ACTUAR, YA

 (Una vez más. ¿Creen que Rajoy no actúa, en la amenaza separatista, por prudencia calculada y planificada, o porque no tiene agallas políticas?

Si es lo primero, estamos en presencia de un gran hombre de Estado. ¡Qué suerte!

Si es lo segundo, estamos ante un meapilas que ocupa legal y legítimamente la Presidencia del gobierno de España. Pero que, con su actuación (y lo que parece venir) se está deslegitimando y traicionando a la Constitución y a España.

Solución: los próximos meses. ¿Será demasiado tarde? ¿Qué lamentos aullará don Mariano si es así? Recuerdo aquello de: 'Hombre precavido, vale por dos'. ¡Ánimo, Mariano!)

QUÉ SE PUEDE HACER ANTES DE QUE MAS VULNERE LA LEY.

Como en el viaje a Ítaca de Kavafis, en el que ha emprendido Mas lo más importante es el viaje mismo. De ahí que yerre el Gobierno de España si piensa que sólo importa que el proceso rupturista no llegue a su destino, al menos durante su mandato, que ya apechugarán los siguientes. 

Y parece que lo piensa o actúa como si lo pensara, toda vez que se limita a reiterar que el Estado dispone de instrumentos para impedir que se vulnere la Constitución y que los utilizará cuando corresponda. Frente a un desafío político el Ejecutivo responde únicamente con un recordatorio administrativo, lo cual será correcto y necesario, pero es del todo insuficiente. Mientras Mas y compañía no se salten la ley, ¿cuál es el discurso político del Gobierno? ¿Que no es el momento? ¿Que todos –y, ojo, sin señalar, no vaya a ser que alguien se dé por aludido– deberían centrarse en salir de la crisis?

Salvo los más crédulos de los creyentes, pocos creen que la consulta vaya a convocarse en los plazos tan solemnemente pactados por Mas y Junqueras. Aún son menos los que creen que el president va a proclamar la República catalana desde el balcón de la Generalitat para repetir las diez horas de Estat catalá que legó Companys a la historia de los fiascos. En tal incredulidad se mece buena parte de la sociedad catalana, del empresariado y de los votantes de CiU, que esperarán, no obstante, sacar algo de este lío: un pacto fiscal, unas ventajillas, más financiación, lo de siempre. 

Pero quién sabe. Hay procesos que se vuelven incontrolables. Sin olvidar lo importante: el proceso mismo tiene consecuencias. Puede que Mas no llegue al final de su viaje, pero en el trayecto habrá conseguido fortalecer las pulsiones separatistas en Cataluña. Ese aumento de los partidarios de la secesión no es irreversible, pero frenarlo requiere de una actuación política. El caudal separatista disminuye, por ejemplo, cuando se dan a conocer los efectos que tendría una secesión, esos que los nacionalistas ocultan cuidadosamente a los ciudadanos. 

Es éste un campo que apenas han explorado el Gobierno y su partido. Excepto la aclaración de que una Cataluña separada de España tendría que salir de la Unión Europea, poco o nada han explicado. ¡Y es lo más importante! El PP entiende por acción política dirigirse a Duran i Lleida para que frene el proceso independentista. Más le valdría dirigirse a la sociedad catalana y desmontar uno a uno los cuentos de la lechera del nacionalismo. (Cristina Losada/ld).

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La 'singular' cesión del PP al chantaje de Mas

 

 

Si el proyecto secesionista que lidera el despilfarrador Gobierno de CiU está animado por la falaz proclama "España nos roba", la vergonzosa propuesta de resolución que acaba de presentar el PP catalán al Parlamento autonómico, con el vano intento de contentar a los separatistas, bien podría ser defendida con un "Para que España nos robe menos". Y es que el patético documento del partido que dirige Alicia Sánchez Camacho, que dice estar motivado por hechos tan graves y ciertos como los elevados niveles de paro y endeudamiento público de esa región, no propone como solución otra cosa que políticas de gasto público y, sobre todo, un "nuevo y singular modelo de financiación para Cataluña".

Así, este "modelo propio y con capacidad normativa" que propone el PP, y que se pretende compatible con el régimen común de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, se basaría en un nuevo incremento de los impuestos cedidos y en una mayor participación de la Generalidad en los impuestos estatales. El documento habla en términos bilaterales, de igual a igual, cuando se refiere a las fórmulas de colaboración entre la "Agencia Tributaria de Cataluña" y la llamada "Agencia Estatal de la Administración Tributaria".

Al margen de hablar de "solidaridad" y de "mecanismos de nivelación" para referirse a los efectos redistributivos de la política fiscal, el documento no analiza su impacto entre los individuos, sino entre las comunidades. Como si fueran los territorios y no los ciudadanos que viven en ellos los que se vieran perjudicados en su "capacidad de crecer y competir" por un exceso redistribucionista; como si no hubiera catalanes beneficiados –como los hay también perjudicados– por un sistema que no es proporcional sino progresivo en función de la renta.

No faltarán quienes, con razón, vean esta propuesta muy similar al mal llamado pacto fiscal que Artur Mas exigió hace unos meses en términos chantajistas a Rajoy, so pena de celebrar una consulta separatista. Hay, sin embargo, una clara diferencia, y es que ese pacto fiscal que exigía Mas nunca fue defendido hipócritamente como "un proyecto leal con España", como dice arteramente este texto del PP que trata de la financiación de la Generalidad, como si de la financiación de Cataluña se tratara, y que atribuye el endeudamiento de la misma no a su despilfarro, sino a la falta de una mayor soberanía fiscal.

Si el PP de Sánchez Camacho (léase Rajoy) quisiera de verdad ser leal, no ya sólo "con España y los catalanes" sino con sus principios y sus votantes, se atrevería a denunciar lo que la Generalidad roba a los catalanes con sus carísimos delirios identitarios y sus proyectos de construcción nacional. Y propondría recortes de impuestos y de gastos públicos absolutamente innecesarios, en lugar de hacer propio el falaz argumento de que la Generalidad carece de suficiente financiación.

Está por ver, sin embargo, que este singular y apenas maquillado pacto fiscal que ahora ofrece el PP sea cesión suficiente como para que CiU meta su consulta secesionista en el congelador. (edit.ld)