondeos fijan en un 15% frente al 85% de la población- lo que procedería, para zanjar de una vez el conflicto, sería un referéndum consultivo que sólo los poderes públicos pueden convocar.
No lo hacen, ni derechas ni izquierdas, porque saben cual sería el resultado, lo cual subraya lo intolerable de una situación en la que se gobierna en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos y no hay nada más dramático que la ciudadanía no se vea representada por nadie con real opción de poder. Y, por último, queda el recurso a la sociedad civil que debería movilizarse y cortar de raíz todo este acelerado proceso insidioso que la inmensa mayoría de la población no comparte ni aprueba.
* Los miembros del Grupo Ramon Llull son Joan Font Rosselló, Miguel Nigorra, Antonio Alemany, Sebastián Urbina, Sebastián Jaume, Rafael Gil-Mendoza y Román Piña Homs.
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